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miércoles, 31 de julio de 2013

Panamá, La violencia contra la mujer, un problema a ser combatido con urgencia

Piden dar prioridad legislativa a femicidios por aumento de casos en Panamá
Foto ilustrativa publicada por el periódica de Panamá Día a Día.

La Defensoría del Pueblo de Panamá exhortó a la Asamblea Nacional a dar prioridad a una reforma del Código Penal para tipificar el feminicidio, debido al fuerte incremento de casos registrados en lo que va de año.
De acuerdo con cifras oficiales, los asesinatos de mujeres han registrado un aumento del 65% en 2013 por lo que el defensor del pueblo, Javier Mitil, pidió en un comunicado de prensa que también se refuercen las políticas públicas para la protección de las mujeres.
Mitil señaló en un comunicado que en lo que va de año, se han dado 38 muertes violentas de mujeres, de las cuales 24, o sea un 63 %, fueron clasificadas como feminicidios, lo que supone un incremento de 15 muertes (65 %) con respecto a igual periodo de 2012.
Desde 2009 hasta el primer semestre del 2013 murieron de manera violenta en Panamá 290 mujeres, de las cuales 187 fueron consideradas como feminicidios, según indican los datos ofrecidos por la Defensoría del Pueblo.
Mitil considera que estas cifras evidencian la "máxima expresión de la violencia de género".
El defensor del pueblo adjunto desde mayo de 2011, fue designado la semana pasada como defensor encargado por el parlamento panameño en sustitución de la titular Patria Portugal, investigada por la supuesta comisión del delito de peculado (malversación de fondos públicos).
El 64,5 % de las mujeres murieron en contextos de discriminación y violencia de género, según la Defensoría, entidad coordinadora del Observatorio Panameño contra la Violencia de Género (OPVG).
Detalla, además, que hasta junio de 2013 se tenía un registro de 28 muertes violentas de mujeres, 18 de las cuales fueron feminicidios; 13 (72 %) fueron íntimos y 5 (28 %) no íntimos.
Sobre las víctimas, los datos indican que 19 (68 %) eran menores de 41 años; 23 (82,1 %) eran de nacionalidad panameña y 13 (46,4 %) de las mujeres que murieron de forma violenta tenían hijos e hijas.
El proyecto de ley de reforma del Código Penal fue presentado por la Defensoría del Pueblo en 2011.
El problema no es nuevo en el país. Ya en 2010, el 70,8 por ciento de las muertes de mujeres de forma violenta en Panamá fueron clasificadas como feminicidios, revelaba un informe del Observatorio Panameño contra la Violencia de Género de la Defensoría del Pueblo (OPVG).
"Durante el año 2010 un total de 72 mujeres perdieron la vida en forma violenta, de las cuales 51 fueron clasificadas como feminicidios", denunciaba un informe de la Defensoría del Pueblo en 2011.
El documento también destacaba el hecho de que en el 38% de los casos las mujeres fueron víctimas de su pareja, ex pareja o de algún familiar, mientras que en el 28% no existía ningún vínculo con el asesino.
La directora ejecutiva de la Comisión de Justicia y Paz, Maribel Jaén, comentaba a Efe que el tema no es el de endurecer las penas sino mejorar los mecanismos de protección hacia las féminas que ponen las denuncias. "El tema del feminicidio es el resultado de una cultura patriarcal, que ve a la mujer como un objeto y no como una persona y, en ese sentido, se requieren muchas más políticas públicas dirigidas a la prevención y a la protección", decía la misma el pasado año.
Sólo en el primer semestre de 2013, un total de 37 personas quedaron sin madre, mayormente menores de edad, de los cuales tres presenciaron la agresión que ocasionó la muerte de la madre.
Panamá aparece como la provincia con mayor cantidad de muertes, con 19 (68%) casos, seguido de las de Chiriquí, Coclé y Colón con 2 (7,1%) de las muertes, respectivamente.
La mayoría de estas muertes, 13 (46,4%), se dieron durante fines de semana; 14 (50 %) en la madrugada y la noche; 13 (43 %) perpetradas con armas de fuego, mientras que 8 (29 %) con arma blanca.
Frente a este panorama, la Defensoría exhortó a la Asamblea Nacional a dar prioridad al debate del proyecto de ley que reforma el Código Penal de modo que se tipifique el feminicidio como delito y se sancione la violencia contra las mujeres.
Este proyecto de ley fue presentado por la Defensoría del Pueblo en 2011 y fue debatido ampliamente por el Ministerio Público durante 2013 con entidades públicas y organizaciones de la sociedad civil, indicó la institución en su comunicado.
"Hemos efectuado sucesivas demandas (de prevención) ante la Procuraduría, la Corte y las alcaldías, pero no hay una política de Estado con un enfoque de prevención a la mujer", manifestó Nelva Reyes, titular de la Secretaría de la Mujer de la CGTP, quien asegura que hace 3 años, cada mes, han solicitado más presupuesto, pero no existe el interés por parte de las autoridades en facilitárselo.
"Una boleta (una orden de alejamiento) no detiene una bala o un golpe, mucho menos una puñalada, por ello abogamos el uso del brazalete como medida preventiva", concluyó la dirigente, quien trabaja para la aprobación de la ley, en declaraciones para el periódico PanamáAmérica.
Para el Instituto Nacional de la Mujer es fundamental que se designe un presupuesto acorde con las necesidades de la entidad, pues el programa de atención para la violencia de género no solo se limita a la mujer, sino que involucra, en la mayoría de los casos, a otros miembros de la familia.
Aunque todavía la violencia de género en Panamá, como en muchos otros países, es silenciada por el temor de algunas mujeres y por los estigmas sociales, para Toribia Venado, directora del Instituto Nacional de la Mujer (Inamu), "Lo que antes era un imposible para aquellas mujeres que vivían inmersas en la violencia de género ahora está cambiado. Los paradigmas se rompen y con ello el temor de denunciar".
Desde todas las instituciones políticas y sociales se debe incentivar a cualquier mujer que sea víctima de la violencia de género a que presenta la correspondiente denuncia.
Cartel en protesta en Perú 2011

