La ONG Amnistía Internacional presentó ayer en Londres su informe anual sobre las condenas a muerte y ejecuciones en el mundo.
A pesar de varios decepcionantes retrocesos en 2012, continuó la tendencia mundial hacia el fin de la pena de muerte; es la conclusión a la que llega Amnistía Internacional en su examen anual de las condenas a muerte y ejecuciones.
En 2012 se reanudaron las ejecuciones en varios países que llevaban tiempo sin aplicar la pena capital, principalmente Gambia, India, Japón y Pakistán, y hubo un alarmante aumento de las ejecuciones en Irak.
En 2012 sólo se documentaron ejecuciones en 21 países del mundo, un número idéntico al de 2011 pero inferior al de 28 países registrado en 2003. Durante el pasado año transcedieron 682 ejecuciones, sin contar las que pudieron tener lugar en China, lo que representa dos más que el año anterior, y al menos 1.722 personas fueron condenas a muerte, dictadas en 58 países, mientras en 2011 fueron 1.923, y 63 los países que dictaron esa sentencia.
La mayor parte de las ejecuciones, según los datos aportados por esa ONG, se produjeron, por este orden, en China, Irán (314), Irak (129), Arabia Saudí (79) , Estados Unidos (43) y Yemen.
En 2012, los crímenes por los que se condenó a muerte fueron diversos, entre ellos delitos económicos y otros relacionados con drogas, pero también, según informa AI, actos como la "apostasía", la "blasfemia" o el "adulterio".
El año pasado, mientras algunos países como la India, en noviembre tuvo lugar la primera ejecución desde 2004, con el ahorcamiento de Ajmal Kasab, uno de los hombres armados que perpetraron los atentados de 2008 en Bombay, Gambia, donde, en agosto, fueron ejecutadas nueve personas tras unos 30 años sin ejecuciones, o Japón retomaban las ejecuciones, otros las suprimían, Letonia, o caminaban hacia la abolición de la misma, comoGhana, Mongolia, Singapur o Vietnam. Asimismo el Estado de USA, Connecticut se convirtió en el 17º estado abolicionista en abril.
En Europa, Bielorrusia siguió siendo el único país de la región que aplicó la pena de muerte, y lo hizo en estricto secreto, con la ejecución de al menos tres hombres en 2012.
Amnistía Internacional denuncia que la pena de muerte contra menores está prohibida por la el derecho internacional. Si ya es atroz condenar a un adulto a la pena capital más aún cuando se aplica sobre menores ya que son el colectivo más vulnerable e indefenso. Esta ONG asegura que en muchas condenas, los criterios aplicados para determinar la edad de los reos no son los adecuados.
Entre los métodos con los que cuentan las autoridades para determinar la edad de un joven figuran: el conocimiento del desarrollo físico, psicológico y social.
Amnistía también informa que al menos dos personas fueron ejecutadas cuando cometieron un delito siendo menores.
Fuad Ahmed Ali Abdulla fue condenado a muerte, en Yemen, tras haber sido declarado culpable de un asesinato que cometió presuntamente siendo menor de 18 años de edad. El tribunal consideró que tenía más de 18 años en el momento del presunto delito, a pesar del certificado de nacimiento mostrado por la familía a la Fiscalía General del país, en el que figuraba 1988 como año de nacimiento. Esa información demostraba que Fuad Ahmed Ali Abdulla tenía entre 16 y 17 años cuando cometió el presunto delito en junio de 2004. Según informaron las autoridades yemeníes fue ejecutado en la prisión de Taiz el 18 de enero de 2012.
La última ejecución, del 2012, se produjo el pasado 3 de diciembre, cuando un pelotón de fusilamiento mató en Saná, capital de Yemen, a Hind al Barti, condenada por un asesinato que cometió cuando tenía 15 años, y que sólo reconoció su autoría tras ser sometida a largas sesiones de torturas.
En este caso, la ONG Human Rights Watch denunció que Al Barti, según afirmó la misma en una entrevista con representantes de esa organización en la Prisión Central de Saná, firmó una confesión falsa que la implicaba en el delito después de que los policías la golpearan y amenazaran con violarla repetidas veces. La familia de Al Barti recibió la notificación de la ejecución apenas unas horas antes de que fuera fusilada.
