Estados Unidos, Las cárceles privadas, un negocio más que rentable

Las cárceles privadas en Estados Unidos han sido un lucrativo negocio desde que el gobierno empezó a subcontratar el manejo del sistema penitenciario a empresas en los años 80. La rentabilidad llega a partit de los masivos encarcelamientos. Éstos garantizan un crecimiento de la industria cuyo mercado más grande ahora es la población inmigrante indocumentada.
El negocio es tan floreciente que hace años empezaron a surgir las primeras multinacionales de las cárceles privadas, y sus políticas de marketing. Una de ellas GEO Group, que gestiona diversos centros de detención, reformatorios y prisiones privadas en Estados Unidos, Australia y Sudafrica ha llegado a un acuerdo con la Florida Atlantic University, para financiar su flamante estadio deportivo.
El cambio de nombre del estadio, herramienta explotada por los equipos profesionales tanto en Estados Unidos como en Europa, se debe a la mayor donación recibida en toda su historia por el centro universitario, en el que estudian unos 30.000 estudiantes. En concreto, la multinacional, del negocio carcelario, Geo Group destinará a la fundación de la Universidad 6 millones de dólares repartidos a lo largo de los próximos doce años.
El acuerdo, eso sí, ha levantado polémica porque muchos estadounidenses cuestionan si es ético que un recinto universitario lleve el nombre de una empresa dedicada a los centros de detención privados, negocio de dinero fácil. La multinacional Geo Group declaró en 2011 unos beneficios superiores a los 1.600 millones de dólares. 
 

En 1980 había medio millón de reclusos en Norteamérica. En 1997 la población se acercaba al millón y medio. En 2009 ya había subido para 2,3 millones, y en la actualidad la cifra se acerca a los 3 millones. De las cifras se desprende que la represión es un negocio mucho más rentable que la prevención.

En EE UU la privatización carcelaria está muy avanzada. La empresa más importante del sector, la Corrections Corporation of America (CCA), fundada en 1983 y que cotiza en la Bolsa de Nueva York desde 1994, es, en volumen de presos, el quinto conglomerado penitenciario del país, tras el Gobierno federal y tres de los 50 Estados. La CCA alberga a más de 80.000 presos en más de 60 instalaciones, 44 de las cuales son propiedad de la empresa, con una capacidad total de algo más de 90 mil camas. CCA está asociada con las tres agencias federales correccionales (La Oficina Federal de Prisiones, el U.S. Marshals Service y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE.UU.), 16 estados, más de una docena de municipios locales, y en Puerto Rico y las Islas Vírgenes de EE.UU, y emplea cerca de 17.000 profesionales de la seguridad, según indica su página web. La industria de las prisiones no se ve significativamente impactada por los ciclos económicos, excepto en que suele incrementarse el número de presos, ni por las variaciones en el precio de la energía, lo cual es verdad pues la población carcelaria en Estados Unidos ha ido aumentando constantemente desde los años setenta.

Estados Unidos es el primer país del mundo en el ratio presos versus población, 752 por cada cien mil habitantes, según HRW. Aunque EEUU solo tiene el 5% de la población del planeta, en sus cárceles está encerrado el 25% de la población mundial encarcelada.

Jenni Gainsborough, ex portavoz de la Asociación Americana de Libertades Civiles, declaró años atrás, cuando comenzaron a surgir, las cárceles privadas. "Cada vez habrá más presos por una razón: la rehabilitación y la prevención no dan dinero".

Otro motivo de la proliferación de cárceles privadas es según, presentaba en diciembre de 2010, Human Rights Watch, "la detención preventiva innecesaria de miles de personas acusadas de delitos menores en Nueva York, debido a su incapacidad para pagar incluso fianzas muy pequeñas. Casi el 90 por ciento de las personas detenidas en 2008 por delitos menores y cuya fianza fue fijada en US$ 1.000 o menos fueron encarceladas antes del juicio porque no pudieron pagarla".