Perú, Humala inicia su tercer año de mandato en medio de grandes protestas


En vísperas de las celebraciones del día de la Independencia de Perú, el pasado domingo, grupos de manifestantes chocaron el día antes, sábado, con la policía durante una manifestación de protesta contra el gobierno que terminó con carreras, gases lacrimógenos y detenidos. Todo pocas horas antes de que el presidente Ollanta Humala inicie su tercer año de gestión al frente del gobierno peruano. 
"No fueron tiempos fáciles para Ollanta Humala. El jefe de Estado terminó su segundo año con el nivel más bajo de popularidad y golpeado por sus propios errores políticos, su terquedad y su falta de visión. Todo por no haber mirado más allá de la ahora negada candidatura presidencial de su esposa, Nadine Heredia", publicaba el pasado domingo, en su página web, el periódico peruano Perú21.
El mandatario enfrentó violentas protestas y movilizaciones sociales, estudiantes, sindicales y políticas por haber desatendido las demandas de fondo en seguridad ciudadana, educación y salud, así como por no haber sabido explicar los alcances de una de las pocas reformas que impulsó: la Ley del Servicio Civil, y rechazando la corrupción.
El sábado miles de peruanos se volcaron a las calles de Lima, marcando el cierre de una semana de protestas y crisis del Congreso en Perú. Las protestas se tornaron violentas en medio de incidentes con la Policía.
Al menos 5.000 personas marcharon ese día en una protesta contra el presidente Ollanta Humala, una de las más nutridas durante su gestión, en rechazo a algunas reformas que lleva a cabo el Gobierno y en momentos en que el apoyo al mandatario ha caído a su peor nivel.
Las movilizaciones en vísperas del Día Nacional, que era además el segundo aniversario de gobierno de Humala, fueron convocadas por las dos mayores centrales obreras, por organizaciones cívicas y por colectivos formados sobre la marcha a través de las redes sociales. Y se realizaron pese a que el ministerio del Interior les negó la autorización que, de acuerdo a ley, solicitaron los organizadores, invocando medidas de seguridad en torno a los actos celebratorios del 192 aniversario de la independencia peruana.
Los manifestantes, entre jóvenes universitarios, trabajadores y miembros de partidos de oposición, fueron repelidos por la policía, que arrojó bombas lacrimógenas cuando algunos intentaron llegar al Congreso, en el centro de Lima. En estos choques se registraban ya, en la tarde de este sábado, al menos 15 detenidos y un número no determinado de heridos.
Las marchas se desarrollan en medio de incidentes con la policía.
El general de la Policía Luis Praeli acusó por televisión a miembros de las "barras bravas" del equipo de fútbol Universitario de desatar la violencia al atacar a la policía con piedras. No obstante, Praeli añadió después, en concordancia con lo denunciado por medios de prensa, que el origen de la violencia estuvo también en un enfrentamiento entre miembros de la Confederación General de Trabajadores del Perú (izquierdista) y de la Confederación de Trabajadores del Perú (vinculada al Partido Aprista, de centroderecha), que convocan las manifestaciones.
Flanqueados por una fuerte custodia policial, los manifestantes lanzaron diversas demandas como la derogatoria de una reciente ley de reforma laboral para el sector público, aumento de sueldos para médicos, mayores acciones del Gobierno para mejorar la educación y los servicios de salud y hasta cuestionaron la actuación del Congreso.
Según recogía Deustche Well en su página web, "El presidente Ollanta Humala y el ministro del Interior, Wilfredo Pedraza, advirtieron sobre la posible infiltración en la protesta de elementos de un grupo de ex presos y seguidores de la organización Sendero Luminoso con fines violentos, algo que negó la agrupación".
Pese a una expansión anual promedio de 6 por ciento durante una década y reservas récord en su banco central, el país minero sudamericano tiene pendientes reformas en educación y salud, que junto a la inseguridad y la corrupción -los mayores problemas de los peruanos según indican las últimas encuestas- se convierten en un factor de riesgo.
Los esfuerzos de Humala por democratizar el crecimiento han tropezado con la falta de consenso de los partidos, que parecen más preocupados por repartirse cupos de poder en instituciones clave, en medio de una prematura campaña de algunos políticos que desde ya miran a las elecciones presidenciales del 2016.
Perú, a pesar de llevar varios años de fuerte crecimiento económico, que no han alcanzado a los sectores más pobres del país, va alimentando una ola de malestar que está sacudiendo a diversos sectores de la sociedad.
El problema se puede agudizar en los próximos meses si el romance con los inversionistas se enfría a medida que la economía del país se desacelera por una menor demanda mundial de materias primas. El crecimiento del Producto Interno Bruto fue de 4,96 por ciento interanual en mayo, el segundo peor mensual del año tras el 7,7 por ciento de abril.
"El discurso de que todo está mal ha llegado y las protestas reflejan un rechazo a todo el sistema político", comentó a la agencia Reuters el politólogo y profesor universitario Carlos Meléndez.
En su discurso conmemorativo del 192 aniversario de la Independencia de Perú, Ollanta Humala se centró en los logros económicos de sus dos años de gestión, "Contamos con elevados niveles de reservas para hacer frente a una posible contracción derivada de la crisis económica mundial, tenemos un sólido sistema financiero, un bajo nivel de endeudamiento y una mayor capacidad adquisitiva de una pujante clase media", aseguraba el máximo mandatario peruano.
Sin embargo para algunos analistas, la suerte en el manejo de la economía, que se mantuvo en piloto automático desde que entró al gobierno, comenzó también a ser esquiva para él al registrarse una desaceleración en los índices macroeconómicos y un deterioro en la confianza del consumidor y de los empresarios.
Humala tuvo varios flancos débiles, pero el que más resintió a la población fue la imparable ola de delincuencia, ya que casi todas las semanas se reportaron robos y crímenes a cargo de los ‘marcas’ y sicarios. "Con los actuales niveles de delincuencia nadie se siente seguro en las calles", según comenta la prensa local.
Como sucedió a fines del pasado junio en Brasil, donde varios cientos de miles de personas salieron a las calles contra la presidenta Dilma Rousseff, y algunos gobernadores estatales, las protestas en Perú han surgido tras convocatorias en las redes sociales por jóvenes que se autodenominan "indignados".
Uno de los detonantes de las protestas fue un reciente escándalo en el Congreso por la elección de autoridades del Banco Central, del Tribunal Constitucional y de la Defensoría del Pueblo tras un polémico acuerdo entre los grupos políticos.
El escándalo salió a la luz pública tras la difusión -en un canal de televisión y luego en las redes sociales- de un audio con conversaciones de legisladores, en las que primó el interés partidario en lugar de los méritos de los escogidos.
"Estamos indignados, es un llamado de atención para Humala. No vamos a permitir más abuso de la clase política tradicional", dijo Giovana Panduro, una estudiante universitaria de 24 años que participó en una protesta en el centro de Lima.
Tras la presión de la prensa y las protestas, el Congreso retrocedió y dejó nula la elección, incluyendo la de tres directores del Banco Central, entidad que se queja que no puede gobernar bien con un directorio incompleto desde hace dos años.
"La protesta es la única forma para que los políticos sepan que hay ciertas líneas que no pueden cruzar", afirmó el profesor universitario y experto en política peruana Steve Levitsky.
Para el analista Meléndez, en estas manifestaciones destaca la presencia de una "clase media emergente más sensible a los temas sociales y menos tolerante frente la política tradicional".
"Es la calle la que se está expresando. Un poder popular que va más allá del ejercicio del voto, que presiona a los gobiernos y los hace retroceder en algunas de sus decisiones", dijo a la AFP el analista Luis Benavente, de la Consultora Vox Pópuli.
"En estos reclamos por mejoras sociales hay puntos de concidencia con las protestas en Brasil de las últimas semanas, y también con muchas demandas que se ven en España y otras partes del mundo", señaló.
Sin embargo, estos movimientos, al igual que sucede en Brasil, parece poco probable que puedan desestabilizar al Gobierno, dado que carecen de un discurso articulador en su liderazgo. Además, la mayoría en el país no quiere regresar a los tiempos en los que la guerra interna dominaba Perú.
De todas maneras, el divorcio existente entre la política y la economía es un factor de riesgo en el país, cuando una cuarta parte de sus 30 millones de habitantes todavía es pobre. De ellos, casi dos millones viven en la extrema pobreza sin acceso a los servicios de agua, electricidad, escuelas o centros de salud.
Aunque Humala prometió reducir ese porcentaje al 15% en 2016, la ralentización de la economía hace prever que será muy difícil cumplir con ese objetivo.

