Brasil, Termina un nuevo juicio contra policías envueltos en la masacre de presos en la cárcel de Carandirú, hace 20 años

Ayer viernes terminó la segunda fase del juicio contra otros 25 policías envueltos en la masacre de presos en la cárcel de Carandirú, en el estado de São Paulo, el 2 de octubre de 1992, -que terminó con el asesinato de 111 presos, oficialmente, aunque cifras extraoficiales elevan ese número-.
La primera fase, en la que fueron juzgados 26 policías por su acción en el segundo piso del pabellón nueve, terminó el 21 de abril con la condena a 156 años de cárcel para cada uno de los 23 policías encontrados culpables por la muerte de 13 presos que estaban en sus celdas y los corredores de ese pabellón, sin que ninguno de ellos haya pasado ni un único día entre rejas, confirmándose los temores de que el juicio, con gran significado simbólico, era una pérdida de tiempo y dinero para los contribuyentes brasileños, de acuerdo con las declaraciones, durante el pasado mes de abril, de Bruno Shimizu, defensor público y coordinador del Núcleo Especializado de la Situación Carcelaria de los Abogados Públicos (Defensoria Pública) del Estado de São Paulo.

En la madrugada de hoy sábado, a las 04:23 hora local, se iniciaba la lectura de la sentencia de los 25 policías acusados del asesinato de 52 presos en aquel fatídico 2 de octubre de 1992. La fiscalía retiró, durante el día de ayer, las acusaciones por otros 21 homicidios en ese día, pues parte de esos fueron cometidos en otros locales y en 4 de ellos las víctimas fallecieron, supuestamente, a causa de heridas efectuadas por arma blanca. En consecuencia, la fiscalía las atribuyó a muertes ocurridas por peleas entre los propios detenidos en ese día.

Respecto a los homicidios de los 52 presos, los 25 policías fueron encontrados culpables de los asesinatos de los presidiarios y condenados a 624 años de cárcel cada uno. Todos los acusados  participaron, según dictaminó el jurado, directamente en la muerte de los detenidos. Sin embargo ninguno ingresará en prisión dado que se dictaminó que podrán aguardar el resultado de los recursos que deberán ser presentados, según afirmaron los abogados defensores de éstos, en libertad.

La sentencia se refiere a la segunda parte del proceso, que fue dividido en cuatro etapas.
Los policías, que fueron hallados culpables de disparar a los internos en sus celdas y en los pasillos del presidio, fueron condenados a la pena mínima de doce años de prisión por cada asesinato y podrán recurrir la sentencia.
En la primera etapa del proceso, otros 23 policías fueron condenados en abril a la pena mínima por 13 asesinatos, sumando un total de 156 años de pena para cada uno. Ninguno está detenido y algunos continúan ejerciendo funciones en la Policía Militar.
La masacre, el episodio más sangriento en una cárcel brasileña, tuvo lugar el 2 de octubre de 1992, cuando la policía reprimió violentamente un motín en un pabellón de Carandirú, entonces la mayor cárcel del país, que fue clausurada diez años después.
Esta operación fue comandada por el fallecido, el 10 de septiembre de 2006, Ubiratán Guimarães, coronel de la Policía Militar de São Paulo, condenado a 632 años de cárcel en 2001, pero absuelto cinco años después en una apelación sin que llegase a cumplir condena, e inclusive llegó a ser diputado estatal en la Asamblea Legislativa del estado de São Paulo, en la legislatura que se inició el año 2002.
El mismo fue encontrado muerto en su apartamento, en un crimen todavía sin esclarecer.
En la pared del predio donde vivía se encontró pintada la frase "Aqui se faz, aqui se paga" (Aquí se hace, aquí se paga), sin duda en referencia a la acción policial que el comandaba, y que concluyó en la masacre de Carandirú.
Según afirmaciones de determinados analistas, como el periodista Josmar Jozino, de la sociedad brasileña, aquella matanza ocurrida el 2 de octubre de 1992 fue uno de los factores determinantes para la creación del la facción criminal, de gran actividad en el estado paulista, Primeiro Comando da Capital (PCC).
Según investigaciones de la policía y del Ministerio Público (Fiscalía), miembros del PCC habrían sido los responsables del asesinato a tiros, en 2005, de José Ismael Pedrosa, que dirigia el presidio de Carandirú en la época de la masacre y, posteriormente, administraría la Casa de Custódia (presidio) de Taubaté.
"Este juicio es totalmente simbólico y no existe una garantía de que habrá una respuesta para la violación de los derechos humanos. La masacre de Carandirú ya está totalmente impune, independientemente del resultado del juicio" comentó Bruno Shimizu. "Estos 20 años muestran por lo menos la inhabilidad o mala voluntad de la justicia brasileña en reprimir violaciones de los derechos humanos cuando el autor es policía militar o agente del Estado", concluyó el mismo.
Para Atila Roque, director ejecutivo da Amnistía Internacional Brasil, "La tardanza (en los juicios) sugiere que todavía existe en Brasil un grado excesivo de tolerancia en relación a los malos tratos y crímenes cometidos contra la población carcelaria".

Cuerpos de detenidos muertos en la masacre de Carandiru. Epitácio Pessoa/AE. Web Estadão.com.br