Turquía, El caso Ergenekon, las sombras de un juicio que ha durado cinco años

La Federación Internacional de Periodistas (FIP), que representa a más de 600.000 periodistas en 134 países, y la Federación Europea de Periodistas (FEP), expresaron hoy su indignación por la "dura sentencia" contra 22 periodistas involucrados en la trama golpista turca Ergenekon, condenas que consideran un "ataque directo" a la libertad de prensa.
El presidente de la FIP, Jim Boumelha, afirmó en un comunicado que el proceso "se ha convertido en un juicio político" y aseguró que "hubo tantas violaciones del proceso legal" que la credibilidad del juicio "se puso en entredicho".
Boumelha denunció que las sentencias contra periodistas que ya llevan años en detención preventiva son "inaceptables" y que los "duros veredictos" confirman la ausencia de norma jurídica.
Las sentencias, que fueron emitidas el pasado lunes en Estambul, incluyen penas de prisión desde seis años hasta la cadena perpetua.

Por su parte, La Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, OCDE, ha comentado que las sentencias dictadas recientemente en Turquía, contra periodistas, violan derechos humanos básicos.

La OCDE, que tiene un mandato internacional para promover los derechos humanos, describió como "alarmantes" y "sin precedentes" a las condenas de los periodistas acusados de conspirar para derrocar al gobierno.
Entre los condenados se encuentra el periodista del diario Cumhuriyet, Mustafay Balbay, quien lleva en prisión desde 2008 y ha sido condenado a 34 años y ocho meses.
Otro periodista, político y antiguo propietario de la cadena Biz TV, Tuncay Özkan, que, según la fiscalía, ayudó a organizar propuestas contra el Gobierno de Erdogan en 2007, ha sido condenado de por vida a confinamiento aislado sin posibilidad de indulto.
Más de diez periodistas fueron acusados de participar en el presunto complot.
La OCDE ha solicitado la celebración de nuevos procesos transparentes, al mismo tiempo que urge en una necesaria reforma de las leyes que regulan la libertad de prensa en Turquía.
Por otro lado, el representante para la Libertad de los Medios de la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa (OSCE), Dunja Mijatovic, denunció mediante un comunicado las condenas. El mismo dice, "La persecución criminal de aquellos con opiniones disidentes viola el Derecho Humano fundamental de la libertad de expresión y los compromisos de la OSCE (de la que Turquía forma parte desde su fundación en 1973) para el desarrollo y protección de la libertad de los medios de comunicación del país".
Las condenas se han dictado dentro del juicio por el denominado caso Ergenekon, una supuesta conspiración con la que buscaban propiciar un golpe de Estado contra el Gobierno islamista del primer ministro Recep Tayyip Erdogan.
En noviembre del pasado año, cuatro periodistas fueron condenados a largas penas de prisión, entre los que se encontraba Hatice Duman, condenada a cadena perpetua, acusada ser una de las líderes del ilegalizado Partido Comunista Marxista-Leninista (MLKP).
El mes pasado, un conocido periodista turco, Ahmet Altan, fue condenado a un año y dos meses de prisión, pena finalmente conmutada por una multa de unos 3.000 euros, por insultos hacia el primer ministro turco Erdogan. Esta no era la primera vez que Ahmet se encontraba frente a los tribunales por una acusación similar. En la anterior, en diciembre del año pasado, fue condenado a pagar unos 6.000 euros a Recep Tayyip.
Ahmet, en 2008, ya se enfrentó a los tribunales turcos por un artículo -Oh, mi hermano-, en el que denunciaba el genocidio armenio.
En otro caso de represión a la libertad de expresión, Reporteros sin Fronteras denunciaba en su página web la condena de trece meses y medio de prisión al periodista turco-armenio Sevan Nisanyan por haber publicado en su blog ofensas a Mahoma.
En el congreso celebrado el pasado mes de julio en Estambul, dentro de la Campaña por la libertad de los periodistas turcos, el Presidente de la FIP, Jim Boumelha, afirmó, "Hoy en día, la situación de la libertad de prensa en Turquía ha llegado a una crisis caracterizada por la persecución sistemática de periodistas por cargos penales relacionados con la recopilación de noticias; el uso de la presión del Gobierno para inculcar la autocensura en los medios de comunicación y el fracaso para reformar la imprecisa legislación penal y antiterrorista que se aplica regularmente contra la prensa. No hay muchos lugares en el mundo, tal vez ninguno, en que tantos escritores y editores - 64 en total - están en la cárcel, casi todos ellos por cargos de terrorismo u otros cargos contra el Estado".
En relación al caso conocido como "Ergenekon", un ex general de brigada fue condenado a cadena perpetua, un ex coronel a 47 años de cárcel y otros militares a hasta 20 años de prisión. Fueron declarados inocentes un total de 21 de los 275 acusados, entre los que se encuentran militares, diputados, políticos, periodistas y académicos. La organización, llamada "Ergenekon", planeaba, supuestamente, derrocar por la fuerza al gobierno. 
El ex jefe del Estado Mayor de Turquía, Ilker Basbug, de 70 años de edad y considerado como el cabecilla del complot y el acusado de mayor rango en el juicio, fue hallado culpable de organizar un golpe de Estado y condenado a cadena perpetua. El militar, que fue jefe del Estado Mayor entre 2008 y 2010, niega los cargos.
La oposición acusa al Ejecutivo de haber aprovechado el caso para cometer abusos contra sus adversarios políticos. El proceso, que comenzó hace cinco años, se llevó a cabo en una cárcel de máxima seguridad en Silivri, al oeste de Estambul, estuvo rodeado de numerosas medidas de seguridad.

