Myanmar, ex Birmania, el ejército impone su campaña de limpieza étnica

Las fuerzas de seguridad de Myanmar apoyadas por monjes budistas cometieron "crímenes contra la humanidad" en una campaña de limpieza étnica que desplazó a más de 125.000 musulmanes Rohingya, en el sudoeste del país, de acuerdo con un nuevo reporte de Human Rights Watch (HRW).
El reporte surgió la misma semana que miembros de la Unión Europea se reúnen para determinar si levantan las sanciones a Myanmar (Birmania).
El informe de 153 páginas, “‘All You Can Do is Pray’: Crimes Against Humanity and Ethnic Cleansing of Rohingya Muslims in Burma’s Arakan State” (‘Solo queda rezar’: Delitos de lesa humanidad y limpieza étnica de musulmanes rohingyas en el estado de Arakán en Birmania), documenta el papel del gobierno de Birmania y las autoridades locales en el desplazamiento forzado de más de 125.000 musulmanes rohingyas y otros musulmanes, y describe la crisis humanitaria que se vive en la actualidad. 

Los Rohingya son una minoría de musulmanes apátridas que viven en Rakhine, en el sudoeste de Myanmar, se estima que son entre 800 mil y un millón, y reclaman que han sido perseguidos por el Ejército de Myanmar durante décadas de dominio autoritario. A pesar de que mucho Rohingyas solo han vivido en Myanmar, los tres millones de budistas de Rakhine los ven como intrusos del país vecino de Bangladesh.
El grupo de derechos humanos entrevistó a más de 100 personas en ambos lados del conflicto a raíz de la violencia sectaria en el estado de Rakhine que en 2012 causó la muerte de 180 personas, y concluyó que el gobierno de Myanmar y sus fuerzas de seguridad aprobaron estratégicamente las agresiones.
"La ausencia de responsabilidad contra los culpables acreditó los reclamos de que esto fue una campaña de limpieza étnica dirigida por el gobierno en la que se cometieron crímenes contra la humanidad", detalló el reporte.
Hay testigos que describieron cómo las fuerzas de seguridad vieron o se unieron a grupos que portaban machetes, espadas, armas caseras y bombas molotov mientras descendían en la villas en lo que aparentemente fue una serie de ataques coordinados en pueblos en gran parte del estado. Human Rights Watch dijo que las imágenes de satélite de cinco de los 13 pueblos atacados desde junio del pasado año, muestran 4.862 estructuras destruidas en 140 hectáreas de propiedades, principalemente, musulmanas.
En el peor incidente en la villa de Yah Thei el 23 de octubre de 2012, murieron más de 70 rohingyas incluyendo 28 niños de los cuales 13 eran menores de cinco años.
Pero el pasado mes de marzo, como ya informamos en este blog, otras 43 perdieron la vida en un nuevo caso de violencia sectaria en el centro del país.
El grupo de derechos humanos culpó a los monjes budistas locales y al Partido de Desarrollo de Nacionalidades de Rakhine de motivar y orquestar la violencia. El reporte indica que estos y otros grupos ultranacionalistas emitieron panfletos y declaraciones públicas satanizando a los Rohingyas, recurriendo a la frase "limpieza étnica".
"Durante la primera ola de violencia en junio, las fuerzas de seguridad no solo vieron cómo las comunidades musulmanas eran atacadas, sino que en algunos casos participaron directamente en los ataques", dijo a CNN, Matthew Smith, representante de la oficina de HRW en Bangkok.
El representante dijo que el gobierno sigue culpando a la "violencia comunal" aún cuando sabía de los ataques y pudo haberlos prevenido, y señaló que las autoridades bloquearon la asistencia a las víctimas desplazadas.
Según la ONG, "tras la violencia entre arakaneses y rohingyas en junio de 2012, las autoridades gubernamentales destruyeron mezquitas, llevaron a cabo arrestos masivos de forma violenta y bloquearon la ayuda a los musulmanes desplazados".
Human Rights Watch reconoció que los budistas locales de Arakan también fueron desplazados por la violencia, pero que fue la comunidad Rohingya la que sufrió décadas de abuso bajo las leyes discriminatorias de ciudadanía.
La mayoría de los budistas han continuado con sus vidas normalmente, atendiendo sus campos, yendo a beber té y asistiendo al monasterio, mientras los musulmanes Rohingya aún son objeto de abusos de las fuerzas de seguridad y viven bajo una política de segregación y contención en campamentos del gobierno, de acuerdo con Smith.
El vocero del presidente de Myanmar, Ye Htut, acusó a HRW de publicar su reporte al mismo tiempo que la Unión Europea toma su decisión. "El gobierno no pondrá atención a un reporte que consigna una sola versión", escribió en su página de Facebook.
El mes pasado, el presidente de Myanmar, Thein Sein, colocó la ciudad de Meiktila en estado de emergencia por un conflicto sectario. El presidente dijo que algunos estaban explotando la situación para generar violencia en otras partes del país.
Por su parte, Human Rights Watch reveló evidencias sobre la existencia de cuatro fosas comunes en el estado de Arakán: tres de ellas están directamente relacionadas con los episodios de violencia de junio, y la cuarta con los hechos violentos que tuvieron lugar en octubre. Miembros de las fuerzas de seguridad intervinieron activamente para obstaculizar la posibilidad de rendición de cuentas y justicia al cavar fosas comunes que permitieran destruir pruebas de los delitos.