Colombia, Las Madres de Soacha continúan esperando justicia para sus hijos

Captura del blog Documental Amarillo.

Tras una larga espera María Sanabria recuperó el cuerpo de su hijo, pero la justicia aún no ha tocado su puerta. "No sé cuánto tiempo falta para que siquiera empiecen las audiencias di mi niño. Aquí pasan los años y cada vez se ve más lejos la justicia" se lamenta Sanabria.
Como el resto de Madres de Soacha, María espera que los tribunales de Colombia den celeridad a los expedientes y exijan al Ministerio de Defensa que no siga reteniendo pruebas.
Soacha es una ciudad colombiana donde un grupo de madres se han unido para reclamar justicia por la muerte de sus hijos. Se las conoce como las "Madres de Soacha".
En 2008, el ejército de Colombia mató a más de una docena de hombres jóvenes y mintió al presentar la mayoría de los cadáveres como los de "guerrilleros muertos en combate". Desde entonces, sus madres han trabajado incansablemente para conseguir justicia. Y no ha sido fácil: en su campaña, han sido amenazadas, hostigadas y sometidas a vigilancia con el fin de silenciarlas.
En mayo de 2010, miles de personas enviaron rosas y mensajes de solidaridad para las Madres de Soacha. Ahora saben que cuentan con el apoyo de miles de personas solidarias en todos el mundo.
"Jaime Estiven Valencia, de 16 años, le susurró a su hermana "Dígale a mi mamá que yo estoy llegando la noche del domingo pero que no me vaya a castigar porque me fui sin permiso". Estas fueron las últimas palabras que su familia, a través de un móvil, pudo escuchar, dado que no regresó ni ese domingo, ni el lunes, ni tampoco en los días siguientes. Fue asesinado el 8 de febrero de 2008 a las 15:30 horas en Ocaña, Norte de Santander, Colombia, por el Ejército colombiano y presentado como guerrillero dado de baja en combate. El Chivito, como lo llamaban en casa, es una de las 4.716 víctimas de ejecuciones extrajudiciales denunciadas en la Fiscalía colombiana.
Este crimen, conocido en Colombia como falsos positivos, es una de las más masivas violaciones de derechos humanos que se ha dado en el mundo en los últimos tiempos. "Nos dicen que con nuestras denuncias degradamos al Ejército colombiano. Pero ellos se degradaron solitos", dice una de la mamás de Soacha. Y no le falta razón. Los jóvenes fueron engañados con falsas promesas por reclutadores que los llevaron lejos de sus hogares y los vendían a miembros del Ejército por 80 euros. Éstos simulaban un combate, los asesinaban en total indefensión, los disfrazaban de guerrilleros, ocultaban su identidad, sus cuerpos eran legalizados por funcionarios forenses, enterrados en fosas comunes como personas no identificadas y, por último, pasaban a engordar las estadísticas oficiales de la lucha contra la ilegalidad", escribió Alejandro Matos, director de Oxfam Colombia, el pasado año para el diario El País.
María Sanabria vive en Soacha, localidad situada al sur de Bogotá, donde habitan más de 800.000 personas en situación de pobreza. Ella viaja casi cada día a la capital, unas tres horas en transporte público, con una mochila a cuestas en la que nunca falta la foto de su hijo Jaime Estiven Valencia, de 16 años.
"El día que no hablo sobre lo que el gobierno nos hizo me siento ahogada. Sino es así, ¿Qué sentido tendría la desaparición de mi hijo?. La búsqueda de la justicia es el único camino que tiene sentido andar", reflexiona María mientras repasa con sus dedos la fotografía ya maltrecha, le dijo al diario La Vanguardia.
En otro caso, Fair Leonardo, quien sufría de síndrome de Down, salió de su casa para ayudar a un vecino a trabajar pero nunca más volvió. Esto ocurrió en Soacha el 8 de enero de 2008.
A los ocho meses, Fair Leonardo fue encontrado en una fosa común a cientos de kilómetros, en el Norte de Santander. El joven de 26 años había recibido más de 13 disparos y su cuerpo presentaba claros signos de tortura.
El ejército aseguró que Fair Leonardo cumplía funciones como jefe guerrillero, y que había resultado abatido en un enfrentamiento contra las Fuerzas Armadas de Colombia.
Luz Marina Bernal no creyó ni por un minuto la versión oficial. Ella estaba convencida de que su hijo era un niño atrapado en el cuerpo de un hombre. "El examen forense reveló que había muerto cuatro días después de desaparecer de casa, es imposible que en tan poco tiempo se convirtiera en un jefe paramilitar, es una situación descabellada".
Así que Luz Marina se encontró con otras madres que vivían el mismo calvario. Este grupo de mujeres comenzó la batalla de denunciar ante la Fiscalía y los medios de comunicación.
Hoy siguen en pie. Pero por ahora el caso de Luz Marina es el único que cuenta con una sentencia firme y abre camino a la justicia.
La abogada Gloria Silva es uno de los rostros de la lucha contra el abuso del poder militar en Colombia. Ella lleva el caso de Fair Leonardo y otros 30 similares. Después de una larga batalla, Silva logró que el Tribunal Superior de Cundinamarca cediera la condición de delitos de lesa humanidad a estos expedientes.
"El reconocimiento de delito de lesa humanidad debe ser un punto de partida para que haya justicia en los otros expedientes, porque en el de mi hijo la hubo. Todos estos casos son crímenes de lesa humanidad, porque los muchachos fueron engañados con un supuesto trabajo que jamás fue real y, además, a muchos de ellos los torturaron, doblegaron y se los llevaron a las malas", denuncia Luz Marina.
El expediente del caso revela que Fair Leonardo fue llevado el 8 de enero de 2008 desde Soacha a Bogotá, y al día siguiente hacia Ocaña (Norte de Santander) por Alexander Carretero, quien se dedicaba a reclutar jóvenes a órdenes de las Fuerzas del Ejército. El reclutador entregó al joven a otro compañero identificado como Dario Palomino, quien recibió 200.000 pesos (78 euros) como pago por parte de uniformados del pelotón n°1 de la compañía Búfalo (Ejército).
Al día siguiente, Fair Leonardo fue llevado en un camión militar hasta una zona rural de Ocaña, donde a las pocas horas fue reportada su muerte como guerrillero en combate. El cuerpo fue hallado con un arma de fuego en la mano derecha. Una prueba que permitió a la defensa demostrar la inocencia de Fair Leonardo, debido a que éste era zurdo y tenía discapacidad para manejar objetos con su brazo derecho.
Los dos reclutadores confesaron la entrega del joven a miembros del Ejército, y ambos permanecen detenidos por complicidad.