Argentina, Una medida inédita para intentar erradicar la violencia en el fútbol. ¿Solución o falta de aptitud?

Una tribuna vacía, una imagen que será costumbre en el torneo Inicial y que puede extenderse a lo largo de todo el campeonato.  Foto capturada de la web Canchallena
Jaqueado por la violencia, el fútbol argentino arrancará este fin de semana sin público visitante en las canchas, en una medida que más se parece a un parche que a una solución de fondo para acabar con el problema.
Como siempre, a tres días del comienzo del torneo Inicial (lo que sería la primera vuelta en la mayoría de campeonatos nacionales) la desorganización se impone en todo lo que rodea a la seguridad en el fútbol. Y eso que hay antecedentes sangrientos muy frescos como para acelerar los tiempos en busca de la urgencia que impone la coyuntura. En tal sentido, desde la AFA se han tomado medidas, junto al gobierno del país, que han provocado opiniones en todos los sentidos. Por primera vez en la historia del fútbol comenzará un campeonato sin hinchas visitantes en ningún campo de fútbol. Pero no únicamente sin los visitantes, tampoco el público local podrá asistir, salvo que sean socios de los clubs que juegan los partido como locales. Esa situación se vivirá al menos durante las dos primeras jornadas del campeonato que empezará este final de semana. La medida se aplicará en todas las divisiones nacionales.
Nadie puede asegurar cuánto tiempo durará la medida ("siempre depende del humor presidencial", aseguró una voz desde la Casa de Gobierno), aunque el deseo de los organismos de seguridad de la Ciudad de Buenos Aires y de la Provincia es que sea durante todo el certamen.
La decisión del gobierno, que afecta a los campeonatos de primera y segunda división, aunque en las dos primeras jornadas afectará a todas las divisiones nacionales, se anunció hace unos días tras la muerte de dos hinchas de Boca Juniors en una pelea interna de sus barrabravas, horas antes de un amistoso ante San Lorenzo que luego fue suspendido.
Días después, tres hombres resultaron heridos, dos de ellos de gravedad, al enfrentarse a tiros dos facciones de la barra brava de Almagro en la localidad bonaerense de José Ingenieros, partido de Tres de Febrero.
Los hinchas violentos suelen elegir los partidos como visitantes para dirimir sus disputas por el control de las tribunas y sus consecuentes negocios como la reventa de entradas que consiguen de forma gratuita y hasta participación en la venta de jugadores. Muchos de ellos también trabajan durante la semana como empleados públicos, para partidos políticos o sindicatos.
Además de la muerte de los dos hinchas de Boca, otros seis resultaron heridos de bala en los choques en los que la policía contabilizó más de 100 disparos y sin que se registrasen detenidos en esa "guerra" en los alrededores de la cancha de San Lorenzo, en el sur de la capital argentina.
"En este contexto de violencia, la prohibición (de hinchas visitantes) es una medida necesaria", dijo entonces el jefe de Gabinete, Juan Manuel Abal Medina.
Las últimas dos jornadas del pasado torneo Final se jugaron sin público visitante por la muerte de un hincha de Lanús por un balazo de goma en un choque con la policía. Pero una semana antes del partido Boca-San Lorenzo, el gobierno levantó esa prohibición y tras la muerte de los dos hinchas dio marcha atrás y volvió a aplicarla.
El gran ganador del pulso vivido durante días entre la AFA y el Gobierno fue sin duda Sergio Berni, el ministro de Seguridad de la Nación, que planteó varias veces su deseo de jugar sin visitantes. Es más: desde la Casa Rosada se lo ve como el emblema en la batalla para culpar a los dirigentes del fútbol como los grandes responsables de esta problemática y así evitar los daños colaterales que por esta situación claramente le corresponden a la política.
"Aceptar la prohibición de público visitante en las canchas, sin más, es reconocer la derrota ante este flagelo", dijo Mariano Bergés, vicepresidente de Salvemos al Fútbol, una asociación civil que lucha, incansablemente, para el cese de la violencia en el fútbol. "No se llevó a cabo siquiera una reunión entre todos los actores en procura de mitigar la violencia, o al menos trabajar seriamente con ese objetivo".
En sintonía con otros funcionarios del gobierno, incluyendo la presidenta Cristina Fernández, Abal Medina destacó que la dirigencia de los clubes tiene una mirada por lo menos complaciente con los hinchas violentos y los exhortó a que "terminen con la hipocresía".
Sergio Berni ya había atacado, días atrás, con dureza a Daniel Angelici, el presidente de Boca, y hasta amenazó: "En caso de que sea necesario, los partidos se jugarán sin público y que los dirigentes absorban las consecuencias económicas". Esta respuesta llegó después de que Angelici dijera tres días atrás: "Me cansé de decir siempre lo mismo... Nosotros tenemos la cuarta parte de responsabilidad, el Estado tiene la mayor parte de la culpa". Y en la presentación del ex jugador del Real Madrid, y otros clubs europeos, Gago insistó: "El Estado tiene poder de policía, nosotros no".
En el ambiente del fútbol es un secreto por todos conocido que en el caso de las entradas gratuitas, los barrabravas las obtendrían desde el riñón mismo del club, como así también dinero para financiar sus viajes para alentar a su equipo dentro y hasta fuera de Argentina.
Los dirigentes en general admiten esos rumores —al menos no los desmienten de forma tajante— y dicen que son rehenes de los violentos, y otro tanto ocurre con los futbolistas que en varios casos admitieron que ayudan a solventar los viajes de los "barras".
Sin soluciones concretas, el gobierno y las autoridades del fútbol se comprometieron a combatir la violencia, que ya lleva décadas. Entre otras medidas se ha incrementado la seguridad en los estadios y se aplica el derecho de admisión.
Desde la instauración del fútbol profesional en 1931, unas 300 personas murieron por episodios de violencia dentro y fuera de las canchas, entre ellas seis durante este año.
El más importante diaro argentino, Clarín, publicaba ayer en su página web, "La Asociación del Fútbol Argentino es una caja de sorpresas. Lo demostró este martes, con una medida de última hora que sorprendió a más de uno por Viamonte. En las dos primeras fechas de todas las categorías, desde la A hasta la D, no se venderán entradas y solo los socios de los equipos que jueguen de local estarán habilitados para ir a la cancha (si están con todas las cuotas pagas).
La medida llega como consecuencia de la determinación tomada por AFA y el Gobierno para que no haya hinchas visitantes en los estadios y tiene como fin que no aparezcan infiltrados en las tribunas locales, ya que solo podrán los que tengan el carnet al día. Así, buscan reducir los hechos de violencia que tienen en jaque al fútbol argentino".
Para complicar la ya complicada situación del fútbol argentino, según informaba ayer la agencia Télam, "Alrededor de 30 individuos ataviados con camisetas del club Unión (de la ciudad de Santa Fe) irrumpieron anoche en una radio de dicha ciudad, causando destrozos en el mobiliario y en las adyacencias, profiriendo insultos contra un periodista que trabaja en esa emisora, informaron voceros de la policía de esa provincia.
Los hinchas, que los voceros sindicaron como miembros de la barra brava de Unión, irrumpieron pasadas las 19.30 en el local de Sol 91.5, mientras se irradiaba el programa La tercera, dedicado a la actividad deportiva.
Voceros policiales indicaron que los sujetos arrojaron bombas de estruendo y objetos contundentes, realizaron pintadas agraviantes contra el periodista Eduardo Rodríguez y causaron destrozos en autos estacionados en las adyacencias".
Aunque en principio la idea era jugar, exclusivamente, sin público visitante, al final, frente a tantos sucesos violentos, se ha optado por prohibir también la entrada del público local, independientemente de si tiene antecedentes violentos o no, y los partidos se realizaran solo con socios locales que no tengan ningún pago atrasado con el club.
Al ser preguntado sobre por qué la medida no incluía los partidos de la Copa de Argentina, el ministro de Seguridad bonaerense, Ricardo Casal, desmereció el nivel de la Copa Argentina, que se disputa desde hace dos años por iniciativa de la AFA y el gobierno nacional, al asegurar que es una "copa de leche" y hasta la excluyó del debate en torno a la presencia de público visitante en las canchas.
Todo esto a pocos días de las elecciones primarias legislativas, que se celebrarán el segundo final de semana de agosto. 
Las pintadas en la puerta de la radio (sol915.com.ar)
Las pintadas en la puerta de la radio (sol915.com.ar)

