En vísperas de las celebraciones del día de la
Independencia de Perú, el pasado domingo, grupos de manifestantes chocaron el
día antes, sábado, con la policía durante una manifestación de protesta contra
el gobierno que terminó con carreras, gases lacrimógenos y detenidos. Todo
pocas horas antes de que el presidente Ollanta Humala inicie su tercer año de
gestión al frente del gobierno peruano.
"No fueron tiempos fáciles para Ollanta Humala. El jefe
de Estado terminó su segundo año con el nivel más bajo de popularidad y
golpeado por sus propios errores políticos, su terquedad y su falta de visión.
Todo por no haber mirado más allá de la ahora negada candidatura presidencial
de su esposa, Nadine Heredia", publicaba el pasado domingo, en su página web, el periódico peruano Perú21.
El mandatario enfrentó violentas protestas y
movilizaciones sociales, estudiantes, sindicales y políticas por haber desatendido
las demandas de fondo en seguridad ciudadana, educación y salud, así como por
no haber sabido explicar los alcances de una de las pocas reformas que impulsó:
la Ley del Servicio Civil, y rechazando la corrupción.
El sábado miles de peruanos se volcaron a las calles de Lima, marcando el cierre
de una semana de protestas y crisis del Congreso en Perú. Las protestas
se tornaron violentas en medio de incidentes con la Policía.
Al menos 5.000 personas marcharon ese día en una protesta contra el presidente Ollanta Humala, una de las más nutridas durante su gestión, en rechazo a algunas reformas que lleva a cabo el Gobierno y en momentos en que el apoyo al mandatario ha caído a su peor nivel.
Las movilizaciones en vísperas del Día Nacional, que era además el
segundo aniversario de gobierno de Humala, fueron convocadas por las dos
mayores centrales obreras, por organizaciones cívicas y por colectivos
formados sobre la marcha a través de las redes sociales. Y se realizaron
pese a que el ministerio del Interior les negó la autorización que, de
acuerdo a ley, solicitaron los organizadores, invocando medidas de
seguridad en torno a los actos celebratorios del 192 aniversario de la
independencia peruana.Al menos 5.000 personas marcharon ese día en una protesta contra el presidente Ollanta Humala, una de las más nutridas durante su gestión, en rechazo a algunas reformas que lleva a cabo el Gobierno y en momentos en que el apoyo al mandatario ha caído a su peor nivel.
Los manifestantes, entre jóvenes universitarios, trabajadores y miembros de partidos de oposición, fueron repelidos por la policía, que arrojó bombas lacrimógenas cuando algunos intentaron llegar al Congreso, en el centro de Lima. En estos choques se registraban ya, en la tarde de este sábado, al menos 15 detenidos y un número no determinado de heridos.
Flanqueados por una fuerte custodia policial, los manifestantes lanzaron diversas demandas como la derogatoria de una reciente ley de reforma laboral para el sector público, aumento de sueldos para médicos, mayores acciones del Gobierno para mejorar la educación y los servicios de salud y hasta cuestionaron la actuación del Congreso.
Según recogía Deustche Well en su página web, "El presidente Ollanta Humala y el ministro del Interior, Wilfredo Pedraza, advirtieron sobre la posible infiltración en la protesta de elementos de un grupo de ex presos y seguidores de la organización Sendero Luminoso con fines violentos, algo que negó la agrupación".
Pese a una expansión anual promedio de 6 por ciento durante una década y reservas récord en su banco central, el país minero sudamericano tiene pendientes reformas en educación y salud, que junto a la inseguridad y la corrupción -los mayores problemas de los peruanos según indican las últimas encuestas- se convierten en un factor de riesgo.
Los esfuerzos de Humala por democratizar el crecimiento han tropezado con la falta de consenso de los partidos, que parecen más preocupados por repartirse cupos de poder en instituciones clave, en medio de una prematura campaña de algunos políticos que desde ya miran a las elecciones presidenciales del 2016.
Perú, a pesar de llevar varios años de fuerte crecimiento económico, que no han alcanzado a los sectores más pobres del país, va alimentando una ola de malestar que está sacudiendo a diversos sectores de la sociedad.
