El Salvador, Inocente Orlando Montano, presunto partícipe de la matanza de seis jesuitas en El Salvador, condenado en Estados Unidos

Foto de Inocente Orlando Montano.

Según informa la BBC, el coronel retirado Inocente Orlando Montano, uno de los jefes militares más importantes de El Salvador durante la guerra civil que afectó a ese país entre 1980 y 1992, fue sentenciado este martes en Estados Unidos a 21 meses de prisión por fraude migratorio.
El ex oficial militar, está acusado de complicidad en la muerte de seis sacerdotes jesuitas en 1989, admitió en septiembre del año pasado haber mentido a oficiales de inmigración de Estados Unidos, una declaración que podría llevarlo a ser extraditado a España para ser enjuiciado por esos crímenes.
Montano se enfrentaba a varios cargos por perjurio al, supuestamente, mentir en su solicitud para obtener el Estatus de Protección Temporal (TPS, por su sigla en inglés) que el Gobierno de los Estados Unidos otorga a quienes no pueden regresar a sus países debido a conflictos civiles o por causa de desastres naturales.
La fiscalía había pedido una pena de prisión de más de cuatro años al argumentar que Montano había emigrado a Estados Unidos, en parte, para evitar el posible enjuiciamiento por la muerte, en 1989, de seis jesuitas en El Salvador.
En mayo de 2011, Montano trabajaba discretamente en una fábrica de Massachusetts, en Estados Unidos, cuando él y otras 19 personas fueron acusadas formalmente, por un tribunal español, por su supuesta participación en el asesinato, en 1989, de seis sacerdotes jesuitas, además de su empleada doméstica y su hija adolescente.
Para el periódico digital latinoamericano El Faro, "Aunque fue juzgado por fraude migratorio y perjurio en Estados Unidos, el exviceministro de Seguridad se convirtió en el primer militar salvadoreño cuya vinculación a violaciones a los derechos humanos pesó para que lo enviaran a prisión".
Ahora grupos de activistas de derechos humanos esperan que esa sentencia facilite los esfuerzos de un tribunal español para que enfrente en la corte su supuesta participación en abusos cometidos durante el conflicto. De ser así, se convertiría en el primer oficial de alto rango en ser enjuiciado penalmente por delitos cometidos durante la guerra en esa nación centroamericana. Una amnistía lo protege de enfrentar procesos penales en El Salvador, explica la periodista Nina Lakhani, quien ha seguido el caso de cerca.
El ex militar, de 70 años, vivió en el área de Boston durante una década y fue arrestado el año pasado por cargos de inmigración. Se le acusaba, entre otras cosas, de haberle ocultado a las autoridades estadounidenses su pasado como miembro de las fuerzas armadas salvadoreñas.
La mantaza de los jesuitas y acompañantes, al igual que la que sucedió en la noche del 21 de agosto, en las márgenes del río Amatitán, un punto conocido como El Calabozo, donde las tropas colocaron en fila a centenares de personas y dispararon a quemarropa, según el relato de los sobrevivientes, está todavía impune en el país. En esta matanza, ocurrida el día 22 de agosto de 1982, murieron entre 200 y 300 campesinos
Un documento fechado el 31 de diciembre de 2012, vincula a Montano con 65 ejecuciones sumarias en las que cada víctima está identificada, 51 desapariciones forzosas, 520 casos de torturas y 533 detenciones arbitrarias. Incluye además una matriz tabulada sobre las violaciones a derechos humanos atribuidas a Montano, con fecha, nombre de víctima, lugar y batallón o unidad responsable.
"Durante sus 30 años de carrera militar, el coronel Montano ordenó, incitó y asistió y/o comandó tropas que participaron en una estrategia de terror de Estado contra civiles. Esto incluyó: ejecuciones extrajudiciales, tortura, desapariciones y detenciones arbitrarias, masacres rurales de civiles no combatientes, la desaparición forzada de niños y tolerar escuadrones de la muerte, liderados por militares, que operaban dentro de las unidades bajo su comando", dice el informe, preparado por la investigadora de la Universidad de Stanford Terry Lynn Karl.
El abogado del excoronel, Oscar Cruz, solicitó la libertad condicional argumentando que Montano no tenía ningún miedo a ser procesado en El Salvador debido a la Amnistía General de 1993, por lo que no había peligro de fuga.
El juez Douglas Woodlock pidió, el pasado lunes, al fiscal John Capin información sobre el estado de la solicitud de España para extraditar a Montano.
El proceso de sentencia, que se ha extendido durante tres días, contó con la testificación de la doctora en Estudios Latinoamericanos, Terry Karl, especialista en la guerra civil de El Salvador (1980-1992) y profesora en la Universidad de Standfor.
"Hoy estamos un paso más cerca de lograr justicia para las víctimas de la masacre", dijo en un comunicado el Centro de Justicia y Responsabilidad (CJA, en inglés), institución para la defensa de los derechos humanos basada en San Francisco y que ha seguido de cerca el caso.
"La sentencia de 21 meses (contra Montano) envía un mensaje a los violadores de derechos humanos: no pueden buscar un refugio seguro en Estados Unidos y evitar la responsabilidad por sus acciones", apuntó el centro.
"En la mañana del 16 de Noviembre de 1989, El Salvador y el mundo despertaron con las noticias que seis Jesuitas, su ama de llaves y la hija de ésta habían sido brutalmente asesinados.  El ejercito salvadoreño llevo a cabo el crimen como parte de su desencaminada defensa contra una ofensiva lanzada por el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN). El ejercito buscaba desviar atención de su papel en los asesinatos y culpo al FMLN pintando la consigna del FMLN en las paredes de la escena del crimen que falsamente acusaba a los sacerdotes de haber colaborado con el gobierno", afirma CJA respecto al caso de la matanza de los jesuitas.