martes, 30 de julio de 2013

Túnez, el último objetivo del radicalismo islámico

Túnez iniciaba en diciembre de 2011 el movimiento conocido como la "Primavera Árabe" que se extendió rápidamente hacia otros países del Norte de África e inclusive algunos países de Asia.
Con la ejecución de varios miembros del ejército tunecino, Al Qaeda entra en el país para intentar desestabilizar la zona.
"Al Qaeda ha puesto pie en Túnez. Los yihadistas que a principios de años se reagruparon en los montes de Chaambi, en el oeste del país, han asestado su primer gran zarpazo al pequeño Ejército tunecino asesinando a ocho soldados de una unidad de élite e hiriendo a otros tres", escribía el diario español El País.
Ocho soldados tunecinos murieron ayer en enfrentamientos con islamistas radicales en una zona limítrofe con Argelia, donde el Ejército del país africano trata desde hace meses de neutralizar un grupo relacionado con Al Qaeda.
"Ocho soldados murieron durante tiroteos con un grupo terrorista en Monte Chaambi", indicó la televisión estatal Wattaniya.
"Se trata de miembros de una unidad de élite", agregó el canal de televisión tunecino sobre el ataque ocurrido en la provincia de Kaserín, fronteriza con Argelia.
La región de Chaambi está fuertemente vigilada por el Ejército tunecino desde diciembre pasado y aumentó su presencia en abril tras la muerte de dos soldado.
A la ya complicada situación política, con numerosas manifestaciones contrarias al régimen, que se suceden tras el asesinato del diputado de izquierdas Mohamed Brahmi, la más grave desde que se inició la transición democrática, a partir de la Primavera Árabe, se añade ahora el golpe terrorista de mayor envergadura desde que el pueblo consiguiera la salida del país del dictador Zine El Abidine Ben Ali el 14 de enero de 2011.
El aumento de la tensión en el país puede hacer tambalear las, todavía, débiles estructuras del proceso democrático y puede hacer descarrilar la transición.
La radio local Mosaique informaba que los asaltantes degollaron a varios de los soldados y se llevaron sus armas.
El pasado 6 de junio dos uniformados murieron al explotar una mina en la misma zona donde, en los últimos meses, una veintena de miembros de las fuerzas de seguridad han resultado heridos como consecuencia de la detonación de este tipo de explosivos. En una rueda de prensa efectuada hoy, el primer ministro de Túnez, Ali Laridi, reconoció las dificultades con las que se encuentran las fuerzas de seguridad y prometió duplicar los esfuerzos para combatir el crimen y el terrorismo.
Apenas conocida la noticia, cientos de personas se concentraron espontáneamente de madrugada ante la sede de En Nahda, el partido islamista, para corear eslóganes hostiles a esta formación que dirige el Gobierno de transición y terminaron saqueando la misma.
La Presidencia de Túnez y el partido islamista En Nahda, que encabeza el Gobierno, condenaron ayer lunes la muerte de los ocho soldados y formularon un llamamiento en favor de la unidad. "Túnez es atacado por su régimen político, su forma de vida, su religión y su Islam moderado. Lo que ocurra tras los asesinatos de estos soldados y de los miembros de la oposición -Chokri Belaid, en febrero, y Mohamed Brahmi, el pasado 25 de julio- ha de unirnos para poder combatir el peligro que nos acecha", dijo el actual presidente, Moncef Marzuki.
El brutal asesinato de los militares ha dado pie a varias fuerzas políticas y sociales para reivindicar de nuevo la dimisión del actual Ejecutivo. El poderoso sindicato Unión General de Trabajadores Tunecinos pidió ayer martes que se designe un primer ministro consensuado entre todos mientras que el partido Ettakatol (socialdemócrata), socio de los islamistas, apostó por un Gobierno de unidad nacional, como única opción para superar la situación actual.
Para el periódico español El País, "Falta hace al Ejército tunecino que le levanten la moral. Con tan solo 27.000 hombres es un Ejército pequeño y relativamente mal equipado que difícilmente podrá resistir los embates de unos terroristas que poseen armas robadas en Libia y a las fuerzas armadas de Malí y una experiencia de combate adquirida en este último país. Muchos de los yihadistas atrincherados en la sierra de Chaambi lucharon en Malí contra malienses, chadianos y franceses".
Por otra parte, Laridi propuso la celebración de elecciones el próximo 17 de diciembre e insistió a que el Gobierno "continuará con su deber".
"Nuestra determinación no es permanecer en el Gobierno pero tenemos un deber y en el momento en el que asumimos la responsabilidad la asumimos del todo y hasta el final, hasta el último momento", dijo Laridi en declaraciones televisadas en respuesta a las voces opositoras que han pedido la disolución del Parlamento y del Ejecutivo.
El presidente de Túnez, Moncef Marzuki, decretó tres días de luto nacional tras el asesinato de los soldados, en una comparecencia pública, al mismo tiempo que subrayaba que "el aumento de las divisiones, de la confusión y del caos y el estancamiento de las instituciones" sólo favorece a los objetivos de los terroristas. En este sentido llamó a "todos los grupos políticos, sin excepción, a que actúen a la altura de las circunstancias históricas" y a que superen las diferencias.