Mientras el criminólogo Thomas Blomberg, vaticinaba, ya en el ocaso del siglo pasado, muy pronto podremos ver escenas como ésta: "Nada más dictar sentencia el juez, habrá decenas de carceleros privados disputándose a puñetazos el nuevo reo". 

El incremento que se ha producido de manera generalizada en casi todos los países del mundo, en algunos tiene una lectura especial: Los presos son mano de obra barata y no figuran en la lista de desempleados.

"La manera en que una nación usa su poder para negarle a una persona la libertad, ha sido siempre una medida constitutiva de los gobiernos autoritarios. El encarcelamiento masivo basado en raza, origen o nacionalidad, convicción política, orientación sexual, edad u otras características es una forma de tiranía. Sin embargo, pocas personas se dan cuenta de esto que está sucediendo a gran escala aquí, en los Estados Unidos de América. Los inmigrantes son lo último en la explosión en el mercado de la industria de las prisiones privadas" (Laura Carlsen).

En el informe mundial 2012, en el apartado sobre los Estados Unidos, la organización Human Rights Watch dice: "Estados Unidos encarcela a más personas que cualquier otro país del mundo, imponiendo a veces sentencias muy largas viciadas por desigualdades raciales. Un número creciente de no ciudadanos (363.000 en 2010) se encuentra en centros de detención de inmigrantes, a pesar de que muchos no son peligrosos ni representan un riesgo de fuga para los procedimientos de inmigración".

Es por eso que la manera en que se formule el actual proyecto de ley de reforma migratoria -aprobado en el Senado y discutido ahora en la Cámara Baja- es de especial interés para los inversionistas en ese negocio. De ser promulgada la legislación, sus cláusulas de seguridad fronteriza suponen un aumento de detenidos por violaciones migratorias.

Grupos defensores de los derechos de los inmigrantes y organizaciones que observan y catalogan las donaciones a políticos por grupos de presión han detectado un enorme cabildeo de parte de la industria y sus afiliados sobre los legisladores que dominan el debate migratorio.

Aún si no se aprueba la reforma migratoria, quedarían en pie las leyes que continúan criminalizando a los inmigrantes y garantizando un flujo constante de presidiarios que tendrían que ser transportados, recluidos y vigilados -a un costo altísimo para el contribuyente- por estos centros de detención privados.

EE.UU. tiene la población carcelaria más grande del mundo, que se estima en unos dos millones y medio de personas. Según las últimas estadísticas, el mayor grupo de reclusos dentro del sistema penitenciario federal son inmigrantes, principalmente latinos. Junto con los negros, componen 80% de todas las personas tras las rejas en el país.

No se trata necesariamente de que estos grupos hayan cambiado su comportamiento social y aumentado su delincuencia; son las leyes las que han cambiado, criminalizando y aumentando las penas por ofensas que antes eran consideradas delitos menores y que podían resolverse con una multa o una comparecencia ante un tribunal. 

"El inmigrante, que antes era un ser humano, es ahora un criminal" dijo Roberto Lovato, Presente.org

"Son leyes discriminatorias que perjudican a los grupos minoritarios", dijo a BBC Mundo Roberto Lovato, cofundador y estratega de Presente.org, la organización online de representación de derechos latinos más grande de EE.UU.

Lovato dio el ejemplo de las leyes contra el consumo de drogas que varían según la composición del estupefaciente. El uso de cocaína, por ejemplo, conlleva cierta pena pero el uso de "crack" (pasta de cocaína impura) recibe penas más severas, impuestas generalmente a los negros que son los que tradicionalmente consumen este derivado de la coca.

"Aprendieron a aplicar esa misma lógica a las leyes migratorias, diseñadas para facilitar el crecimiento de la población carcelaria con inmigrantes. El inmigrante, que antes era un ser humano, es ahora un criminal", afirmó el estratega de Presente.org.

El costo por detenido puede ascender a US$60.000 al año, con lo cual las empresas encargadas de su manutención pueden llegar a acceder a contratos millonarios.

