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martes, 4 de febrero de 2014

Europa, La corrupción se percibe como un grave problema que lastra el desarrollo económico. Grecia, Italia y España ocupan el podio de esa lacra

Fuente: Comisión Europea. / EL PAIS.
Mientras el presidente del gobierno de España, Mariano Rajoy, aprovecha su personal "baño de multitudes" en la convención que su organización, el Partido Popular, realizó en la ciudad española de Valladolid para lanzar dardos contra la supuesta "oposición", el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) del señor Rubalcaba -un "ángel de la guarda" en el ejercicio de la misma- y le pedía que reconociese que Él ha sacado al país de la crisis económica que ahoga a millones de españoles, un nuevo informe anticorrupción elaborado por la Comisión Europea señala que los ciudadanos de Grecia, Italia y España son los que más perciben que la corrupción es una práctica extendida en sus países.
En el reporte, que pretende evaluar los niveles de corrupción de los distintos países miembros, se destaca que el 99% de los griegos creen que la corrupción es una práctica generalizada en la nación. Le sigue en esta percepción Italia, con un 97% y España, Lituania y República Checa con un 95%.
A nivel global el informe señala que tres cuartos de los europeos creen que la corrupción está extendida en la UE.
El reporte, elaborado durante dos años, no está basado en cuestionarios o visitas realizadas a cada país, sino en la información disponible a través de mecanismos de seguimiento existentes.
Esta información se combinó con trabajos realizados sobre el tema por parte de autoridades nacionales, investigaciones académicas, reportes de expertos independientes, centros de análisis, estadísticas financiadas por el Parlamento Europeo y organizaciones civiles.
La propia Comisión Europea desvelaba ayer que la corrupción dentro de la UE es una práctica altamente extendida que cuesta a la economía 120.000 millones de euros cada año. 
En el informe sobre la corrupción en Europa se concluye que España es uno de los países donde el problema está más extendido y en el que, junto a Grecia, se considera que más afecta a la vida diaria de los ciudadanos, pero eso no lo menciona el señor Rajoy en su particular visión de la política de autopropaganda, basada en omisiones y mentiras.
Según el informe, resumen en español en pdf, aproximadamente 1 de cada 4 ciudadanos (26%) europeos considera que se ven afectados por la corrupción en su vida cotidiana, mientras en España la proporción casi es de 2 de cada 3 (63%), la más alta de los Veintiocho estados miembros junto a Grecia. Les siguen Chipre y Rumanía con un 57%, mientras que en Alemania o Francia se queda en el 6% y en Dinamarca no pasa del 3%.
En el informe completo sobre España se habla, sin citar nombres, de algunos casos actualmente en fase de instrucción, como el de "un extesorero" de un partido, en clara alusión a Luis Bárcenas (PP), "y casi noventa destacados políticos, empresarios y banqueros" acusados de corrupción.
El Derecho Penal, que tipifica la corrupción como delito, está extensamente implantado y cumple las normas del Consejo de Europa, la ONU y la legislación de la UE, pero la decisión marco de la Unión ha sido transpuesta por los Estados miembros al derecho nacional de manera desigual. Asimismo, Bruselas lamenta que faltan estadísticas generales sobre los delitos de corrupción en la mayoría de los Estados miembros, lo que dificulta la comparación y evaluación. "Las normas procesales, incluidas las normas sobre el levantamiento de la inmunidad de los políticos, obstruyen la investigación de los casos de corrupción en algunos Estados", indica además el informe.
España es también el país donde más ha crecido la percepción de la corrupción en los últimos tres años, según el estudio. Así, según el Eurobarómetro incluido en el documento, ahora en la UE el 75% cree que la corrupción está muy extendida en su país de origen, proporción que se eleva al 95% en España. No obstante, en este aspecto se ve incluso superada por Grecia (99%) e Italia (97%).
Este estudio incorpora informes como de la ONG Transparencia Internacional, que también concluyó que España era el país europeo donde más había aumentado la percepción de la corrupción.
El Eurobarómetro que recoge las respuestas de los ciudadanos dedica también un pequeño apartado a las prácticas ilícitas en el ámbito empresarial, que tampoco sale muy bien parado. El 67% de los encuestados consideran que la corrupción es parte de la cultura empresarial en el país, aunque en buena medida las preguntas se centran en las conexiones entre el mundo político y económico y las oportunidades que ofrecen para comportamientos irregulares.
El texto, de 16 páginas, repasa con detalle el marco legal, jurídico e institucional de las administraciones públicas españolas para concluir que las mayores prácticas de corrupción durante las últimas décadas se han producido en el desarrollo urbanístico, la financiación de los partidos y en la contratación pública. 