Alemania, Nuevo escándalo por las tesis doctorales de altos políticos

Imagen de Lammert. | Efe
Imagen de Lammert. | Efe
A Merkel le crecen los plagiadores y con ellos los problemas. Tras la dimisión, en marzo de 2011, del ministro de Defensa, Karl Theodor Zu Guttenberg, acusado de haber plagiado su tesis doctoral y humillado por la Universidad de Bayreuth, que le retiró el título; y de la ministra de Educación y Ciencia, Annette Schavan, acusada del mismo delito, ahora le toca el turno al presidente del Bundestag, Norbert Lammert.
Los tres son miembros de la CDU, el partido democristiano que preside Angela Merkel. Lammert, que niega las acusaciones, ha sido acusado por un anónimo que firma como Robert Schmidt, pero al que la prensa alemana da credibilidad porque fue el mismo que denunció el plagio de la ministra Schavan.
La entonces responsable de Educación y Ciencia, una de las personas más cercanas a Merkel en su gobierno, vio cómo la Universidad de Düsseldorf le retiraba su título de doctora (33 años después de obtenerlo) porque había copiado "de forma sistemática y premeditada".
Norbert Lammert ha pedido a la Universidad de Bochum, en la que consiguió el título de doctor hace más de 30 años, que revise su tesis doctoral para despejar dudas, pero la presión aumenta para que dimita, porque en su tesis doctoral habría hasta 42 páginas copiadas sin atribución de fuentes.
Lammert declaró al diario "Die Welt" que hizo la tesis doctoral para ampliar conocimientos y "con mi mejor buena fe", pero el denunciante escribe que el plagio es evidente porque Lammert habría incluso copiado errores de las fuentes de las que plagió. La Universidad de Bochum anunció que se pondrá inmediatamente a analizar la tesis de Lammert.
El año pasado también fue acusada de plagiar la alemana Silvana Koch-Mehrin, vicepresidenta del Parlamento Europeo y miembro del Partido Liberal, socio de la coalición de gobierno de Angela Merkel. Robert Schmidt es el fundador de "VroniPlag", un grupo de universitarios que se dedican a investigar tesis doctorales de políticos para detectar casos de plagio.
Ser doctor en Alemania tiene un valor especial. Más allá del reconocimiento académico, todavía es visto como una muestra de prestigio social.
El presidente del Parlamento alemán, Norbert Lammert, defendió hoy la autenticidad de su tesis doctoral. El político de la Unión Cristianodemócrata (CDU) de Merkel aseguró a la agencia Dpa estar "convencido de la calidad científica" de su tesis doctoral, centrada en la estructura regional de los partidos políticos y presentada en 1974 en la Universidad de Bochum.
En los casos anteriores se repitió la secuencia de defensas, pero al final se vieron obligados a dejar los cargos que ocupaban.

Uruguay, Escándalo de explotación sexual infantil envuelve a políticos del país

El intendente del departamento uruguayo de Paysandú, Bertil Bentos, enfrentará un proceso de juicio político después de un escándalo de fiesta con menores y alcohol, en la que participaron funcionarios municipales, y en el que se vio implicado su secretario general, Horacio de los Santos, informó la prensa local.
La Junta Departamental de Paysandú resolvió en la medianoche del último jueves promover el juicio político a Bentos a raíz de los hechos ocurridos en "La casita del parque", una dependencia municipal en la que se organizó una fiesta que derivó en un escándalo por explotación sexual infantil que llevó al procesamiento del ex secretario general comunal Horacio de los Santos, por abuso de funciones.
Si bien la moción tuvo 18 votos en contra y 12 a favor, el juicio político será planteado al Senado de la República debido a que logró más del tercio de votos requeridos (11), y en esa cámara legislativa se considerarán ahora todos los elementos y se resolverá, según el diario El País.
La votación se produjo al término de la interpelación realizada al intendente Bentos, del Partido Nacional, por la edil Patricia Volpe, del Frente Amplio, que consideró que el jefe municipal no adoptó las medidas necesarias en el caso del ex secretario general y también lo responsabilizó por no haber hecho una denuncia policial de los hechos.
De los Santos, que después del escándalo fue suspendido por el comité de Ética del Partido Nacional, fue procesado el pasado lunes a raíz de su participación en una fiesta con menores en un local municipal y por no haber actuado para impedir los hechos que ocurrieron allí.
Las explicaciones que dio Bentos anoche en la Junta fueron consideradas insatisfactorias por Volpe, y por ello, tras dos horas y media de sesión, planteó la moción de juicio político, con el apoyo de la bancada del Frente Amplio.
Según reconstruye el diario local El Telégrafo, los ediles de la oposición sostuvieron durante la sesión que si bien Bertil Bentos no es culpable, sí es responsable político en este caso, por lo que pidieron avanzar con el juicio político.
El caso saltó la semana pasada cuando su secretario, Horacio de los Santos, fue detenido en un control rutinario de carretera cuando conducía bajo los efectos del alcohol en un auto en el que también había otras personas alcoholizadas, entre ellas una menor, según informaba la agencia EFE.
Según la misma agencia, "Investigaciones posteriores encontraron que De los Santos regresaba de una fiesta en un predio propiedad de la intendencia de Paysandú en el que hubo presencia de menores que se dedicaban a la prostitución y que consumieron alcohol y cocaína".
De los Santos, que dimitió apenas se conoció el caso y que también fue expulsado del Partido Nacional en el que militaba, era el principal colaborador y asistente del intendente, Bertil Bentos, hasta ese momento.
Según el Instituto del Niño y el Adolescente del Uruguay (INAU), las denuncias de explotación sexual infantil entre 2011 y 2012 aumentaron un 27,5%.
Luis Purtscher, presidente del Comité Nacional para la Erradicación de la Explotación Sexual de la Niñez y Adolescencia (Conapees), destacó que Paysandú está identificado como un departamento de "alta vulnerabilidad" en esta materia.
El problema de la explotación sexual infantil es grave ya que desde hace más de 20 años se detectan redes de explotación sexual de niñas y adolescentes en dicho departamento. Incluso suele darse el tráfico de personas hacia Europa, básicamente con fines de prostitución.
Desde el año 2010 a la fecha, el comité concentró su atención en Paysandú, con instancias de capacitación para operadores locales con la participación de coordinadores del Mides a nivel departamental.
El vicepresidente del INAU, Jorge Ferrando, señala para el diario uruguayo República, "Estamos preocupados porque nuevamente no hay procesamientos de clientes. De acuerdo a los testimonios de las adolescentes, habría elementos claros sobre que De los Santos incurrió en un delito de explotación sexual como cliente. Incluso podrían surgir otras personas o lugares de otros casos y no sería bueno limitarlo a un hecho particular".
El mismo recordó que ni Bentos ni De los Santos asistieron a las actividades sobre explotación sexual comercial adolescente que se realizaron en Paysandú, aunque sí lo hicieron los directores de Género y de la Juventud de la comuna.
El Canal 10 de Montevideo, a través de su programa Subrayado Investiga, comenta en su página web, "En las últimas semanas se registraron varios casos de explotación sexual de menores que tomaron estado público. Y los casos y las denuncias se dan en todo el país. Paysandú es el departamento en el que hay mayor cantidad de chicas menores de edad ejerciendo la prostitución".

