Ese porcentaje de votos representó conseguir el 60% de los diputados electos para el parlamento.
Los últimos desencadenantes del conflicto, que sumergió a España en una larga y cruenta noche, de cerca de 40 años, se iniciaron el día 12 de julio, cuando el teniente de la Guardia de Asalto, José del Castillo, fue asesinado sobre las 22:00 horas por cuatro desconocidos de la derecha española.
"Los gritos de venganza no se hicieron esperar, la muerte de Castillo había colmado la paciencia de la Guardia de Asalto. Se culpó automáticamente a Falange de lo sucedido y en ese mismo lugar se puso en marcha una amplia operación policial cuyo objetivo era detener la creciente agresión fascista que desde hacía tiempo se estaba cebando con los oficiales afectos al Frente Popular. Esta operación desencadenó el secuestro y posterior asesinato del líder de las derechas y diputado José Calvo Sotelo tres horas después a manos de un grupo ajeno al operativo, organizado y liderado por Fernando Condés Romero, que ante el cadáver de Castillo y entre lágrimas había jurado venganza. La Guerra Civil había comenzado, se había encendido la mecha que detonaría el conflicto cinco días más tarde en un acuartelamiento de Melilla, ciudad donde comenzó el alzamiento y primer destino del teniente Castillo", según el El Diario de Guerra.
El 18 de julio de 1936 un grupo de militares encabezado por los generales Franco, Mola y Sanjurjo llevaron a cabo su conspiración contra el Gobierno legítimo republicano, dando comienzo uno de los periodos más oscuros (no porque haya dudas sobre el mismo, sino por sus consecuencias) y sangrientos de la historia del estado español. Ese fue el objetivo principal del golpe militar, el derrocamiento de la legítima Constitución republicana de 1931 con todas sus consecuencias, y del gobierno legalmente elegido en las elecciones de febrero de 1936.
El profesor e historiador Ángel Viñas, autor de numerosos libros sobre la Segunda República, en su obra "La conspiración del General Franco", recoge lo que quien fuera dictador durante casi cuarenta años, Francisco Franco, usó en la preparación de la sublevación del 18 de julio de 1936, y escribió en su Manifiesto de las Palmas: "La Constitución, por todos suspendida y vulnerada, sufre un eclipse total; ni igualdad ante la Ley, ni libertad aherrojada por la tiranía, ni fraternidad… ni unidad de la Patria, amenazada por el desgarramiento territorial más que por el regionalismo que los propios poderes fomentan; ni integridad y defensa de nuestras fronteras cuando en el corazón de España se escuchan las emisoras extranjeras que predican la destrucción y el reparto de nuestro suelo…".
El historiador Ángel Viñas encontró varios contratos con una empresa italiana para el suministro de 40 aviones y armamento, firmados días antes del golpe de Estado del 18 de julio de 1936, que demostrarían, según afirmaba, la vinculación de los monárquicos con el levantamiento armado de los militares y que desencadenó la guerra civil española.
Años antes, en 1934 el rey Alfonso XIII, que estaba exiliado en Italia, pidió apoyo a Mussolini para "un eventual golpe de Estado que se produjera en España para (...) restaurar la Monarquía" y consiguió que el gobierno fascista italiano se comprometiese a aportar 1.500.000 pesetas (moneda oficial de España en la época), 200 ametralladoras, fusiles y granadas de mano. Firmaron el acuerdo por parte española el general Barrera y representantes de los partidos Renovación Española (monárquico) y Comunión Tradicionalista (carlista)", según publica wikipedia sobre el Golpe de Estado del 18 de julio de 1936.
La sublevación militar que daría lugar a la Guerra Civil española (1936-1939) comenzó en la ciudad de Melilla, localidad española situada en el norte del continente africano, en la madrugada del 18 de julio. A continuación las guarniciones situadas en Sevilla, Córdoba, Huelva y Cádiz se unieron a los rebeldes, mientras en Málaga fracasaba el intento de los oficiales rebeldes de apoderarse de las guarniciones de la ciudad.
Para muchos historiadores el triunfo en la zona occidental de Andalucía de las tropas que traicionaron la legalidad vigente en la España de 1936, la República, fue clave en el desarrollo de la Guerra Civil, y en consecuencia de los cerca de 40 años de dictadura militar que vivió el pueblo español, en su conjunto, y especialmente las zonas con una identidad propia como Catalunya o Euskadi.
Hoy, 18 de julio de 2013, 77 años después de aquel golpe militar contra la República, legalmente establecida, España vive la dictadura de la política de la prepotencia, de la corrupción, del monopolio del poder económico, de la arrogancia, y del desprecio a la protección y el respeto de los derechos fundamentales de los seres humanos, de la falta de ética y moral política, social y empresarial.
Sobrevive bajo el absolutismo de un poder, supuestamente, emanado de las urnas, y con esa excusa les está permitido cualquier tipo de actividad y conducta, aunque sea contraria al pensamiento de aquellos que, a través de su voto, les delegaron la gestión del país.
Es un país sumido en tantos escándalos de corrupción política y empresarial, que está afectando a casi todo el espectro político, y gran número de empresarios, que seguramente tardará años en recuperar la confianza, por parte de la población, en sus estructuras tanto a nivel institucional como empresarial.
Siendo el siguiente el último caso irregular, según denuncia el diario español El País, en su portada de hoy: "Francisco Pérez de los Cobos (Presidente del Tribunal Constitucional) figura en la lista de donantes y afiliados del Partido Popular, según el documento al que ha tenido acceso EL PAÍS y que procede del sumario del 'caso Bárcenas'. Pagó al PP la cuota básica de militancia en Barcelona al menos en 2008, 2009, 2010 y 2011. El magistrado, que se ha negado a responder a este periódico, omitió su vínculo político cuando compareció en el Senado".
Los jueces y magistrados tienen prohibido, por ley, pertenecer a partidos políticos o sindicatos. Así, lo refleja el artículo 395 de la ley Orgánica del Poder Judicial: "No podrán los Jueces o Magistrados pertenecer a partidos políticos o sindicatos o tener empleo al servicio de los mismos".
Por otra parte, la Constitución prohíbe a jueces y magistrados pertenecer a partidos políticos y exige total independencia.
La Constitución refleja en su artículo 127:
2. La ley establecerá el régimen de incompatibilidades de los miembros del poder judicial, que deberá asegurar la total independencia de los mismos.
Algunas declaraciones, y actuaciones, de miembros del ejecutivo español hacen presentir que están más cerca de los principios ideológicos de 1936, que de los años actuales.
muy bueno
ResponderEliminarlo mejor es el bigote de Franco
ResponderEliminarMe pone un huevo
ResponderEliminarPedro Caballero es calvo
ResponderEliminarEntonces ? otro alzamiento? por parte de quien si la mayoria de las personas hoy en dia solo piensa en su bienestar, se acabaron la revoluciones porque el mundo entero está bajo el poder del capitalismo.
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