 

Más allá de la condena al general Basbug, que lideró el Ejército entre 2008-2010, el tribunal ha sentenciado a cadena perpetua a al menos otras 19 personas, incluidos otros seis generales retirados, cuatro excoroneles, el periodista Tuncay Özkan y el líder del minoritario Partido de los Trabajadores (nacionalista) Dogu Perinçek; mientras que 21 han sido absueltos, en un juicio rodeado de extremas medidas de seguridad -delante del tribunal se desplegó un importante dispositivo de seguridad con cientos de policías y gendarmes antidisturbios, protegidos por blindados y cañones de agua-.
Además, otras 62 personas han recibido sentencias de entre 2 y 49 años de cárcel por participar en la red golpista que pretendía derribar el Gobierno islamista moderado. Entre ellos, como comentaba anteriormente, el periodista del periódico Cumhuriyet Mustafa Balbay, y que fue elegido diputado por el principal partido opositor, el CHP (nacionalista) cuando ya estaba detenido, que ha sido condenado a 34 años y ocho meses.
En Turquía, el Ejército era considerado uno de los bastiones del laicismo en un país de amplísima mayoría musulmana. En 1997, en lo que se denominó un "golpe posmoderno", un comunicado del ejército hizo caer, pocos meses después, al primer gobierno islamista en Turquía, el del primer ministro Necmetin Erbakan, mentor y entonces compañero de partido de Erdogan.
La fiscalía ha defendido que la trama conspiratoria, que operaba con el nombre clave de "Ergenekon", liderada por nacionalistas y especialmente hostil a los principios del islamismo político, planeó durante años ejecuciones sumarias y ataques con explosivos para "empujar al país al caos, a la oscuridad y a la inseguridad", con el objetivo de crear el ambiente propicio para un golpe de Estado por parte del ejército turco.

La FIP y la FEP han indicado que el tribunal ha encarcelado a los periodistas con la excusa de que estaban involucrados en el llamado caso Ergenekon.
Los acusados se enfrentaron a cargos como formar parte de una supuesta red encubierta de terroristas, posesión ilegal de armas e instigar a una sublevación armada contra el partido Justicia y Desarrollo (AKP) del primer ministro turco, Recep Tayyip Erdogan.
Tanto la FIP como la FEP hicieron un llamamiento a las instituciones de la Unión Europea para que critiquen a las autoridades turcas por este fallo judicial y anunciaron que enviarán cartas para que adopten medidas.
Cuando Erdogan llegó al Gobierno en 2002, inició una incesante lucha para debilitar la estructura militar y su poderosa cúpula, siempre recelosa del ascenso del islamismo. Los fiscales alegaron en el juicio que la red Ergenekon, que toma su nombre de un lugar mítico de donde procedería el pueblo turco, trató de asesinar a Erdogan, además de a otras personalidades como el Nobel de Literatura Orhan Pamuk. Todos los acusados se declararon inocentes. Tres acusados murieron por causas naturales a lo largo del juicio.
Por otra parte, el pasado final de semana la policía turca detuvo a unas 20 personas tras varios registros realizados en Estambul contra partidos minoritarios y ONGs que habían convocado movilizaciones contra la sentencia, aunque las fuerzas de seguridad han negado que su operación estuviera vinculada con la lectura del veredicto, informan medios locales.
Amplios sectores sociales consideran las sentencias, y todo el juicio, como una oportunidad para eliminar a ese supuesto poder en la sombra, abanderado por los militares y una prueba clave en el enfrentamiento del primer ministro Recep Tayyip Erdogan con opositores militares y sectores seculares.
Críticos del premier turco lo acusan de usar los procesos judiciales para ir eliminando a sus enemigos.

"Ergenekon ha cambiado profundamente la escena política en Turquía. Su comienzo fue visto como un paso imprescindible del Gobierno para meter en cintura a unos militares golpistas que han condicionado absolutamente la vida política del país; el desafío de Erdogan al denominado Estado profundo —una imprecisa amalgama castrense y ultranacionalista con vocación de poder—, cuya cristalización actual sería la organización clandestina juzgada. Pero con la evolución del proceso y el conocimiento de sus detalles, esa percepción ha ido cambiando en muchos, que miran ahora el caso básicamente como una caza de brujas destinada a aplastar la oposición al creciente autoritarismo y confesionalidad de Erdogan y su partido Justicia y Desarrollo (AKP). A este giro han contribuido lo inverosímil de muchas acusaciones o su incremento exponencial. Y, en aspectos más técnicos, elementos como la vaguedad de las leyes antiterroristas aplicadas o las manifiestas violaciones del derecho de defensa o a un juicio justo", publica El País en su edición digital.
Las diferencias, cada vez más profundas, entre laicos e islamistas, causa real de las multitudinarias manifestaciones que ha vivido el país en los últimos meses, hacen saltar las alarmas respecto al futuro de una nación que mantiene conversaciones para integrarse en la Unión Europea y que con sus últimas actuaciones está generando acciones represivas, por parte del Gobierno, contrarias al respeto de los derechos humanos.