La transformación de las leyes migratorias empezó durante la presidencia de Bill Clinton con la anuencia de congresistas en estados fronterizos con México y se fueron endureciendo bajo sucesivas presidencias en aras de mantener la frontera segura y limitar el ingreso de indocumentados.

El llamado programa Streamline -iniciado por George W. Bush- dota a la patrulla fronteriza de fondos para que maneje su propio sistema de justicia paralelo. Igualmente, está el programa Comunidades Seguras (Secom, por sus siglas en inglés) que ha generado el mayor número de detenciones y deportaciones bajo el mandato de Barack Obama, aseguró Lovato.

En la actualidad, la mayoría de los detenidos por delitos migratorios terminan en una cárcel privada, parte de una industria de seguridad que ha crecido exponencialmente en la última década, a medida que el gobierno reduce su tamaño y traspasa muchas de sus responsabilidades a manos de corporaciones con ánimo de lucro. 

"Por ley no puede haber monitoreo de prisiones subcontratadas. Aunque hay guías establecidas para las condiciones mínimas, no hay manera de hacerlas cumplir. Se salen con la suya en todo"

Peter Cervantes-Gautschi, de la organización Enlace.

La Agencia de Migración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), tiene contratos multimillonarios con estas empresas que manejan todo el período de encarcelamiento del detenido, incluyendo el transporte, la alimentación y cuidados médicos.

Cobran por cama, por noche y es el dinero del contribuyente que cubre el gasto que puede ascender a unos US$ 60.000 al año por preso. El Congreso formuló una cuota que requiere que el Departamento de Seguridad Interna retenga unas 34.000 personas al día en centros de detención por violaciones migratorias.

Grupos de derechos humanos se han quejado de las condiciones en estas cárceles por supuestas violaciones a los derechos humanos. Ha habido denuncias de trabajos forzados, comida podrida, hacinamiento, aislamiento, ataques sexuales y hasta asesinatos.

Peter Cervantes-Gautschi, director ejecutivo de Enlace, una alianza de organizaciones y sindicatos de trabajadores de bajos salarios de México y EE.UU., dijo a la BBC que una provisión de un acta del Departamento de Seguridad Interna prohíbe la supervisión pública de estas cárceles.

"Por ley no puede haber monitoreo de prisiones subcontratadas. Aunque hay guías establecidas para las condiciones mínimas, no hay manera de hacerlas cumplir. Se salen con la suya en todo", expresó.

Inmigrantes protestan contra la construcción de un centro de detención de la corporación GEO en Arizona.

