El Salvador, Abortar o morir, un aborto terapéutico en el centro de un debate nacional

"Beatriz", un seudónimo para proteger su identidad, sufre graves problemas de salud, según los informes médicos de sus doctores, y está embarazada de un feto anencefálico que no podrá sobrevivir a la infancia. Ella solicitó hacerse un aborto teurapeútico, en un país donde no existen excepciones a la prohibición de abortar, bajo pena de cárcel, y con ese motivo llevó su caso hasta los tribunales de su país, El Salvador.
"Beatriz", de 22 años, se presentó ayer ante magistrados de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador, quienes deberán decidir sobre su solicitud.

"Los magistrados han decidido escuchar a Beatriz (nombre ficticio utilizado para proteger su identidad) como parte del proceso que llevan a cabo para tomar una decisión", explicó a la AFP un portavoz de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

Esta situación se está utilizando desde algunos sectores para hacer campaña a favor y en contra del aborto, sin tener en cuenta la necesidad real de esta joven, que según algunas fuentes corre peligro de morir si mantiene su embarazo hasta el final.
La opinión pública del país intenta ser mediatizada, por unos y otros, sin percibir que el derecho a la vida de esta joven está por delante de cualquier otra circunstancia personal.
Julia Regina de Cardenal, presidenta de la Fundación Sí a la Vida, considera que el caso de "Beatriz" "obedece a intereses políticos de quienes quieren que se legalice el aborto en el país", declaraba al periódico salvadoreño La Página. La misma declaraba que lamentaba que se esté filtrando, lo que considera "información malintencionada" del caso, es está "manipulando" e "instrumentalizando", para conseguir la legalización del aborto en el país.
A la pregunta del periodista, ¿Pero si ella está enferma, su vida corre peligro, y se sabe que el bebé no sobrevivirá, ¿por qué no apoyar que se le realice el aborto terapéutico?, su respuesta no deja de ser sorprendente, "el bebé probablemente va a morir cuando nazca, pues no tiene posibilidades de vida".
En una nueva pregunta, ¿Cómo ha progresado el estado de Beatriz?, de Cardenal responde "según la información que hemos logrado recopilar, (lo que significa que no es de primera mano) los médicos que la están tratando han llevado este problema de la manera correcta velando por su bienestar, sabiendo que el bebé que está en su vientre va a morir cuando nazca. No sabemos cuánto tiempo vaya a vivir, es más, incluso puede morir hasta en su vientre". Pero mientras tanto cada día que pasa sin interrumpir el embarazo la vida de "Beatriz" corre peligro, según los propios doctores que la tratan.

Por su parte la Primera Dama de la República,Vanda Pignato, considera que algunos sectores del país están utilizando el tema del aborto terapéutico que necesita Beatriz con fines políticos y electorales y aclaró que el tema del aborto no está en la agenda del gobierno del presidente Mauricio Funes.

"La tragedia de Beatriz está siendo utilizada de forma electorera. Algunos sectores tienen que dejar de aprovecharse de la desgracia de la gente, principalmente de las mujeres para hacer política electoral", dijo Pignato. 

Por otra parte organizaciones de derechos humanos, están realmente más preocupados con el derecho a vivir de "Beatriz" que con el aborto, cuestión absolutamente razonable, desde mi punto de vista.

