Como era de prever, tras la movilización de la derecha guatemalteca, el Tribunal Constitucional de Guatemala decidió la noche de ayer lunes, por tres votos a favor por dos en contra, anular la sentencia que condenaba por genocidio y crímenes de lesa humanidad al ex dictador guatemalteco Efraín Ríos Montt, y ordenó celebrar un nuevo juicio.
Con el argumento de que el fallo que condenó al exdictador
estaba plagado de inconstitucionalidades y vicios, la
patronal guatemalteca, aglutinada en el Comité Coordinador de
Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF),
había pedido al Tribunal Constitucional la anulación de un proceso que,
desde el punto de vista empresarial, "abona a la polarización y deja una
percepción muy clara de que la justicia ha sido presa del conflicto
ideológico".
El mismo día que se dictó la sentencia para el ex mandatario guatemalteco apareció un anuncio de pago en diferentes medios locales, los
empresarios mostraban de esa manera su preocupación por lo que ellos consideraban "las graves faltas al debido
proceso" observadas a lo largo de todo el juicio, "lo que ha quedado de
manifiesto en los diversos procedimientos incumplidos, la forma en que
se vulneró la legítima defensa, el principio de inocencia y no
retroactividad de la ley, y la desobediencia pública del tribunal a las
resoluciones emitidas por otras instancias judiciales".
Según informa la agencia Europa Press "Tras diez horas de deliberación, han decidido por tres votos a favor y
dos en contra admitir los recursos por las irregularidades que han
salpicado el proceso judicial, dejando sin efecto todas las actuaciones
judiciales desde el pasado 19 de abril, lo que supone la anulación de la
sentencia dictada por el Tribunal de Mayor Riesgo".
La anulación de la sentencia implica que Ríos Montt volverá a la
prisión, en régimen preventivo, a la espera de que las autoridades
judiciales decidan sobre la celebración de un nuevo juicio o sobre la
designación de un nuevo tribunal para que falle sobre el ya celebrado.
El periódico de Guatemala, Siglo 21, afirma que "El fallo de la CC (Corte de Constitucionalidad), además de anular la sentencia condenatoria de 80 años
de prisión emitida por esa judicatura en contra de Ríos Montt, también
dejó sin efecto la absolución que favoreció al también general retirado
José Rodríguez, antiguo jefe de Inteligencia Militar, quien deberá
sentarse de nuevo en el banquillo de los acusados".
Aura Mancilla, jefa de Fiscalía de DDHH, prefiere no opinar sobre fallo de CC, y dice que lo analizarán antes de pronunciarse sobre la anulación de la sentencia que en su día dictaminó, la presidenta del Tribunal de Mayor Riesgo, Jazmín Barrios, tras declarar a
Ríos Montt culpable de los cargos por los que era imputado. La misma le impuso 50
años de cárcel, por los cargos de genocidio, y de 30 años por los crímenes contra la Humanidad.
Para los magistrados de la CC "durante el juicio,
que se inició el 19 de marzo y que había sido suspendido el 19 de abril
para luego ser reanudado, no se cumplió el debido proceso". En consecuencia, según esa Institución, "la reanudación no debió darse porque el Tribunal no conoció una
recusación planteada por el abogado defensor, Francisco García".
"Por
consiguiente queda anulado todo lo actuado en el proceso final del
debate oral y público a partir del 19 de abril", subrayó.
Martín Guzmán, secretario de la Corte de Cosntitucionalidad dijo que "el tribunal será quien decida si se le deja en libertad o continuará con arresto domiciliario".
Según publica el diario El País, en su edición digital, "Los magistrados se habían visto presionados por los poderes fácticos, en
esta ocasión representados por la Asociación de Veteranos militares de
Guatemala (Avemilgua), que llegó a amenazar con movilizar hasta 50.000
paramilitares de las tenebrosa Patrullas de Autodefensa Civil (PAC) y de
la todopoderosa patronal, aglutinada en el Comité Coordinador de Asociaciones Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif)".
Su corresponsal en Guatemala continua diciendo, "Por una parte, la Asociación de Veteranos Militares de Guatemala
(Avemilgua), amenazó con marchar sobre la capital y paralizar el país a
base de bloquear las principales vías de comunicación hasta lograr la
liberación del viejo caudillo. Por su parte, la patronal respondió a la
condena con un comunicado en espacios comprados en la prensa, la radio y
la televisión, donde rechaza, absolutamente, la existencia de un
genocidio en Guatemala".
Las reacciones contrarias a la decisión no se han hecho esperar, y afirman "la debilidad del sistema judicial guatemalteco".
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