Ayer la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia dejó en firme la condena de 53 años de prisión impuesta a cinco militares por el caso conocido como "Madres de Soacha" o "falsos positivos" en Colombia. Dos altos mandos y tres soldados profesionales fueron sentenciados por cometer el homicidio agravado de Fair Leonardo Porras, uno de los 5.000 jóvenes que fueron ejecutados extrajudicialmente en Colombia durante la última década.
La defensa denunció que los cinco militares están cumpliendo sus condenas en recintos militares, además de mantener sus rangos como fuerza pública y gozar de ciertas libertades. Una situación que quedó demostrada con la fuga de uno de ellos. El caso se detectó a finales de junio. Su compañera sentimental llamó a la policía para denunciar violencia física y amenazas por parte del soldado, en su residencia situada en la ciudad de Cúcuta.
Cuando la policía llegó a la residencia verificó que el militar había escapado de su condena. La Fiscalía manifestó que iniciará las investigaciones judiciales correspondientes para determinar si el director o miembros de la guarnición militar tienen alguna responsabilidad penal por el delito de fuga de presos o favorecimiento de fuga.
Las madres de Soacha se reúnen el último viernes de cada mes en la plaza del municipio para exigir que no se produzcan más dilaciones en sus casos, pues el 95 por ciento sigue sin sentencia y las investigaciones están dirigidas a militares de bajo rango. Hasta ahora hay 18 coroneles vinculados y dos condenados. "Queremos saber quiénes organizaron y dieron plata, no solo quiénes halaron el gatillo", dicen ellas. El 27 de febrero de 2008, Daniel Andrés Pesca salió de su casa del barrio El Carmen de Bogotá a las seis de la mañana, después de despedirse de su esposa, Kelly Ruiz, y de sus dos hijos pequeños con un beso. A las cinco de la tarde devolvió el taxi en el que había trabajado todo el día en Bosa, otro barrio de esta capital. "Madrecita, el lunes te estoy llegando. No te afanes que traeré buen dinerito y los chocolates que tanto te gustan". Idali Garcera encontró esa nota el domingo 24 de agosto de 2008. Su hijo, Diego Alberto Tamayo, había salido un día antes de su casa en Soacha, tentado por una muy buena oferta de trabajo. El tenía trabajos esporádicos en la construcción y no parecía dispuesto a rechazar una oportunidad como esa. Ninguna de las tres familias se conocían. Pero tenían en común ser hijos o esposos de familias humildes, trabajadoras, de esas que deben gastar la suela de sus zapatos o doblar el cuerpo de dolor para conseguir "la platita" para la comida. Pero la herencia del presidente Alvaro Uribe y su delfín y candidato, el entonces ministro de defensa Juan Manuel Santos, las juntó en el dolor: Daniel, Jaime y Diego Alberto aparecieron asesinados cobardemente por la espalda a cientos de kilómetros de sus casas.

Vereda Las Liscas Ocaña Norte de Santander, personas desaparecidas en Soacha 
y posteriormente ejecutadas por la Brigada 15 del Ejercito Nacional de Colombia.
Foto; Diego Delgado.

Durante sus dos períodos presidenciales, Álvaro Uribe basó sus políticas en tres pilares, uno de los cuales fue la llamada seguridad democrática. Aunque el objetivo era recuperar el territorio que habían tomado los grupos ilegales, el camino se desvió en varias partes, y en múltiples ocasiones terminó con los asesinatos de campesinos que eran presentados como guerrilleros muertos en combate.

Estas ejecuciones extrajudiciales, llamadas "falsos positivos", no eran nuevas en el país pero sí aumentaron de manera drástica: 154 % entre el 2002 y el 2010, según el estudio "La política de seguridad democrática y las ejecuciones extrajudiciales". Este fue realizado por Édgar Villa y Ernesto Cárdenas, profesores de la Universidad de la Sabana y la Universidad Externado de Colombia, respectivamente, escribía la revista colombiana Semana.