Quizá lo más inquietante de esta realidad, que se vive en Paysandú y en cada lugar donde hay una menor explotada sexualmente, es que todo el entorno lo sabe. "Todo el mundo lo sabe, pero nadie dice nada", aseguran autoridades y trabajadores sociales y apuntan especialmente a que "si hay oferta es porque hay demanda".
El comisario Ricardo Coelho, de Paysandú, afirma que estos casos son muy complicados de tratar justamente por la dificultad para obtener pruebas y testimonios. "Todo el mundo sabe al momento de preguntar. Pero al momento de afirmar nadie dice nada", señaló.
Parte del problema es que la sociedad hace oídos sordos, afirmó el sociólogo Luis Purschter, presidente del Comité Nacional para la Erradicación de la Explotación Sexual Comercial.
"Pasa el silencio, la complicidad, el no te metas y cuando estalla el problema los mismos vecinos que antes miraban para otro lado son los que encabezan la marcha", agregó.
El mismo añade, para ese programa investigativo del Canal 10 de Montevideo, "La vida de una niña que pasó por eso queda hecha pedazos. Las secuelas físicas y psíquicas que conlleva este tipo de violencia son para toda la vida y no siempre la persona recupera su calidad de sujeto".
Por su parte, Karina, de 39 años, quien fue explotada sexualmente hasta los 18 y actualmente se gana la vida ejerciendo el trabajo sexual, dio su visión sobre esta problemática y afirmó: "el cliente de una menor es una porquería. Ojalá que nunca sus hijas pasen por lo que ellos hacen pasar a las hijas de otros".
Luis Purtscher señaló que en Paysandú se aplican estrategias de supervivencia que están en la línea de la ilegalidad. Dijo que se trata de un departamento fronterizo, donde existe un gran tránsito de mercadería, contingentes de camioneros y turistas. Todo ello genera un contingente de población vulnerable, atraída por el contacto con gente importante y el acceso a bienes de consumo. Asimismo enfatizó que el problema de explotación sexual en Paysandú hace tiempo que está sobre la mesa, pero explicó que el hecho de que un jerarca municipal esté en el asunto, "le dio un impacto a la noticia".
Subrayado Investiga: Explotación sexual infantil en Uruguay
Subrayado Investiga: Explotación sexual infantil en Uruguay

lunes, 29 de julio de 2013

Estados Unidos, Acción del FBI rescata a 105 niños obligados a prostituirse por una red de explotación sexual

La Oficina Federal de Investigaciones (FBI) estadounidense anunció que ha rescatado a 105 menores que habían sido forzados a ejercer la prostitución, en la que es considerada la mayor operación contra la trata de personas en Estados Unidos. Las víctimas, casi todas niñas, tenían entre 13 y 17 años.
Entre las ciudades con mayor número de menores rescatados, figuran Detroit, Milwakee, Denver y San Francisco. En ésta última ciudad, se consiguieron rescatar un total de 12 menores. 
El organismo indicó que también se detuvo a 150 personas que actuaban como proxenetas o como colaboradores de una red de explotación sexual infantil de alcance nacional.
La operación "Cross Country" se desarrolló simultáneamente durante tres días en 76 ciudades del país. Estuvo liderada por el FBI pero contó con la colaboración de gobiernos estatales y locales y del Centro Nacional para los Niños Desaparecidos y Explotados.
La mayoría de los arrestos tuvo lugar en moteles, casinos y paradas de camiones en zonas de ruta.
Los detenidos enfrentarán cargos relacionados con delitos sexuales y tráfico de personas, tanto en la Justicia federal como estatal.
"La prostitución de menores permanece como una amenaza persistente para los niños de Estados Unidos", dijo Ron Hosko, subdirector de la División de Investigación Federal del FBI.
"Esta operación sirve para recordarnos que estos crímenes aberrantes pueden pasar en cualquier lugar y que el FBI sigue comprometido a detener a los criminales que se benefician de esta explotación", agregó.
El operativo es parte de la "Iniciativa Nacional Inocencia Perdida", que Estados Unidos puso en marcha en 2003 y por la que se ha logrado identificar y recuperar a más de 2.700 niños explotados sexualmente.
Según otros datos ofrecidos por el subdirector, 1.300 personas han sido condenadas a prisión por tráfico de menores y explotación sexual en todo este tiempo, con sentencias que abarcan desde los 15 a los 50 años de cárcel y 10 penas capitales.
Según el FBI, el 60 por ciento de los niños rescatados estaban en hogares de acogida cuando huyeron.
"Y no hay forma de que sobrevivan por su cuenta, son atraídos por un tipo de vida en la que acaban siendo objeto para la trata sexual", dijo Hosko.
Las niñas son captadas para la prostitución con elogios y ofertas de hacer dinero "y luego se encuentran atrapadas en una espiral que implica drogas, abuso físico, e incluso puede implicar torturas", agregó.
"Por lo general no ven a la policía como sus amigos, sino más bien como una amenaza de arresto", advirtió Hosko.
Para identificar a los niños que participan en programas de trata sexual, los agentes se infiltraron en las principales ciudades y se hicieron pasar por hombres en busca de sexo.
El Departamento de Justicia calcula que cerca de 450.000 niños huyen de sus hogares, más de un 60% de hogares adoptivos, cada año, y que un tercio de los adolescentes que viven en la calle se sienten atraídos a la prostitución en las 48 horas siguientes a su salida de casa.
Según John Ryan, director del Centro Nacional de Menores Desaparecidos y Explotados, "Algunas de las redes identifican a las víctimas desde el día en que entran en el sistema de servicios sociales para ser llevados a hogares de adopción, por lo que nuestros métodos de supervisión todavía tienen mucho que mejorar".
Staca Shehan trabaja en el Centro Nacional para los Niños Desaparecidos y Explotados (NCMEC, por sus siglas en inglés), que formó parte de la operación del FBI.
Ella le dice a BBC Mundo que si bien estos crímenes pueden aumentar en ocasiones especiales, el reciente rescate demuestra que está pasando en todo el país y todos los días.
"Si uno recupera 105 niños en 72 horas a nivel nacional, eso demuestra que apenas se está tocando la superficie", dice. "Si las autoridades tuvieran los recursos necesarios para salir 72 horas cada semana, imagínese cuántos niños se podrían recuperar".

Personas detenidas en la operación.

