México, joven violada termina presa por abortar

Su nombre, María de Lourdes, su edad, 27 años, su historia, un absurdo más de la justicia, y en consecuencia una vida destruida, sueños e ilusiones abatidas como árbol por un rayo. Estudiante de Derecho, estaba trabajando en un bar de Durango (México) cuando fue secuestrada por su ex novio, José Manuel, el 13 mayo de 2012. Durante la retención fue agredida físicamente y violada repetidas veces. De esa agresión quedaron como secuelas un embarazo y un miedo permanente.
La policía consiguió detener al agresor al día siguiente y la Fiscalía del Estado consiguió su ingreso en prisión preventiva, considerado un riesgo para la sociedad y su entorno por su tendencia al comportamiento impulsivo y agresivo.
Los exámenes a los que fue sometida la víctima dieron prueba tanto del daño físico como emocional que padecía y solicitó el aborto legal.
"Ella me contactó por Facebook porque quería agilizar el proceso. Había sido violada, habían detenido al agresor y pese a eso, no la dejaban abortar", señala Julieta Hernández Camargo, presidenta de la organización "Sí hay mujeres en Durango", encargada del caso al principio, según publicaba el periódico español El País. Finalmente se consiguió la autorización, que demoró cinco semanas, y para llevar a cabo el aborto se desplazó un doctor de la capital, porque en los servicios médicos de salud de Durango, supuestamente, no había personal capacitado. "Se hicieron los tontos", señala Hernández.
El aborto cuando el embarazo es producto de una violación está reconocido legalmente en todo el país. Sin embargo, y pese a los elevados índices de abuso sexual en la República -131.400 casos al año-, en el último lustro tan solo se han emitido 39 autorizaciones en todo México y 30 de ellas han sido en el Distrito Federal, única entidad que desde 2007 practica el aborto libre hasta las doce semanas. 39 permisos de entre un millón de abortos que se practican al año en el país.
Sin embargo, ahora María de Lourdes, actualmente en prisión preventiva, se enfrenta a la posibilidad de ser encerrada en la cárcel y ser tratada como una criminal. Motivo: haber solicitado un aborto legal por ser víctima de una violación de la que meses más tarde se retractó, por miedo de su agresor y del entorno del mismo, que no cesaron en amenazarla de muerte, e inclusive a su familia, desde que efectuó la denuncia del secuestro y agresión, con la colaboración del abogado de José Manuel, que la presionó y acosó incensantemente para que retirase su queja y de esta manera fuese liberado su cliente.
En mayo será juzgado su caso y con suerte su liberación.
María es solo un ejemplo más de la situación de desigualdad y violencia a la que son sometidas muchas mujeres en México. Como ella, cientos de mujeres son enviadas a prisión por abortar tras una violación. La sociedad transforma a las víctimas en criminales.
La violencia hacia la mujer continúa asentada en muchos países en los que las instituciones no sólo no consiguen enfrentarla, sino que continúan criminalizando a las mujeres agredidas.
La organización Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE) denuncia en el informe Omisión e Indiferencia. Derechos Reproductivos en México que "el acceso efectivo de las mujeres a las causales legales de aborto es bastante precario o nulo". En el caso de Lourdes hubo obstáculos como falta de información y retrasos injustificados en las diligencias ministeriales, tal y como documenta la organización, pero el horror de su historia va mucho más allá.
El pasado 26 de marzo el Poder Judicial de Durango ordenó la liberación de José Manuel. En paralelo, Lourdes, quien ya había sido encerrada, lleva más de cuatro meses presa. "El asunto es tan ridículo como que ella está en la cárcel y él libre", sentencia Julieta Hernández, quien reprochó que la justicia penal no tenga en cuenta la perspectiva de género, ni haya investigado los motivos que llevaron a la retirada de la denuncia, pese a las denuncias de María de Lourdes contra su agresor, nunca investigadas, por coacción y amenazas.
La presidente de la organización "Si hay mujeres en Durango" acusó publicamente a los jueces de estar dejando libres a violadores, lo que provocó una respuesta inmediata de las autoridades judiciales "Lourdes cometió un delito de aborto, engañando a las autoridades y ayudada por aquellas personas y organizaciones que la apoyaban, siendo que el embarazo no fue el resultado de una violación", defendieron los jueces.