El problema se puede agudizar en los próximos meses si el romance con los inversionistas se enfría a medida que la economía del país se desacelera por una menor demanda mundial de materias primas. El crecimiento del Producto Interno Bruto fue de 4,96 por ciento interanual en mayo, el segundo peor mensual del año tras el 7,7 por ciento de abril.
"El discurso de que todo está mal ha llegado y las protestas reflejan un rechazo a todo el sistema político", comentó a la agencia Reuters el politólogo y profesor universitario Carlos Meléndez.
En su discurso conmemorativo del 192 aniversario de la Independencia de Perú, Ollanta Humala se centró en los logros económicos de sus dos años de gestión, "Contamos con elevados niveles de reservas para hacer frente a una posible contracción derivada de la crisis económica mundial, tenemos un sólido sistema financiero, un bajo nivel de endeudamiento y una mayor capacidad adquisitiva de una pujante clase media", aseguraba el máximo mandatario peruano.
Sin embargo para algunos analistas, la suerte en el manejo de la economía, que se mantuvo en piloto automático desde que entró al gobierno, comenzó también a ser esquiva para él al registrarse una desaceleración en los índices macroeconómicos y un deterioro en la confianza del consumidor y de los empresarios.
Humala tuvo varios flancos débiles, pero el que más resintió a la población fue la imparable ola de delincuencia, ya que casi todas las semanas se reportaron robos y crímenes a cargo de los ‘marcas’ y sicarios. "Con los actuales niveles de delincuencia nadie se siente seguro en las calles", según comenta la prensa local.
Como sucedió a fines del pasado junio en Brasil, donde varios cientos de miles de personas salieron a las calles contra la presidenta Dilma Rousseff, y algunos gobernadores estatales, las protestas en Perú han surgido tras convocatorias en las redes sociales por jóvenes que se autodenominan "indignados".
Uno de los detonantes de las protestas fue un reciente escándalo en el Congreso por la elección de autoridades del Banco Central, del Tribunal Constitucional y de la Defensoría del Pueblo tras un polémico acuerdo entre los grupos políticos.
El escándalo salió a la luz pública tras la difusión -en un canal de televisión y luego en las redes sociales- de un audio con conversaciones de legisladores, en las que primó el interés partidario en lugar de los méritos de los escogidos.
"Estamos indignados, es un llamado de atención para Humala. No vamos a permitir más abuso de la clase política tradicional", dijo Giovana Panduro, una estudiante universitaria de 24 años que participó en una protesta en el centro de Lima.
Tras la presión de la prensa y las protestas, el Congreso retrocedió y dejó nula la elección, incluyendo la de tres directores del Banco Central, entidad que se queja que no puede gobernar bien con un directorio incompleto desde hace dos años.
"La protesta es la única forma para que los políticos sepan que hay ciertas líneas que no pueden cruzar", afirmó el profesor universitario y experto en política peruana Steve Levitsky.
Para el analista Meléndez, en estas manifestaciones destaca la presencia de una "clase media emergente más sensible a los temas sociales y menos tolerante frente la política tradicional".
"Es la calle la que se está expresando. Un poder popular que va más allá del ejercicio del voto, que presiona a los gobiernos y los hace retroceder en algunas de sus decisiones", dijo a la AFP el analista Luis Benavente, de la Consultora Vox Pópuli.
"En estos reclamos por mejoras sociales hay puntos de concidencia con las protestas en Brasil de las últimas semanas, y también con muchas demandas que se ven en España y otras partes del mundo", señaló.
De todas maneras, el divorcio existente entre la política y la economía es un factor de riesgo en el país, cuando una cuarta parte de sus 30 millones de habitantes todavía es pobre. De ellos, casi dos millones viven en la extrema pobreza sin acceso a los servicios de agua, electricidad, escuelas o centros de salud.
Aunque Humala prometió reducir ese porcentaje al 15% en 2016, la ralentización de la economía hace prever que será muy difícil cumplir con ese objetivo.
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