Venezuela, Los cien primeros días de Nicolás Maduro

El máximo mandatario de Venezuela cumple cien días como presidente del país embarcado en una travesía marcada por el vendaval que supuso su ajustada victoria y las denuncias de fraude, pero especialmente por un delicada situación económica. Así, después de lo tumultuoso del inicio de su gestión, Maduro poco a poco ha ido consolidándose en la jefatura del país, con un Ejecutivo estable tras la tensión postelectoral de abril, pero inmerso en un sinfín de batallas en el terreno económico.
Sin embargo, su posición sigue siendo relativamente débil, sobre todo si la comparamos con la de su predecesor, Hugo Chávez, quien por cierto ayer hubiese celebrado su cumpleaños número 59.
Ni entre los suyos tiene tanto poder como "el comandante", ni mucho menos goza del reconocimiento de su legitimidad en los opositores: Henrique Capriles, sigue sin reconocer lo justo de su triunfo electoral.
Como señala la agencia EFE en este recuento de sus primeros días de gobierno, Maduro ha visto cómo la inflación se dispara, la economía se ralentiza, el dólar en el mercado ilegal paralelo se desborda y se agudiza el desabastecimiento de productos de consumo masivo con la desaparición de diversos productos básicos e incluso del papel higiénico de las estanterías de los supermercados venezolanos.
Heredero político de Chávez, pese al corto tiempo que lleva en el poder ya pueden entreverse algunos cambios: es algo más pragmático en lo económico y al tiempo más confrontacional en lo político.
La BBC ha efectuado un análisis donde presenta algunos de los elementos que han cambiado de Chávez a Maduro.
Una diferencia que salta a la vista respecto a la gestión de Chávez está en los esfuerzos que ha tenido que dedicar Maduro a consolidarse en el poder después de los cuestionamientos a su legitimidad por las denuncias opositoras de fraude electoral.
A diferencia de las holgadas victorias que acumuló Chávez a lo largo de 14 años, Maduro se impuso con un 1,49% y la oposición sigue sin reconocer que lo hubiera hecho en elecciones transparentes.
En cambio, con Chávez, había que hurgar muy profundo en las alas más extremas de la oposición para encontrar a quien cuestionara la legitimidad de su mandato. El conjunto de la oposición democrática tenía clara que su tarea era revertir el apoyo mayoritario del que gozaba por, lo que ellos consideraban, su populismo de prebendas.
No así Maduro, cuestionado desde el minuto uno. Los primeros días fueron de protestas y sonoros cacerolazos, por un supuesto fraude.
Pese a todo, el tiempo ha ido corriendo a su favor y, más de tres meses después, a la espera de lo que resuelva el Tribunal Supremo de Justicia sobre la impugnación del proceso electoral, el asunto no aparece de manera prominente en la agenda de los venezolanos.
"Si tuviera que decir cuál es el cambio más importante en estos tres meses, diría que es que Maduro se ha legitimado y que eso es actualmente un problema menor", le dijo a BBC Mundo Luis Vicente León, analista y presidente de la encuestadora Datanálisis.
Para León, el supuesto fraude electoral "no marca ya la agenda, aunque la marcó al principio". "No quiere decir que los opositores digan que Maduro es legítimo, sino que cuando le preguntas cuál es el principal problema del país, no responden 'la legitimidad de Maduro', te hablan de la economía".
Especialmente porque en el primer semestre del año, Venezuela acumula una inflación de 25% -la mayor de América Latina-, sufre ciclos de escasez y enfrenta una violencia que en 2012 cerró con 16.000 asesinatos. Y a esos problemas hay que añadirle un crecimiento del Producto Interior Bruto inferior al 1%.
El difunto mandatario, rodeado siempre de una especie de culto a la personalidad fomentada por intensas campañas propagandísticas, gozaba de una conexión muy especial con los suyos, de una devoción casi religiosa, algo que no está sucediendo con Nicolás Maduro.
Hablaba durante horas, usaba mapas para ilustrar sus planes y los rayaba con rotuladores como si de una clase se tratara.
Su discurso polarizador e incendiariamiente antiimperialista estaba salpicado de chistes y anécdotas de su juventud. También bailaba y cantaba. Era entretenido.
Maduro, por el contrario, en alguna ocasión ha tenido que pedir silencio a los suyos mientras hablaba y hasta ha acabado quejándose de que no lo escuchan.
Si con Chávez sus deseos eran órdenes, el actual presidente se ha visto obligado a una gestión menos vertical. 
"El dedo de Chávez es irrepetible. No tienen cómo imponer muchas decisiones. Maduro no puede hacerlo en solitario", opina el periodista Vladimir Villegas, crítico con el chavismo tras años de ser uno de sus dirigentes.
Un ejemplo podemos verlo en el proceso de elección de candidatos a alcaldes y concejales de cara a las elecciones del 8 de diciembre, algo que a los oficialistas parece que les está tomando más tiempo del esperado, mientras insisten en los llamados a la "unidad".
Para Luis Vicente León, es irrefutable que "el gobierno no tiene la conexión popular que Chávez tenía, ni Maduro la popularidad que Chávez tenía". "Con lo cual, su capacidad para pedir a la población austeridad es menor y eso bloquea la toma de decisiones que pueden ser impopulares en materia económica. Esto hace más difícil el remedio de la crisis", agregó León.
Si algo ha marcado la gestión inicial de Maduro, han sido los problemas económicos: un escaso crecimiento que no llega al 1% del PIB, una inflación del 40% interanual y recurrentes problemas de desabastecimiento de bienes básicos.
"Hay múltiples desequilibrios acumulados a través de diez años de mal manejo macroeconómico o evadir decisiones, como subir la gasolina o ajustar el tipo de cambio", afirma el economista José Manuel Puente, profesor del Instituto de Estudios Superiores en Administración (IESA). 
"En inflación, crecimiento y desabastecimiento, va a ser el peor desempeño del continente este año", comentaba Puente. Para el mismo, a Maduro, "le están explotando todas esas bombas de tiempo que activó Hugo Chávez".
Expertos en el sector consultados por BBC Mundo suelen señalar sobre todo al control de cambios, el control de precios de bienes básicos y a la política expansiva del Banco Central como los culpables de la situación.
Ante los problemas, la apuesta de Maduro ha sido el pragmatismo, apostando por el diálogo y el impulso de la productividad, para lo que optó por colocar al frente de la situación a Nelson Merentes como ministro de Finanzas.
"Han entendido mejor los problemas económicos que el gobierno de Chávez. Ese triángulo perverso que causa la crisis, el control de cambios, el control de precios y las expropiaciones que minaron la capacidad productiva, el gobierno lo reconoció mejor y más rápido", opina Luis Vicente León.
"El riesgo para Maduro de que la economía le cueste estabilidad existe de manera significativa", matizó León.
Si bien Chávez fue durante sus años al frente del gobierno fuente de polarización, sus herederos han redoblado su apuesta de confrontación en el plano interno y externo, habiendo tenido enfrentamientos con dirigentes de varios países, además de Estados Unidos, entre ellos Colombia y España.
Son constantes los insultos y ataques contra los tres únicos gobernadores de oposición, tachados de "vagos" y "fascistas" por el propio Maduro, que no duda en repetir que tienen los días contados al frente de sus estados.
Vladimir Villegas califica esta actitud de "política de mucho sectarismo". "Persiste la confrontación como elemento fundamental de su política", agregó.
"Hay que recordar que tenemos por delante unas elecciones en diciembre y el gobierno requiere reagruparse para superar las dificultades de la ausencia de Chávez", señaló el periodista.
Carlos Romero, politólogo de la Universidad Central de Venezuela, considera que Maduro continúa con "las grandes líneas políticas" de Chávez, como "el socialismo del siglo XXI" y el discurso antiimperialista.
"Se esperaba iba a haber un cambio de estilo, pero no lo veo hasta ahora", le dijo Romero a BBC Mundo.
Villegas, quien considera que los cambios son todavía muy pocos, cree que merece la pena destacar la lucha que se lleva a cabo desde el gobierno contra la corrupción.
"Hemos visto más resultados en el corto plazo que durante buena parte del gobierno de Chávez", le dijo a BBC Mundo. "Son muestras muy tímidas, pero en comparación con lo anterior, hay gran distancia".
El gobierno de Maduro ha anunciado los arrestos de funcionarios de rango medio acusados de delitos de corrupción en diferentes organismos del Estado, algo virtualmente inaudito durante la gestión de Chávez.
No obstante, desde la oposición se critica que los arrestados son elementos de poco rango, que no se va a por "los peces gordos".
Sin embargo el periodista Villegas comenta, "Eso está por ver. Esa queja es prematura. Quizás más adelante veamos algo más de sustancia. Es una señal muy positiva".
Maduro, de 50 años y ex chofer de autobús, prometió relanzar las misiones sociales de ayuda, creadas por Chávez durante sus 14 años de mandato, seguir la lucha contra la inseguridad y "vencer el plan de saboteo de la economía que tiene la burguesía (empresarios opositores)".
Por su parte, Capriles, que no reconoce la elección de Maduro, y varios dirigentes de la oposición expresaron este domingo que "han sido 100 días de desastre", especialmente por la situación económica y de inseguridad en el país.
"Estos 100 días de gobierno han sido pura cháchara y publicidad", criticó el gobernador en un acto este domingo en la localidad de Barlovento en Miranda. "Los invitó a que reflexionen: ¿Cuánto cuesta hoy ir al mercado o comprar los materiales para hacer unos arreglos en sus viviendas?", indicó Capriles.
Nícmer Evans, profesor de la Universidad Central de Venezuela, cree que el "gran reto" para Maduro es ver cómo encuentra soluciones en ámbitos como el económico con acciones que tienen que ser distintas a las del modelo de Chávez, por cuanto no son las mismas circunstancias, pero sin alejarse de la esencia del chavismo. 