No hace demasiados días el Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO) recomendaba en su informe que "España adopte un código de conducta ética de los responsables públicos, y muestra su preocupación por la proliferación de casos de corrupción entre parlamentarios, jueces y fiscales". El órgano anticorrupción del Consejo ha pedido al gobierno que trabaje para recuperar "la confianza de los ciudadanos en las instituciones políticas y judiciales".
La delegación europea constató que España "ha sido el escenario de numerosos casos de corrupción protagonizados por responsables políticos de primer orden, altos funcionarios o empresarios". Su informe coincide con las conclusiones de un reciente informe del CIS (Centros de Investigaciones Sociológicas), que mostraba que la preocupación entre los españoles es la segunda preocupación de los ciudadanos, aumentando 6 puntos en poco más de un mes. Más coincidencias, hoy se ha sabido que la Comisión Europea investiga al sindicato UGT por posibles irregularidades en las ayudas económicas concedidas para cursos de formación y el fiscal anticorrupción del caso Nóos, ha acusado al juez José Castro de basarse en una "teoría conspiratoria" para imputar de nuevo a la Infanta Cristina. 
Sin embargo para el gobierno español e inclusive para la oposición, que a lo largo de los últimos años se han visto envueltos, incluidos los sindicatos, en imnúmeros supuestos de enriquecimiento ilícito u otras actividades de dudosa legalidad, ese no parece ser un problema de importancia y que pueda afectar al bienestar de los ciudadanos del país, y en consecuencia no se hace ninguna mención a las políticas para enfrentar esa conducta, carente de cualquier ética, por parte de políticos, banqueros o empresarios.
Esto sería debido, posiblemente, a que "algunos de los principales brotes de corrupción, según el informe, se encuentran en la financiación de los partidos políticos, que tradicionalmente han estado muy expuestos a préstamos bancarios. Según el Tribunal de Cuentas, en 2007 la deuda total ascendía a 227 millones de euros, algo que fue posible, según insinúa la Comisión, por el hecho de que los consejos de administración de las cajas de ahorros estaban llenos de políticos designados por sus partidos", según informa el diario español El Mundo.
El informe aparecía el mismo día que la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional señalaba al ex secretario general del PP Francisco Álvarez-Cascos como receptor de comisiones, del caso Gürtel, a cambio de contratos públicos tras concluir, a nivel indiciario, que la persona que está detrás de las siglas P. A. C., que aparecen en diversos documentos incautados a la trama, es el ex ministro del Partido Popular. Además la UDEF considera que podía haber sido uno de los mediadores claves entre la red y la formación política.
O con la información que publica el diario español El País, respecto al entramado conocido como Operación Pokemón, en la que se encuentran, "Alcaldes y concejales supuestamente a sueldo de una empresa de contratas públicas, funcionarios conseguidores, partidos políticos con labores de agencia de colocación, financiación ilegal en tiempos de elecciones, facturas falsas, infladas, trucadas, concursos amañados e incluso dictados a la Administración local, y regalos, muchos regalos para quien se quisiese dejar querer, presuntamente a cambio de favores: Rolex de oro por valor de seis mil euros y otros agasajos, como vinos de lujo en cantidad suficiente para “montar un bar”. Así se podría resumir la gruesa trama que intenta desenmarañar la Operación Pokémon, ahora que la juez de Lugo Pilar de Lara ha levantado el secreto de parte del sumario. De momento se conocen, en todo o en parte, solo 26 tomos, pero en ellos ya aparece descrito un panorama de corrupción que salpica igualmente a los dos grandes partidos de España además de a CiU y BNG, y en el que aparecen en calidad de imputados tres alcaldes y cinco exalcaldes, seis de ellos gallegos, además de uno asturiano y otro catalán".

1 comentario:

  1. "Me presento a usted
    Sra Annabella Deshant
    Estoy particularmente francesa.
    Soy la mujer 36a reconocido en 2012 como prestar especial Francés
    Tribunal de Casación - Sentencias
    Tribunal de Casación
    L. artículo 12.5, párrafo 2, del Código de la expropiación
    No referido al Consejo Constitucional
    Los apartados 3 y 4 del artículo 662 del Código de Procedimiento Penal
    Inadmisible
    Los apartados 3 y 4 del artículo 662 del Código de Procedimiento Penal
    Inadmisible
    Artículo 35c de la Ley de 29 de julio 1881
    No referido al Consejo Constitucional
    Los artículos 222-22, 222-27, 222-28, 222-29, 222-30, 222-29-1 y 222-31 del Código Penal
    No referido al Consejo Constitucional
    Artículo 88 del Código de Procedimiento Penal
    [Sesión de Internet]
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