Catalunya, la rebeldía frente al totalitarismo lingüístico

Catalunya vive una vez más, otro a lo largo de su extensa historia, un problema lingüístico.
Después de años, desde la ley promulgada por el gobierno franquista el 5 de abril de 1938, tras penetrar las tropas franquistas en territorio catalán, prohibiendo el uso público de la lengua catalana, despues de años de oscuridad, clandestinidad, represión y desprecio, con la instauración del proceso de transición democrática en el país los ciudadanos de Catalunya intentaron recuperar el uso público de su lengua.
Desde la recuperación de las instituciones catalanas tras la muerte de Franco y el inicio del proceso de democratización del estado español, -y con la restauración de la Generalitat en 1977 y la aprobación del estatuto de autonomía en 1979, sustituido por el Estatuto de 2006-, se inicia un proceso de normalización lingüista que permanece hasta los días de hoy, siempre conviviendo con los críticos al proceso de reconvertir el catalán en la lengua habitual del pueblo de Catalunya.
El intento de imponer a la población escolar catalana el castellano en los centros educativos, siempre que sea solicitado por el padre de un alumno, ha provocado un acto de insumisión por parte de las autoridades de esa Comunidad Autónoma, que se niegan a aplicar la decisión judicial en los centros de su competencia, que ven en la misma un nuevo intento de discriminar el catalán frente al castellano.
El motivo de la discordia es la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), reiterando la doctrina del Tribunal Supremo, en relación a la introducción del castellano como lengua principal escolar, junto al catalán, en las clases en las que al menos el padre de uno de los alumnos así lo solicite.
Esta obligación de efectuar las aulas en castellano, para no discriminar al alumno que las solicite, significa que sus compañeros, que pueden desear recibir las mismas en catalán, las reciban en castellano, lo cual no deja de significar una discriminación de los deseos educativos de estos alumnos.
La Generalitat, como se conoce al gobierno de Catalunya, se recusa a aceptar la sentencia y alega que los alumnos que deseen recibir sus aulas en castellano las podrán recibir de forma individualizada en el mismo centro educativo.
La decisión del gobierno catalán ha levantado una polémica acerada entre los defensores y los detractores del uso del catalán como lengua vehicular en la enseñanza en Catalunya y especialmente de la inmersión de la enseñanza en ese idioma, priorizando el mismo frente al castellano en el modelo educativo.
Según la asociación Convivència Cívica Catalana, la plataforma que ayuda a las familias demandantes de una enseñanza bilingue, la decisión del TSJC obliga a la Generalitat a "impartir enseñanza bilingüe en las clases de 10 centros escolares de Cataluña donde los padres lo habían solicitado, es decir, se deberán utilizar como lenguas vehiculares de enseñanza las dos lenguas oficiales". Estos centros están situados en diferentes demarcaciones catalanas: cinco en Barcelona, tres en Tarragona y dos en Girona.
Según el Estatuto de Catalunya de 2006, se reconoce el catalán como lengua propia y como tal es la de uso normal y preferente en las administraciones y los medios de comunicación públicos catalanes y es también la lengua normalmente utilizada como vehicular y de aprendizaje en la enseñanza, reconociéndose como lengua oficial al catalán, junto a la lengua oficial del Estado español, el castellano.
La consejera de Educación de la Generalitat, Irene Rigau, ya ha anunciado que no aplicará las pretensiones del TSJC y ha añadido "es imposible cambiar el sistema lingüístico a todo el grupo por sólo un alumno".
Desde el gobierno de España las amenazas veladas a esta actitud de desobediencia a una sentencia de un Tribunal Superior, y el ministro de Educación español, polémico por otras declaracionas referentes al bilingüismo en Catalunya, ha comentado, "La Constitución (española) dice claramente que las sentencias judiciales deben cumplirse".
La polémica se trasladó a la capital de España cuando en el Congreso de los Diputados fueron expulsados tres miembros de la cámara del partido catalán Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) que intentaron dirigirse a la misma, durante sus intervenciones, en catalán. Joan Tardà alegó que si una ley obligaba a cambiar la enseñaza en Catalunya por causa de un alumno, también se debería aplicar la norma en la Cámara de diputados cuando un miembro quisiese dirigirse al resto de diputados en un idioma diferente del castellano.
El periódico El País recordaba tras las declaraciones enfrentadas de unos y otros, "El debate de las lenguas escolares en zonas bilingües existe y ha existido en distintas comunidades de España y en todo el mundo, sin que se haya encontrado una opción que no genere algún problema".
En la Comunidad Valenciana, cuyo gobierno está regido por el Partido Popular de la Comunitat Valenciana, la rama en dicha comunidad del partido en el gobierno español, el Partido Popular, el valenciano sufre con la falta de ofertas para estudiar en dicha lengua, especialmente en los estudios secundarios, a pesar de que la Ley establecía "que la enseñanza en valenciano fuese obligatoria en todos los niveles, pero la Administración no ha garantizado la existencia de suficientes programas en valenciano en todas las localidades ni a todos los niveles", según han manifestado desde la Confederación de Ampas Gonzalo Anaya (la asociación de padres y madres de alumnos en la Cominidad Valenciana).
En el fondo, aunque parezca un simple conflicto lingüístico, las desavenencias van mucho más lejos, cuestionándose en muchos casos el modelo del actual Estado español. Sólo debemos recordar el importante movimiento independentista existente en Cataluña y la actual lucha entre el Gobierno de esa nación y el del Estado español para la celebración de un referéndum sobre la autodeterminación de la misma.
Pero no será, en un momento de globalización económica y mundialización de las personas, que políticas autoritarias van a colaborar para una integración de las personas que conviven en un determinado país.
Catalunya es hoy un estado de carácter plurinacional y plurilingüístico en el que conviven personas de diferentes naciones, lenguas, creencias, ideas, y para sustentar ese espacio democrático necesita preservar la esencia de su patrimonio histórico: su lengua. Sin ella, conseguirían debilitar su identidad, su derecho a la diversidad o a la autodeterminación. Y Catalunya, como otros pueblos del mundo, simplemente luchan por mantener ese derecho, frente a posiciones totalitarias, que ven en el mismo un peligro a su autoritarismo y centralismo. Por eso, no es casualidad que las organizaciones más próximas a la derecha tradicional, al autoritarismo, al centralismo o el totalitarismo sean las que se oponen, con mayor rigor, a las posiciones contrarias a su ideario político.
Pero Catalunya tampoco debe olvidar, en este contexto de globalización y mundialización, la necesidad de buscar el enriquecimiento cultural de sus ciudadanos con una educación equilibrada y plurilingüista. Y quizás en la experiencia educativa que se está llevando a cabo en algunos centros de Euskadi (País Vasco) se encuentra un buena fuente de inspiración: 20% euskera, 20% castellano, 20% inglés, y el otro 40% a criterio de los centros educativos.