Nicaragua, La ley 779: Una polémica ley centro del enfrentamiento entre hombres y mujeres

Nicaragua vive una inusual polémica: grupos de hombres protestan contra la ley que combate la violencia de género contra mujeres. Y al mismo tiempo organizaciones feministas salen a las calles para defender la legislación.
La ley 779, Ley Integral Contra la Violencia hacia la Mujer, que entró en vigencia a finales de junio del pasado año, está en el centro de una polémica que tiene como contendientes a los hombres y mujeres de Nicaragua.
La ley tiene como objetivo actuar en contra de la violencia hacia las mujeres, proteger sus derechos y garantizarle una vida libre de violencia, tanto en el ámbito público como el privado.
La ley que castiga la violencia de género, que fue criticada por diferentes sectores de la Iglesia católica, evangélica, abogados e incluso magistrados, y defendida por las feministas y la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, mantiene enfrentados a mujeres y hombres en Nicaragua.
La Ley Integral contra la Violencia hacia las Mujeres, que entró en vigor el 22 de junio de 2012, ha sido recurrida cuatro veces por inconstitucionalidad y la titular del Supremo de Nicaragua, Alba Luz Ramos, su principal defensora, ha dicho que esa norma "es para combatir la violencia, no es una ley contra los hombres".
La ley que establece sanciones de hasta 30 años de prisión a los hombres que ejerzan violencia física o psicológica contra niñas, adolescentes y mujeres, también prohíbe la mediación entre la víctima y el agresor, así como crea juzgados especializados en violencia.
Los contrarios a la misma, apoyados por organizaciones civiles y representantes de las iglesias católica y evangélicas, dicen que la legislación -que acaba de cumplir un año de vigencia- rompe el principio constitucional de igualdad.
Esta ley sanciona el maltrato hacia las mujeres y tipifica el "femicidio" como el delito que comete el hombre que dé muerte, en privado o en público a una mujer, como resultado extremo de la violencia.
También castiga diversos tipos de violencia, como la física, psicológica, sexual y patrimonial.
Además, tipifica el maltrato habitual como delito autónomo y establece la improcedencia de la mediación en casos de violencia.
La norma impone hasta 30 años de prisión, la pena máxima, a los hombres que ejerzan violencia sobre las mujeres.
Los recursos de inconstitucionalidad están basados precisamente en que la ley no permite la mediación aunque la mujer perdone al hombre, y a que hay penas demasiado duras y rígidas contra los varones.
Según un análisis jurídico solicitado por la iglesia evangélica "Asamblea de Dios" y dado a conocer esta semana, esa ley "destruye el matrimonio y la familia, al no permitir la mediación en delitos de orden leve" y que la misma está dirigida "contra los hombres".
"Esta es una ley de venganza contra los hombres, odia a los hombres, y el contenido mismo de la ley genera eso", sostuvo ante periodistas el abogado Marlon Loásiga, uno de los que introdujo un recurso por inconstitucionalidad por esa ley.
"A un hombre por ser hombre lo mandan a un juez de excepción, es humillante porque ataca el valor supremo de la dignidad", comentó para la BBC Mundo Danilo Martínez Rodríguez, de la Asociación de Abogados Democráticos de Nicaragua (Adanic).
Pero los defensores de la norma advierten que ni siquiera la Ley 779 detiene las agresiones de género, ni mucho menos los asesinatos de niñas, mujeres y adolescentes.
"No es cierto que hay una cacería en contra de los hombres, al contrario, lo que reclamamos es que ha sido insuficiente", denunciaba Azalea Solís, del Movimiento Autónomo de Mujeres de Nicaragua, para la BBC.
Debora Grandison, Procuradora Especial de la Mujer, dijo que lo más difícil en el primer año de la Ley 779 ha sido la oposición de sectores de la sociedad "con cultura patriarcal" y de la iglesia de distintas denominaciones.
De acuerdo con la Comisaría de la Mujer y Niñez de Nicaragua, en ese país se presenta un promedio de 97 denuncias al día por delitos relacionados con violencia a las mujeres.
Además, según la Red de Mujeres Contra la Violencia de Nicaragua, hubo 83 femicidios desde que se aprobó la legislación.
Danilo Martínez (de la  asegura que no están en contra de los derechos de la mujer, sino en el procedimiento para juzgar a sus agresores.
"El hecho de que sean llevados ante un juez adoctrinado bajo una perspectiva de género, ya sesgada la visión a favor de la mujer y en contra de los hombres, es como una revancha".