Israel, Liberará a 104 prisioneros palestinos. Un paso adelante para reiniciar las conversaciones de paz

El gobierno de Israel aprobó la liberación de más de 100 prisioneros palestinos, como parte de sus esfuerzos por reiniciar conversaciones de paz. Todos ellos fueron encarcelados antes de la firma, en 1993, de los acuerdos de Oslo, los que crearon el marco actual de negociaciones de paz
El proceso, decidido por un gabinete de ministros dividido -13 de ellos votaron a favor, frente a siete que se pronunciaron en contra-, tendrá lugar en cuatro etapas sucesivas a lo largo de varios meses.
Esta decisión es vista como un paso crucial para retomar las negociaciones de paz entre israelíes y palestinos, suspendidas desde 2010.
Fuentes palestinas indicaron que una instancia de diálogo preliminar podría tener lugar en Washington esta semana.
Así lo había anticipado el secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, hace unos días.
El gabinete israelí también aprobó un proyecto de ley que establece que cualquier acuerdo de paz con las autoridades palestinas que involucre alguna concesión territorial deberá ser sometido a referendo.
Un comunicado del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, señaló que es importante que todos los ciudadanos voten de modo directo en estas instancias de decisión popular porque son "de carácter histórico".
Antes de su reunión semanal con el gabinete, Netanyahu urgió a su gobierno a votar a favor de la liberación de los reclusos.
"Este momento no es fácil para mí. No es fácil para los ministros", dijo. "Y no es especialmente fácil para las familias, las familias dolientes, cuyos corazones entiendo. Pero hay momentos en que se deben tomar decisiones difíciles por el bien del país y  este es uno de esos momentos".
La liberación de presos se efectuará a lo largo de nueve meses.
Según el canal 2 de la televisión israelí, la excarcelación se efectuará en cuatro fases, la primera de las cuales tendrá lugar dentro de dos semanas, cuando concluya el mes sagrado musulmán de Ramadán.
Algunos presos no volverán a sus hogares, sino que serán enviados al exilio, agregó el canal.
Aunque otras fuentes informaron que los primeros palestinos abandonarán la cárcel tras la reunión del martes entre Tzipi Livni, ministra de Justicia israelí, y Saeb Erekat, negociador jefe palestino. El lunes por la noche comenzará formalmente la negociación.
Hay, en total, 118 presos que fueron arrestados y juzgados antes de 1993. La mayoría fueron condenados por ataques en los que hubo víctimas mortales. La pena mínima que cumplen es de 20 años y la máxima, de 16 perpetuas. Entre ellos se hallan 19 árabes con ciudadanía israelí, que serán liberados al final de los nueve meses de plazo que ha marcado Netanyahu, según fuentes gubernamentales.
La propuesta, que por ahora deja fuera a catorce presos palestinos que tienen la ciudadanía israelí, obtuvo trece votos a favor, siete en contra y dos abstenciones, de Limor Livnat y Silvan Shalom, ambos del Likud, el partido derechista que preside Netanyahu.
La excarcelación era una de las dos demandas palestinas, junto con la aceptación de las fronteras previas a la Guerra de los Seis Días de 1967 como marco del diálogo, para acudir el próximo martes a Washington al encuentro preliminar de las negociaciones.
Las conversaciones de paz entre israelíes y palestinos se reanudarán formalmente hoy lunes en Washington, de acuerdo con la portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, Jen Psaki.
Junto con la medida de liberación de presos, se aprobó una ley que hace obligatorio un referéndum sobre cualquier acuerdo de paz que contemple ceder territorio sujeto a la ley israelí, lo que será aplicable a barrios árabes en Jerusalén Este, lugares cercanos a la "línea verde" que separa Israel de Cisjordania o los Altos del Golán.
Unas cien personas, entre ellas familiares de israelíes muertos en atentados palestinos, se concentraron hoy frente a la sede del primer ministro para protestar contra la liberación de presos. Los contrarios a la liberación argumentan que no se puede permitir al presidente palestino que ejerza presión sobre asuntos internos israelíes.
En Israel hay, actualmente, casi 5.000 palestinos encarcelados, la mayoría de ellos por asuntos y delitos relacionados con la seguridad.