Brasil, Se inician los juicios por los asesinatos, 20 años atrás, en el presidio de Carandiru

 
El 2 de octubre de 1992 se vivió una de las violaciones de los derechos humanos más importate sucedida en Brasil. La masacre de Carandirú (nombre con el que son conocidos en los medios de comunicación brasileños los hechos) tuvo lugar en la Penitenciaría del mismo nombre, situada en el Estado de São Paulo, cuando tras una rebelión dentro del centro murieron 111 reclusos a manos de la Policía Militar del Estado de São Paulo.
Veintiseis policías militares, que participaron de la misma, se sentaron ayer en el banquillo de los acusados, como responsable por el asesinato de 15 de las 111 víctimas de la acción de la policía militar de Brasil.
El juicio, tras dos aplazamientos por diferentes motivos, se inició ayer, tras el sorteo, por parte del juez José Augusto Nardy Marzagao de los siete nuevos jurados, de una lista de 25 candidatos, con la lectura de los cargos a los acusados.
Todo se inició ese día de octubre por una simple pelea entre dos presos –Coelho y Barba– en el Centro de Detención situado al norte de la ciudad brasileña de São Paulo y acabó con la vida de 111 reclusos del pabellón 9 del presidio de Carandirú (demolido el 9 de diciembre de 2002), 102 murieron por disparos y los otros nueve por heridas producidas por armas blancas. Según los relatorios de la época 22 policías fueron heridos, ninguno de ellos por impacto de bala.
Los presos no se habían amotinado ni pretendían fugarse de la cárcel; incluso depusieron sus armas sin ofrecer ninguna resistencia, sobrevivientes afirman que los presos arrojaron todos los objetos punzantes por las ventanas del presidio cuando vieron llegar a la policía militar; aún así, 102 internos fallecieron acribillados por los más de 500 disparos efectuados por los miembros del Grupo de Acciones Tácticas Especiales, con ametralladoras, fusiles y pistolas automáticas, apuntando principalmente a la cabeza y al tórax, según se refleja en el informe Masacre de Carandirú, Basta de Impunidad, realizado por los investigadores Sandra Carvalho y Evanize Sydow.
Para Amnistía Internacional, el juicio que se inició ayer, sobre la responsabilidad policial en la "masacre de Carandirú", la mayor matanza en las cárceles brasileñas ocurrida en Sao Paulo hace más de 20 años, debe marcar el "principio del fin de un largo legado de impunidad".
El hecho de que las autoridades de Brasil no hayan procesado a nadie hasta la fecha "ha reforzado los abusos que han caracterizado el sistema de detenciones de ese país", continúa diciendo AI.
Según Atila Roque, directora de la oficina de Amnistía en Brasil, el juicio debe suponer "un punto de inflexión", pues durante todo este tiempo "el retraso para llevar a los responsables de la masacre ante la justicia ha sido una nube negra" para Brasil.
"En Carandirú había, indudablemente, un excesivo uso de la fuerza, y hay una sólida evidencia que apoya la sospecha de que la policía cometió ejecuciones extrajudiciales", apuntó Roque.
A las 13:30 de aquel 2 de octubre comenzó una pelea en el centro penintenciario, poco después, como consecuencia de la misma, dos presos resultan heridos. Cuarenta y cinco minutos (14:15) después de iniciado el conflicto, los funcionarios de la cárcel intentan calmar los ánimos de los reclusos. Dada la dificultad de los mismos, para controlar la situación, la alarma es accionada, y con la misma la Policía Militar, que llega 15 minutos más tarde al centro de detención, eran las 15:00 horas. Veinte minutos después el director del presidio intenta conversar con los detenidos, y a las 16:10 los directores y otros funcionarios son retirados del local por efectivos de la Policía Militar, mientras la fuerza de choque de ese cuerpo invade el penal cinco minutos más tarde. 286 policiais militares fuertemente armados entraron en el complejo.
Diez minutos después resuenan los primeros disparos de las armas de fuego en poder de la policía, los presos abandonan las zonas exteriores del recinto y corren hacia los pabellones, ni en esa zona, ni en la planta baja se produjeron víctimas tras la invasión.
Sin embargo, con la Policía Militar invadiendo las galerías superiores del pabellón nueve se producen las primeras víctimas. En el primer piso, con las tropas al mando de un comandante, se produjeron 15 muertes. En el segundo piso, con las tropas de choque comandadas por el comandante Valter Alves Mendonça, el número de personas fallecidas por arma de fuego llega a las 78. En los pisos tercero y cuarto se encontraron 8 y 10 cuerpos respectivamente.
A las 16:45 se ordena el cesar fuego, cuarenta y cinco minutos después (17:30), la Policía Militar ordena a los presos que se desnunden y comienzen a correr, totalmente desnudos, por el patio exterior. Posteriormente son obligados a retirar los cuerpos de las diferentes galerías del pabellón 9.
A las 20:00 horas, el Gobierno informa a los medios de comunicación que la acción ha dejado 8 presos muertos. Cuatro horas más tardes los presos de Carandirú son autorizados a volver a sus celdas y los cuerpos de las víctimas empiezan a ser retirados del recinto.
A la 04:30 la Policía Militar abandona el presidio dejando tras sí un rastro de sangre y muerte que los sobrevivientes no olvidarán en años.
A las 16:30 horas, del sábado 3 de octubre, el Gobierno anuncia la cifra real de muertes: 111. Falta sólo media hora para que cierren los colegios electorales en el primer turno de las elecciones municipales. Toda una estrategia política por detrás de la demora en dar a conocer a la opinión pública lo que había sucedido realmente el día anterior en el presidio de Carandirú.
Hace 20 años el Ministerio Público de São Paulo presentó una denuncia contra los 120 policias militares acusados de participar en la masacre de 111 presos en la Casa de Detenção. Nadie fue condenado hasta la fecha. Tampoco nunca se realizó la pericia de las armas de los policías que participaron en la operación.
El ex preso en Carindurú, y sobreviviente a la masacre, Francys Lins, en la actualidad misionario evangélico, declaró años después respecto a los sucesos "Existe una pena para el hombre que viola el derecho de una sociedad, pero no existe una pena para una sociedad que viola el derecho de un hombre".
Las celdas de los detenidos mostraban los impactos de entre 5 y 8 balas, lo que demuestra la violencia empleada y el uso indiscriminado de la misma en personas desarmadas y acorraladas.