"Esta es una ley de venganza contra los hombres, odia a los hombres, y el contenido mismo de la ley genera eso", sostuvo ante periodistas el abogado Marlon Loásiga, uno de los que introdujo un recurso por inconstitucionalidad por esa ley.
Sin embargo en declaraciones al periódico de Nicaragua, La Prensa, Mónica Zalaquett, directora del Centro de Prevención Contra la Violencia(Ceprev), afirmaba: "La Ley 779, Contra la Violencia Hacia la Mujer no es contra los hombres, sino contra el machismo". Y continua, "La Ley es un instrumento jurídico y de educación, lo importante es como van aplicarla los operadores de justicia. Sin embargo, como la ley es de avanzada hay una brecha entre la mentalidad machista y la ley, por lo cual debe educarse a la población".
Por otra parte, advirtió la especialista que de aceptarse una reforma e incorporarse la mediación, existe el peligro de que la ley sea convertida "en papel mojado".
Para terminar denunciando que hay muchas mujeres que sufren violencia que no lo saben, pero que tampoco conocen la ley.
La polémica desatada se centra en los grupos religiosos y abogados independientes que califican de injusto ese conjunto de leyes porque prohíbe la mediación, y consideran que desintegra a la familia, y los organismos y movimientos de mujeres que la defienden.
Para algunas personas consultadas, una alternativa sería establecer la mediación en los casos de delitos leves, donde no existan lesiones y la sanción contemplada no exceda un año de prisión.
Pero el Movimiento Autónomo no está de acuerdo. "No existe violencia contra las mujeres que sea mínima", recuerda Azalea Solís.
La mediación no detiene a la muerte: según el Movimiento el 33% de las mujeres asesinadas habían aceptado la mediación.
En muchos casos la conciliación implica perdonar a los agresores, y en consecuencia diluye la posibilidad de un castigo.
"La violencia no se ha detenido y tampoco se ha puesto coto a la impunidad. Realmente es muy poca la cantidad de hombres que están detenidos por esta ley", insiste la activista.
Mientras, las organizaciones de mujeres de Nicaragua se preparan para intensificar las protestas.
Uno de los argumentos centrales es que la legislación se aplique por completo pues, por ejemplo, muchos jueces aplican la mediación entre víctima y agresor, a pesar de que está prohibido.
En el fondo, señala Azalea Solís, el problema es que en algunos sectores del país aún se mantiene una visión conservadora sobre el papel de las mujeres.
"Principalmente algunos sectores de la Iglesia Evangélica –que son los que recaban firmas contra la ley- consideran que hay un rol tradicional que la mujer debe cumplir", explica. "Pero no se cuestionan que la violencia es parte de ese mismo rol", concluía para en declaraciones a la BBC.
Para Mauro Ampié, director del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, Cenidh, "la aplicación de la Ley 779 no ha tenido la efectividad esperada y en el primer año de puesta en práctica los femicidios no se han detenido".
Por su parte, Enelbia María Ballesteros, psicóloga del Movimiento de Mujeres María Elena Cuadra, MEC, declaraba al periódico nicarguense, El Nuevo Diario, "Para muchos grupos la ley es mala, hasta satánica y antihogar, pero no es así. Solo se perjudica al agresor, y el que no aplica violencia en su hogar no tiene nada qué temer. La ley implica un cambio de actitud por parte de los agresores".
Sin embargo, el poder judicial ya manifestó que hay consenso para eliminar el artículo 46 de la Ley 779, para restituir la mediación en delitos menos graves.
Si se restituye la mediación debe ser bajo ciertos criterios, dijo Ramos, entre estos que el agresor no sea reincidente, que el delito no sea grave, que se le aclare a la víctima que es voluntaria y que se haga frente al fiscal y el juez, declaraba Alba Luz Ramos, presidenta de la Corte Suprema de Justicia, para la prensa local.
Según la Red de Mujeres contra la Violencia y Comisarías de la Mujer y la Niñez, se han producido 90 femicidios, de junio 2012 a junio 2013, y 939 causas por delitos sexuales, de enero a marzo 2013.
Francis Ramona Rio Bravo de 17 años de edad, fue la última víctima de feminicidio. El pasado 4 de julio fue asesinada por su novio en Matagalpa. Ella fue la quinta víctima en lo que va de año en esa ciudad nicaraguense.
 

Grupo de mujeres se manifiestan por la aplicación de la Ley. LA PRENSA/J. TORRES