España, Los absurdos de un gobierno que no causan impacto mediático

El Ministerio de Justicia, del que es titular el señor Alberto Ruiz-Gallardón, una vez más en medio de la polémica, ha denegado la nacionalidad española a una niña de tres años y medio de padres congoleños nacida en el Hospital de Cruces de Barakaldo porque, entre otras circunstancias, no se ha justificado su "buena conducta cívica".
La pequeña es la única de esta familia de congoleños instalados en España hace 10 años -y que viven en Galdakao, País Vasco, desde poco antes del nacimiento de la niña- a la que negaron la ciudadanía.
La resolución de Justicia establece que la pequeña no ha justificado esta conducta ejemplar dado que "no cuenta con autorización de residencia en España desde el 8 de junio 2012", por lo que desde esta fecha se encuentra "en situación irregular".
En declaraciones a Efe, Javier Canivell, responsable del equipo jurídico de Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) en Euskadi, ha explicado que la niña ha vivido siempre en Galdakao -la nacionalidad puede solicitarse tras un año de residencia legal en España- y cuenta con este permiso hasta 2017.
Curiosamente, a su hermana, también menor de edad, el Ministerio de Justicia le ha concedido la nacionalidad, según ha detallado Canivell, que ha avanzado que CEAR recurrirá el dictamen denegatorio.
El abogado ha criticado que la supuesta conducta cívica de las personas dependa de la posesión del permiso de residencia y ha asegurado que este principio, aplicado a una niña, resulte "casi de racismo institucional".
Este abogado ha enmarcado esta resolución en una serie de medidas impulsadas por el Gobierno central para resolver el "atasco" en la tramitación de solicitudes de residencia que se llevó a cabo a finales del pasado año y que han dado lugar a "resoluciones descabelladas".
Como consecuencia de la denegación de la solicitud de nacionalidad a esta niña de Galdakao, el diputado de Amaiur por Bizkaia Jon Iñarritu ha presentado en el Congreso de los Diputados una pregunta dirigida al Gobierno en la que insta a aclarar los "criterios" en los que se ha basado el Ministerio para "determinar que la buena conducta de la niña de tres años no está justificada".
Tras estimar que la justificación señalada en esta resolución es "ridícula", Amaiur insta a dar a conocer el número de expedientes de solicitud de nacionalidad de residencia requeridos por menores de 14 años en los últimos diez años.
¿Qué podría haber hecho la niña? Se trata de la exigencia del artículo 22.4 del Código Civil, que requiere el certificado de antecedentes penales español y el del país de origen. Este documento no suele exigirse a los menores de edad, señala Rubén Baz, subdirector general de Nacionalidad y Estado Civil de la Dirección General de los Registros y del Notariado del Ministerio de Justicia.
En otro caso, con semejante grado de absurdo, no saber el nombre de la esposa del ex presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, Sonsoles Espinosa (yo he tenido que buscarlo para saberlo), le ha impedido a un inmigrante senegalés conseguir la nacionalidad española, según informaba eldiario.es.
El Registro Civil de Almería consideró que desconocer el nombre de la mujer de Zapatero, Sonsoles Espinosa, demostraba "no estar integrado en la sociedad española". Así, después de 10 años viviendo en España, durante los cuales ha trabajado como vendedor ambulante, Magou Ndoye, no ha podido conseguir la nacionalidad. Los hechos se produjeron el pasado 28 de enero y, ahora, la Audiencia Nacional ha admitido a trámite su recurso.
El abogado ha indicado que Magou Ndoye asegura que presentó toda la documentación necesaria y "respondió correctamente a todas las preguntas" formuladas por los funcionarios del Registro Civil de Almería, a excepción de una de ellas, la relativa al nombre de la mujer de José Luis Rodríguez Zapatero.
Marcelo Quilez, abogado de Ndoye, asegura que en el recurso ha "argumentado que se trata de una barbaridad. Debe de haber miles de españoles que no saben cómo se llama la esposa del expresidente del Gobierno".
Magou Ndoye sobrevive en la capital almeriense dedicado a la venta ambulante y ha tenido que pagar 568 euros para poder presentar el recurso ante las altas instancias judiciales, restando esta cantidad de los ahorros que tenía para poder enviar a su familia y viajar a Senegal. Según manifiesta su abogado, "afortunadamente, la procuradora de Madrid ha rebajado sus emolumentos y yo no le cobro, pero ha tenido que pagar las tasas judiciales de 400 euros. No sé si ha habido más casos pero está claro que los profesionales de la Justicia estamos indignados por estas tasas que se cobran y que están impidiendo que muchos ciudadanos se decidan a pleitear por falta de recursos. Yo, desde luego, voy a por todas y me satisface plenamente que la Audiencia Nacional haya admitido a trámite el recurso y haya emplazado al ministro para que se den explicaciones".
Se ruega difusión.