Los cuerpos de los detenidos asesinados fueron colocados en cajas de madera. Foto: Epitácio Pessoa/04.10.1992/AE

Una mujer limpia el suelo de una de las galerías, con los cadáveres de los presos, en improvisados cajones, situados en el corredor.

En junio de 2001, el coronel Ubiratan Guimarães, responsable por toda la operación, fue inicialmente condenado a 632 años de prisión por 102 de las 111 muertes en la masacre, no llegó a acumplir ni un día, (seis años por cada homicidio y veinte años por cinco tentativas de homicidio). Sin embargo al año siguiente, fue elegido diputado estatal de São Paulo, después de dictada la sentencia condenatoria y durante el trámite de la apelación de dicha sentencia. Por tal motivo, la apelación fue realizada el 15 de febrero de 2006 por la Junta Especial del Tribunal de Justicia, es decir, por los 25 magistrados más antiguos del estado de São Paulo. La junta reconoció por veinte votos contra dos que la sentencia condenatoria dictada por el jurado contenía un error, y aceptaron el argumento de que sólo estaba siguiendo órdenes. Esta revisión terminó por absolver al demandado, lo cual causó indignación en varios grupos de derechos humanos que acusaron el dictamen absolutorio de ser un "paso atrás" de la justicia brasileña.Para Amnistía Internacional "el sistema judicial de Brasil, en el mejor de los casos ha ignorado y, en el peor, ha mostrado un desdén absoluto por cualquier concepto de justicia y los derechos de los que fueron asesinados de forma brutal y vergonzosa en Carandirú".
Para el portavoz de Amnistía Internacional en Brasil "la masacre de Carandirú está ligada a dos problemas sistemáticos que continúan siendo una plaga en los sistemas de detención de Brasil.Estos son las extensas torturas y las condiciones crueles, inhumanas y degradantes de los centros de detención del país y la reticencia de las autoridades para abordar estos problemas mediante reformas efectivas o mediante la investigación de los autores".
AI, asimismo, lamentó que estos problemas se hayan "agravado" en las últimas dos décadas, pues el número de reclusos en Brasil ha aumentado de 114.377 en 1992 a 514.582 en 2011, según cifras oficiales.
La Justicia procesará a 79 policías en cuatro fases, dado su elevado número, aunque en total eran 84 los acusados, cinco de los mismos ya han fallecido.
Pero la sociedad brasileña se muestra escéptica sobre los resultados de estos juicios, 20 años después de la barberie.
En 2003, Héctor Babenco dirigió una versión cinematográfica de aquella masacre en la película Carandirú. José Ismael Pedrosa, el que fuera director del Centro de Detención cuando los militares entraron en la cárcel, apareció muerto dos años más tarde.
El 10 de sepetiembre de 2006, se encontró el cadáver del ex militar y diputado Ubiratan Guimarães, responsable de la operación, asesinado en su casa con un único disparo en el pecho, crimen que aún está pendiente de resolución. Aunque intentaron desvincularlo de la masacre de forma oficial, pero esta teoría no defiende debido a las inscripciones encontradas, en la pared del edificio donde vivía. En pintadas con aerosol se podía leer, "aquí se hace, aquí se paga", lo cual hacía referencia a la masacre de Carandiru.

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