Latinoamérica, las ONGs denuncian violaciones de los derechos humanos de diversas compañías mineras

Los conflictos mineros en Latinoamérica provienen de varios años atrás, y afectan a diversos países. En los mismos están envueltos consorcios extranjeros que explotan los recursos naturales de esos países. Algunos de ellos terminaron de forma sangrienta, siendo quizás uno de los más dramáticos el que tuvo lugar en Perú, en el año 2005, cuando un minero fue asesinado y varios de ellos torturados por la policía local y los miembros de seguridad de la empresa que exploraba los recursos.
A principios de agosto de 2005, un grupo de comuneros, un periodista de una radio local, líderes ambientalistas y alcaldes provinciales emprendieron una marcha hacia la entrada del campamento del proyecto minero, de capitales británicos, situado en Huancabamba, provincia serrana de Piura para quejarse de afectaría a  su acceso a recursos naturales. Entonces, vigilantes privados de Forza -que prestaba servicios de seguridad a la empresa que luego se denominó Rio Blanco Copper- y efectivos de la Policía Nacional se enfrentaron a ellos y los secuestraron un par de días. En el campamento, los golpearon, los envolvieron en sacos de tela, abusaron sexualmente de un par de mujeres y los amenazaron de muerte.

Monterrico Metals Plc., una empresa británica que posee Río Blanco Copper SA, anteriormente conocida como Minera Majaz SA, aceptó indemnizar a 32 campesinos torturados en el campo de la minería y los familiares del agricultor que murió, por los hechos ocurridos entre el 1 y el 3 de agosto de 2005. La empresa accedió a compensar a los agricultores para que los demandantes pusiesen fin a la demanda presentada en junio de 2009 ante el Tribunal Supremo británico contra Monterrico Metals Plc., en su calidad de empresa matriz de Río Blanco Copper SA.

El periódico El País escribía en noviembre del pasado años sobre este conflicto: "A principios de agosto de 2005, un grupo de comuneros, un periodista de una radio local, líderes ambientalistas y alcaldes provinciales emprendieron una marcha hacia la entrada del campamento del proyecto minero, de capitales británicos, situado en Huancabamba, provincia serrana de Piura para quejarse de afectaría a  su acceso a recursos naturales. Entonces, vigilantes privados de Forza -que prestaba servicios de seguridad a la empresa que luego se denominó Rio Blanco Copper- y efectivos de la Policía Nacional se enfrentaron a ellos y los secuestraron un par de días. En el campamento, los golpearon, los envolvieron en sacos de tela, abusaron sexualmente de un par de mujeres y los amenazaron de muerte". 

Los consorcios mineros canadienses también dan que hablar en medio mundo, sobre todo en Latinoamérica. 

En Guatemala, el Presidente Otto Pérez Molina, militar retirado (acusado por sus ex camaradas como corresponsable de genocidio cometido durante la guerra interna), decretó, el pasado 2 de mayo, el segundo Estado de sitio en lo que va de su gobierno. Esta vez, para reprimir al pueblo indígena Xinca, en los municipios de Jalapa y Mataquescuintal (Departamento de Jalapa), y en Casillas y San Rafael Las Flores (Departamento de Santa Rosa), y para proteger las "inversiones" de la empresa minera canadiense Tahoe Resources (Mina San Rafael), se puede leer en la página web de la agencia de noticias Servindi. 

El mismo día el Presidente también decretó otro Estado de sitio en contra del pueblo Maya, en el Municipio de Barillas, Huehuetenango, para defender los intereses de la empresa española Hidro Santa Cruz, que actualmente opera con mediana calma porque se logró asesinar y encarcelar a las y los dirigentes de las organizaciones en resistencia del lugar, según afirman blogueros locales.

Estos estados de sitio no sólo coinciden en fechas y objetivos, sino en su método de aplicación, y fueron decretados tras los graves disturbios que se suceden en diversas zonas que han dejado diversos muertos y heridos entre la población civil contraria a la industria minera de la zona. Los estados de Sitio, declarados por 30 días en principio, fueron proclamados tras la muerte de un policía, otros cinco terminaron con heridas de diversa consideración, tras una protesta contra una empresa minera que opera en el departamento oriental de Santa Rosa, informó el pasado día 2 de mayo el ministro guatemalteco de Gobernación (Interior), Mauricio López. 

Las protestas contra la empresa Hidro Santa Cruz se recrudecieron tras el asesinato de un miembro de la comunidad anti minera de la zona.