Cervantes-Gautschi indicó que la industria de cárceles privadas ha conducido un exitoso lobby a nivel federal y estatal para manipular las políticas de sentencia criminal y control de inmigración. Presionan sobre la ejecución de la ley contra inmigrantes, asuntos de sentencia criminal y contratos para la construcción de más prisiones.
La industria acumuló su poder político a partir de 2006, dijo, cuando delitos menores como trabajar con un número de seguro social prestado, conducir un auto sin licencia o con un foco dañado o ser denunciado porque el perro ladra de noche empezaron a resultar en detenciones que desembocaron en años de cárcel y deportación.
Después de eso, según el activista, se dieron miles de redadas contra inmigrantes y la población carcelaria explotó y ha subido cada año subsiguiente. "Desde entonces, más de dos millones han pasado por esos centros de detención privados por delitos migratorios".
El crimen más común es el reingreso al país de un indocumentado. "Anteriormente, al acusado no se le llevaba a juicio, ahora, se le impone una pena de hasta tres años de cárcel que tiene que cumplir, así vaya a ser deportado. Las cárceles privadas no hacen ningún dinero con las deportaciones", declaró.
No obstante, Jack Martin, director de proyectos especiales de la Federación Pro Reforma de la Inmigración Estadounidense (FAIR, por sus siglas en inglés), una organización en Washington que busca limitar la inmigración y aplicar una férrea defensa de la frontera, sostuvo que las detenciones y deportaciones son proporcionales a la cantidad de inmigrantes entrando y viviendo en el país ilegalmente.
"Cómo la población indocumentada ha aumentado dramáticamente en la última década, así mismo han aumentado las detenciones y deportaciones. Aquellos que son deportados y reingresan al país sin documentos son criminales y sujetos a encarcelamiento bajo la ley de EE.UU.", dijo a BBC Mundo Jack Martin.
"La política de detenciones es solo un paso en el proceso de hacer cumplir la ley de inmigración que resulta en la deportación de personas que no deben estar en el país", continuó.
La industria ha ejercido lobby por igual sobre legisladores demócratas como republicanos.
Sin embargo, los defensores de los inmigrantes argumentan que esa política se debe a la presión y cabildeo de los representantes e inversionistas de las cárceles privadas. Cervantes-Gautschi, director de Enlace, señaló que hay una relación directa entre ese lobby y cómo se vota en el Congreso.
"No interesa si son demócratas o republicanos, aquí no hay partidos. Los políticos que han recibido la mayoría de la atención de ese lobby han votado por legislación tendiente a favorecer la expansión del negocio de las cárceles", aseguró.
Las dos principales empresas de cárceles privadas son Corrections Corporation of America (CCA) y el Grupo GEO, que controlan 80% del negocio. La organización OpenSecrets.org, que observa y cataloga el dinero que reciben los políticos de parte de diferentes empresas y sus grupos de presión identificó donaciones directas a los senadores del llamado Grupo de 8 que promovió la reforma migratoria en el Senado.
Bob Menéndez, demócrata de Nueva Jersey, Marco Rubio, republicano de Florida, Charles Shumer, demócrata de Nueva York, Jeff Flake, republicano de Arizona, Dick Durbin, Demócrata de Illinois y Michael Bennet, demócrata de Colorado, cada uno recibió donaciones de US$5.000 (el límite por contribuyente) de CCA, GEO, sus inversionistas o sus familias. 
"Aquí no hay partidos. Los políticos que han recibido la mayoría de la atención de ese lobby han votado por legislación tendiente a favorecer la expansión del negocio de las cárceles", según Peter Cervantes-Gautschi.
Todas estas donaciones, así como el cabildeo, se ajustan a las leyes que gobiernan las contribuciones a las campañas y han sido declaradas por los beneficiarios. OpenSecrets.org recoge la información, la organiza según el contexto y la publica en su página.
La organización de vigilancia también registró que las corporaciones de cárceles privadas han pagado a empresas de lobby centenares de miles de dólares para que intervengan en asuntos de justicia, cumplimiento de la ley y seguridad interna o influyan en comités que deciden los presupuestos que van dirigidos a la construcción de nuevas cárceles privadas y seguridad en la frontera.
Jack Martin, de FAIR, respondió que las empresas que manejan las cárceles privadas son como cualquier otra que tiene interés en cómo se desenvuelve el proceso de inmigración.
"Es lógico que quieran influir en las decisiones del Congreso y del gobierno de EE.UU., pero no van a tener menos o más influencia que otras corporaciones con otros intereses", comentó a la BBC.
La seguridad fronteriza se ha convertido en el componente más importante del debate migratorio, no importa si se está a favor o en contra de la reforma. El proyecto se aprobó en el Senado con una fuerte provisión que garantizaría el hermetismo y patrullaje de la frontera mientras que la mayoría de representantes republicanos y conservadores en la Cámara Baja se oponen a negociar por, entre otros, el tema de seguridad. 
"La reforma no es para beneficio humano, sino para favorecer todo este complejo industrial que está basado en meter presos a los inmigrantes", ha comentado Roberto Lovato de Presente.org
A pesar de toda su retórica pro inmigrante, el presidente Obama se ha convertido en el mandatario que más indocumentados ha deportado en la historia, si sólo para demostrar la efectividad de su política de seguridad fronteriza y ganar apoyo para la reforma migratoria.
Pero así el mandatario logre la aprobación del Congreso para la reforma migratoria, ésta incluirá cláusulas que continuarán criminalizando inmigrantes, dicen los activistas. Todas las propuestas del Senado y la Cámara Baja aumentan el dinero destinado para la patrulla fronteriza y el programa Streamline.
"De las 600 páginas de la propuesta migratoria, la mayoría son sobre políticas que benefician la industria de prisiones privadas", afirmó Roberto Lovato.
El activista señaló que la reforma migratoria contempla añadir US$ 6.500 millones más a los programas de ICE para vigilancia, policía y patrullas en la frontera. También refirió a la BBC a un informe de la Oficina de Presupuestos del Congreso que advierte sobre las limitaciones que habrá para los aproximadamente 11 millones de indocumentados que aspiran a la ciudadanía.
"Se estima que entre cuatro y seis millones serán el máximo que van a legalizar, el resto van a caer en los programas de ICE", denunció Lovato.
John McCain, senador por Arizona por el Partido Republicano, defiende la reforma "pro inmigrante" del presidente Obama, pero al mismo tiempo recibe "subvenciones" pro campaña de la multinacional CCA, siempre que la misma contemple que cuando un inmigrante ilegal sea atrapado en su primer intento de atravesar la frontera, sea condenado a seis meses de prisión, y por más de veinte años en su segundo intento.