El presidente Mauricio Funes de El Salvador debería garantizar que una mujer, que corre un riesgo significativo de muerte si lleva a término su embarazo, pueda obtener un aborto sin sanción penal, expresaba la organización Human Rights Watch hoy en una carta dirigida a Funes.
Obligar a "Beatriz" a continuar con el proceso de gestación, entendemos que, viola sus derechos humanos fundamentales, incluido el derecho a la vida y a la salud, señaló Human Rights Watch.
"El presidente Funes debe tomar medidas inmediatas para que Beatriz pueda terminar con este embarazo, que pone en grave riesgo su vida", dijo José Miguel Vivanco, director de la División de América de Human Rights Watch.
Tres sonogramas independientes llevados a cabo por el Hospital Nacional de Maternidad, los días 12 y 21 de marzo de 2013, mostraron que "Beatriz" está embarazada de un feto anencefálico.
Un bebé que nace con este trastorno carece de una parte esencial del cerebro, lo cual casi siempre conduce a la muerte del infante en cuestión de horas o días después del parto, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades. Además, los médicos de Beatriz temen que pueda sufrir una hemorragia, preeclampsia grave (una enfermedad que es una de las principales causas de muerte materna) y una posible insuficiencia renal debido a sus condiciones médicas preexistentes, incluyendo lupus, una enfermedad autoinmune.
El 22 de marzo, los abogados del Hospital Nacional Especializado de Maternidad solicitaron el permiso del gobierno para llevar a cabo un aborto en su caso, ya que los médicos creen que hay una "fuerte probabilidad de muerte materna" y el feto no es viable.
El Salvador prohíbe totalmente el aborto, sin excepción, lo que pone a Beatriz y cualquier médico que lleve a cabo este procedimiento en riesgo de procesamiento penal.
El fiscal general ha señalado que la prohibición penal sobre el aborto de El Salvador se aplicará si Beatriz se somete al procedimiento. La pena es de hasta 50 años de prisión para la mujer y de hasta 12 años para el médico que lleva a cabo el procedimiento. La Corte Suprema aún no se ha pronunciado sobre la solicitud de Beatriz de amparo constitucional. Con cada semana que pasa, el embarazo representa un mayor peligro para Beatriz. La joven ya suma más de 22 semanas de gestación.
El 29 de abril de 2013, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorgó medidas cautelares a Beatriz, solicitándole al gobierno de El Salvador que adoptara la recomendación de la comisión médica del Hospital Nacional de Maternidad dentro del plazo de 72 horas tras recibir la carta de la comisión.
Sin embargo, dos semanas más tarde, el gobierno de El Salvador no ha actuado. Funes debería asegurarse de que su gobierno cumpla con las medidas, señaló Human Rights Watch.
"Los médicos de Beatriz deberían tener permiso para administrar medidas para salvar su vida sin temor a ser procesados", señaló Vivanco.
El caso de Beatriz está provocando una intensa polémica en el país centroamericano. Las iglesias católica y evangélicas, además de organizaciones civiles como Sí a la Vida, aseguran que el caso es una fachada para legalizar el aborto en el país.
La Procuraduría de Defensa de Derechos Humanos (PDDH) de El Salvador, asegura, por su parte, que se trata es de proteger la vida de Beatriz. Y en ese sentido "Es importante actuar de urgencia conforme a lo que la ciencia médica ha establecido. Hemos hecho la recomendación de que la interrupción del embarazo de la joven por parte del cuerpo médico es un acto justificado", le dijo a BBC Mundo Georgina de Villalta, procuradora adjunta para la Defensa de los Derechos de la Niñez de la procuraduría.
El abogado Dennis Muñoz, de la Agrupación Ciudadana para la Despenalización del Aborto Terapéutico de El Salvador solicitó a la Corte Suprema de Justicia un amparo que permita inducir el parto.
"Pedimos a la Corte la autorización legal para interrumpir el embarazo y salvar de esta manera la vida de ella", explicó Muñoz a BBC Mundo.
La Sala de Constitucionalidad de la Corte aceptó el caso pero solicitó opiniones del Consejo Nacional de Bioética, la Procuraduría General de la República, la Procuraduría de Derechos Humanos, el Ministerio de Salud y la Fiscalía General de la República (FGR).
Los tres primeros están en favor de que se practique un aborto terapéutico, señala el abogado Muñoz, pero hasta el momento la FGR no ha respondido a los ministros.
Amnistía Internacional se ha unido a las críticas contra la Corte Suprema de El Salvador por estar posponiendo una decisión, que está suponiendo colocar a la madre en peligro de muerte.
Aunque los médicos del Ministerio de Salud consideran que Beatriz corre el riesgo de morir si continúa con el embarazo, dichos médicos no le han practicado el aborto, pues podrían ser llevados a juicio y encarcelados, comentaba en su edición de ayer el periódico El Salvador.
El pasado 22 de marzo, se inició el proceso, cuando los médicos que atienden a Beatriz solicitaron permiso de las autoridades salvadoreñas para poner fin a su embarazo, con el argumento de salvarle la vida, al mismo tiempo que pedían garantías de que no serían juzgados por ese acto, para intentar salvar la vida de "Beatriz".
Mientras aguarda, la vida de esta joven, que ya tiene un hijo -durante 38 días el bebé estuvo en terapia intensiva pues el parto ocurrió a los siete meses de gestación- de un año de edad quien nació tras un embarazo que también fue de alto riesgo, durante el parto fue sometida a una transfusión de sangre, y que tiene serios problemas de crecimiento, depende de una decisión judicial que se eterniza desnecesariamente.
El aborto está penalizado en El Salvador en todas sus formas desde 1998, lo cual ha generado una "persecución" a las mujeres sospechosas de haberse practicado uno, ha dicho en reiteradas ocasiones la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto, Terapéutico, Ético y Eugenésico.
Algunas mujeres han sido condenadas "injustamente" hasta a 30 años de cárcel e incluso algunas han muerto recluidas, destaca esta organización independiente. Uno de esos casos es el de Sonia Esther Tábora, que fue condenada a 30 años de cárcel por haberse practicado un aborto, aunque después de siete años y medio en la cárcel recobró su libertad en 2012 porque se demostró su inocencia.
Además, Karina del Carmen Clímaco fue condenada en noviembre de 2002 a 30 años de prisión por el "asesinato" de su hija, tras abortar. Karina, al igual que Sonia Esther, estuvo presa casi siete años y medio pero el 9 de julio de 2009 también obtuvo su libertad, ya que se demostró que las pruebas con las cuales había sido condenada en 2002 eran deficientes.
También está el caso de "Manuela" (nombre ficticio), quien fue condenada a 30 años de prisión en 2009 y que en 2010 murió en la cárcel por el cáncer que sufría y que se sospecha que pudo haberle provocado el aborto.

Mujeres salvadoreñas se manifiestan en San Salvador por la despenalización del aborto. / Roberto Escobar (Efe)