España, las instituciones promueven la discriminación en la política de la gestión del desempleo

El Gobierno de la Comunidad Autónoma de Madrid, ha instado a los empleados de las oficinas de empleo a marginar a aquellos trabajadores que no cobren ningún tipo de prestación a la hora de gestionar las ofertas de trabajo que reciban en las oficinas.
Según informaba la española Cadena Ser, "las nuevas directrices son que les ofrezcan a ellos las ofertas de trabajo que gestionan antes que a quienes ya no reciben ninguna ayuda con la finalidad de aligerar la abultada factura de las prestaciones. Además, piden a los funcionarios que prioricen un determinado perfil, con estudios de Bachillerato y de entre 20 y 45 años, el que más fácilmente se puede reinsertar en el mercado laboral".
La idea es clara economizar dinero por encima de cualquier otro criterio como formación, experiencia o competencia profesional.
Los sindicatos han criticado el "trato vejatorio" que deja desamparados a los desempleados que más lo necesitan. Aquellos que ya no reciben ningún tipo de ayuda por parte del gobierno.
El texto emitido por la Consejería de Empleo, al que se refiere la SER, señala que se trata de un plan piloto que se puso en marcha en febrero y que se extenderá al resto de oficinas de la región (unas 42) antes de principios de julio. 
Según ha comentado la emisora del grupo Prisa, "una trabajadora de las oficinas de empleo ha declarado para la misma, "Nos han llegado nuevas instrucciones. A nosotros ahora nos hacen sondear primero a los que cobran prestaciones, con lo que la gente que lo necesita más no está recibiendo la oferta". La trabajadora no quiso dar su nombre por temor a represalias y se le ha dado el nombre ficticio de Ana María. Otro trabajador, Fernando, nombre también ficticio, añade que esta situación se produce "con el agravante de que solamente se está buscando entre ellos al colectivo entre 20 y 45 años con nivel académico mínimo de bachiller superior (formación de segundo grado completo)". Ambos llevan 20 años gestionando empleos en Madrid".
Desde hace décadas y hasta hace solo un par de semanas, la prioridad entre dos perfiles idénticos y que respondían a las exigencias del empresario la tenía aquel que llevara más tiempo en paro. Estos mismos criterios, aseguran estos funcionarios, se aplican también a la hora de atender la escasa oferta que sale de organismos públicos (jardineros, barrenderos o enfermeras), que tenía hasta ahora como criterio de selección: "Gente con especiales dificultades de inserción".
Pero ahora la persona no interesa. Lo más importante es el valor de la prestación que puede ahorrar el gobierno de España en ayudas a los trabajadores desempleados.
El sindicato español Unión General de Trabajadores (UGT) ha reclamado la "retirada inmediata del programa" y que el Ejecutivo de la Comunidad de Madrid, desista de aplicarlo en el resto de oficinas de Empleo. El sindicato señala en una nota de prensa que este trato "atenta contra el espíritu y artículos de la Constitución al discriminar a trabajadores en atención a su condición personal, en este caso, no tener un empleo y haber agotado las prestaciones y ayudas". Y añade en la nota, "La actitud del Gobierno regional en relación con los trabajadores que han perdido su puesto de trabajo y que no encuentran empleo es aberrante, ya que pretende culpabilizar a los trabajadores en paro como si fuesen los responsables de su situación".
Por otra parte, en otra actitud aberrante de los actuales gestores en España, Ana María y Fernando denuncian que el Gobierno regional les ha marcado objetivos de sanción: "Eso que te cuentan de la Guardia Civil (policía española destinada fundamentalmente al control del tránsito en las carreteras y autopistas) que tienen un número de multas determinado. En la Comunidad de Madrid hay objetivos de sanción, un 8%". Ambos indican que "a cada sancionado le quitan un mes de prestación". Para añadir que se han multiplicado el número de citas y han convertido la orientación que antes era voluntaria y personal en un asunto obligatorio y grupal, buscando que las personas no se presenten a las citas y puedan ser sancionadas. Aunque, según fuentes oficiales, con esta actitud se busca acabar con el fraude en el cobro de las prestaciones por parte de algunas personas.
Además de a los que están cobrando prestaciones, también se está priorizando a las personas que tienen entre 25 y 45 años y las que tienen estudios secundarios. No hay que ser una persona muy despierta para comprender que no se está priorizando los colectivos más necesitados, más numerosos o que mayor duración llevan en desempleo, sino aquellos cuya colocación sale más rentable a la Administración y cuyos perfiles, posiblemente, tengan más posibilidades de incorporarse al mercado de trabajo.
Los representantes de los trabajadores, que forman el Comité de Empresa de Empleo de la Consejería de Empleo, Turismo y Cultura, han emitido un comunicado en el que dice "Desde la Dirección de Empleo se justifica disfrazando esta injusticia como un proyecto de I+D, y estamos de acuerdo, es un proyecto Ineficaz y Discriminatorio.
Los trabajadores y las trabajadoras de las oficinas de empleo trabajan diariamente implicándose con las necesidades de las personas desempleadas y enfrentándose a una escasez de medios y un caos organizativo que además tratan de compensar eliminándoles derechos laborales como el de acudir a las citas médicas. A todo esto se suma el que les impongan directrices de actuación discriminatorias con los ciudadanos, razón por la que se ven obligados a denunciarlo, ya que como profesionales públicos se deben al servicio del interés general y como tal, tienen todo el apoyo de los órganos de representación en estas denuncias".
Como si no estuvieran sufriendo bastante los grupos de más edad, e inclusive los más jóvenes, y los que llevan más tiempo sin conseguir trabajar, ahora desde las instituciones se les margina casi definitivamente en las políticas para su reintegración en el mercado de trabajo.