Según el semanario estadounidense The Nation, McCain habría recibido 30.000 dólares en diferentes contribuciones para su campaña.

El incremento de la población carcelaria sucede a través de los jueces: "(...) dos de ellos, Mark Ciavarella y Michael Conahan, ya han sido declarados culpables de recibir millonarias comisiones de los promotores de diferentes centros penitenciarios privados.

Según los padres de los adolescentes afectados, el verdadero crimen de estos magistrados es el de haber enviado a la cárcel a más de 5.000 jóvenes por 'crímenes' como una pelea en un autobús escolar o subir a Internet una parodia sobre sus maestros.

Edward, de 17 años, era un estudiante y deportista prometedor cuando fue detenido durante una fiesta. El juez Ciavarella le condenó a 6 meses de prisión. Poco después de salir de la cárcel se suicidó.

Eric Stefansy tenía solo 12 años cuando el magistrado le sentenció a dos años de cárcel por rayar el coche de su madre tras usarlo sin permiso. Otro joven fue encarcelado durante unos meses por tirar un trozo de carne al novio de su madre.

Y el caso de estos dos jueces de Pensilvania no es un hecho aislado. Un reciente informe de la Federación Americana de Empleados Estatales, Distritales y Municipales revela que las corporaciones penitenciarias más grandes de EE. UU. invirtieron centenares de miles de dólares en las campañas de gobernadores, legisladores estatales y jueces para promover sus candidaturas.

Estos casos abren un interrogante en torno a la ecuanimidad de la justicia estadounidense. ¿Pueden confiar los ciudadanos en un sistema que parece más interesado en enviar personas a la cárcel y lograr beneficios que en que realmente se cumplan las leyes? Por el momento, estos dos jueces dejan claro que algo falla en la balanza jurídica del país", según publicaba el 30 de mayo de 2011, cadena Russia Today, en su página web.
Según un documental (de casi una hora de duración) de la televisión francesa, emitido por una cadena de televisión española, cada año entran y salen 10 millones de personas de las prisiones de los Estados Unidos. Los internos tienen la obligación de trabajar y los empresarios pueden contratarlos. De hecho las prisiones se han convertido en verdaderas factorías que se aprovechan de una mano de obra barata. Ropa, muebles, gafas, calzado, alimentos son productos que se producen a partir de esta fuerza de trabajo. En total son más de 2.000 productos que se comercializan a partir del trabajo de los detenidos en centros penitenciarios. Este singular mercado de trabajo reporta a los accionistas de las empresas que lo utiliza suculentos dividendos.
El siguiente es otro vídeo sobre las cárceles privadas del canal Hispantv.