"El pasado 7 de abril (de 2013) el líder indígena Daniel Pedro Mateo de la comunidad de Santa Eulalia, fue secuestrado y posteriormente asesinado por oponerse a la construcción de una hidroeléctrica de capital español de la transnacional Hidralia Energía en Santa Cruz de Barillas. No se trata de un caso aislado ya que en mayo de 2012 otro líder comunitario fue asesinado y hubo 11 detenidos, uno de los cuales, Rubén Herrera, todavía sigue encarcelado por ello. Ese mismo año, en 2012, en una represión contra una movilización de pueblos indígenas mayas en el departamento de Totonicapán, 7 indígenas fueron asesinados. Son algunos de los casos concretos que denuncian la Confluencia Nuevo Baqtun (en la que están representadas más de 50 organizaciones), Amigos de la Tierra y Mujeres de Guatemala. Las líderes indígenas Natalia Atz Sunuc, coordinadora de CEIBA/Amigos de la Tierra Guatemala, y Paula del Cid Vargas, de la Asociación Feminista La Cuerda, han exigido al Parlamento Europeo el cese de unas políticas devastadoras y responsabilidad ante las acciones de las empresas europeas en el país centroamericano", puede leerse en la página web Periodismo Humano.

En Guatemala días atrás estalló un nuevo conflicto. Concretamente el pasado 27 de abril, seis vecinos de la localidad de San Rafael Las Flores fueron heridos de bala por la policía minera de una de las compañías que operan en el país, la empresa canadiense, Tahoe Resources, especializada en la búsqueda y extracción de oro y plata.

A pesar de la generalizada oposición a la exploración minera, a lo que además ha contribuido la prepotencia con la que actúa Tahoe Resources, y a pesar de que la violencia de la policía minera ha generado una situación explosiva, tres días después de la demostración de poderío armado, el pasado 30 de abril, el Gobierno guatemalteco firmó el visto bueno para que la maquinaria canadiense se ponga en marcha.

Además de haber sido arrestados 16 dirigentes de diferentes entidades civiles y tras haber decretado la búsqueda y captura de los miembros del Parlamento Xinca, pueblo indígena de Guatemala y El Salvador, las autoridades han desplegado más de 2.000 soldados y policías, dotados de tanques y vehículos de asalto.

Actualmente, entre explotaciones y trabajos de exploración, las mineras canadienses están presentes en varios países y afrontan o han afrontado problemas en casi todos ellos.

Más detalles del caso guatemalteco, en SERVINDI.

En el año 2010, Carlos Danilo Amador, Secretario General del Comité Regional Ambiental del Valle de Siria, una región en Honduras, comentaba respecto a las compañías mineras canadienses, "Esas compañías crean una falsa imagen de lo que quieren hacer en nuestros territorios - escondiendo el hecho que ellos no respetan la dignidad de nuestras gentes, no respetan nuestros derechos humanos, imponen culturas que no son las nuestras, y roban nuestros recursos naturales". 

La organización Social Science Research Network, publica en su página web, en relación a las actividades de los consorcios canadienses en el sector minero en Guatemala, "El presente es un estudio sobre la explotación minera en la región de El Estor, en Guatemala. Empresas mineras canadienses han operado en esta región desde los años 1960, cuando comunidades locales fueron desplazadas para crear una mina de níquel a cielo abierto. Desde entonces la mina se ha visto asociada con asesinatos, desplazamientos forzosos y presuntas violaciones. En estos momentos hay tres procesos judiciales abiertos contra la empresa HudBay Minerals, relacionados con su propiedad sobre la mina entre 2008 y 2011. HudBay y los demandantes exponen versiones radicalmente diferentes acerca de los asesinatos y las presuntas violaciones ocurridos en ese período. Dada la violencia practicada en Guatemala contra los líderes comunitarios que manifiestan preocupaciones sobre la minería, argumentamos en este trabajo que las cortes canadienses deberían actuar para establecer si debe exigirse a la HudBay la responsabilidad que corresponda".

En Honduras, la empresa minera canadiense Goldcorp (que extrae oro a cielo abierto en Valle de Siria, Morazán, Honduras), fue acusada como una de las empresas promotoras del golpe de Estado que destituyó a Manuel Zelaya, en junio de 2009. El motivo del involucramiento de esta empresa en dicho golpe habría sido porque el entonces Presidente Manuel Zelaya intentó prohibir la minería a cielo abierto, el uso de cianuro y la sobreutilización del caudal de las cuencas hídricas en los proyectos mineros. Hace unos meses atrás, el gobierno de Pepe Lobo (que emergió fruto del golpe de Estado), promulgó una Ley minera redactada entre Toronto y Tegucigalpa que aprueba todo lo que Zelaya intentó prohibir. Actualmente, de las más de 200 solicitudes de concesiones mineras en Honduras, cerca de la mitad son de empresas canadienses.