Con esas dos ejecuciones, Yemen sumó 15 ejecuciones de menores, cuando cometieron el delito, en los últimos cinco años.
HRW asegura que hay otros 22 personas en el corredor de la muerte, también por delitos cometidos siendo menores, en el país.
Yemen y otros países siguen condenando a muerte a menores, en contra de lo establecido por el derecho internacional.
Según la misma organización, en Pakistán, cinco presos de la cárcel de Mach, en Baluchistán, están condenados a muerte por delitos que cometieron siendo menores de edad. Mientras en Nigeria, a pesar de que no se llevan a cabo ejecuciones desde 2006, hay condenadas unas 20 personas que eran menores en el momento de cometer el delito.
A pesar de varios decepcionantes retrocesos en 2012, continuó la tendencia mundial hacia el fin de la pena de muerte; es la conclusión a la que llega Amnistía Internacional en su examen anual de las condenas a muerte y ejecuciones.
En 2012 se reanudaron las ejecuciones en varios países que llevaban tiempo sin aplicar la pena capital, principalmente Gambia, India, Japón y Pakistán, y hubo un alarmante aumento de las ejecuciones en Irak.
En 2012 sólo se documentaron ejecuciones en 21 países del mundo, un número idéntico al de 2011 pero inferior al de 28 países registrado en 2003. Durante el pasado año transcedieron 682 ejecuciones, sin contar las que pudieron tener lugar en China, lo que representa dos más que el año anterior, y al menos 1.722 personas fueron condenas a muerte, dictadas en 58 países, mientras en 2011 fueron 1.923, y 63 los países que dictaron esa sentencia.
La mayor parte de las ejecuciones, según los datos aportados por esa ONG, se produjeron, por este orden, en China, Irán (314), Irak (129), Arabia Saudí (79) , Estados Unidos (43) y Yemen.
En 2012, los crímenes por los que se condenó a muerte fueron diversos, entre ellos delitos económicos y otros relacionados con drogas, pero también, según informa AI, actos como la "apostasía", la "blasfemia" o el "adulterio".
El año pasado, mientras algunos países como la India, en noviembre tuvo lugar la primera ejecución desde 2004, con el ahorcamiento de Ajmal Kasab, uno de los hombres armados que perpetraron los atentados de 2008 en Bombay, Gambia, donde, en agosto, fueron ejecutadas nueve personas tras unos 30 años sin ejecuciones, o Japón retomaban las ejecuciones, otros las suprimían, Letonia, o caminaban hacia la abolición de la misma, comoGhana, Mongolia, Singapur o Vietnam. Asimismo el Estado de USA, Connecticut se convirtió en el 17º estado abolicionista en abril.
En Europa, Bielorrusia siguió siendo el único país de la región que aplicó la pena de muerte, y lo hizo en estricto secreto, con la ejecución de al menos tres hombres en 2012.
Amnistía Internacional denuncia que la pena de muerte contra menores está prohibida por la el derecho internacional. Si ya es atroz condenar a un adulto a la pena capital más aún cuando se aplica sobre menores ya que son el colectivo más vulnerable e indefenso. Esta ONG asegura que en muchas condenas, los criterios aplicados para determinar la edad de los reos no son los adecuados.
Entre los métodos con los que cuentan las autoridades para determinar la edad de un joven figuran: el conocimiento del desarrollo físico, psicológico y social.
Amnistía también informa que al menos dos personas fueron ejecutadas cuando cometieron un delito siendo menores.
Fuad Ahmed Ali Abdulla fue condenado a muerte, en Yemen, tras haber sido declarado culpable de un asesinato que cometió presuntamente siendo menor de 18 años de edad. El tribunal consideró que tenía más de 18 años en el momento del presunto delito, a pesar del certificado de nacimiento mostrado por la familía a la Fiscalía General del país, en el que figuraba 1988 como año de nacimiento. Esa información demostraba que Fuad Ahmed Ali Abdulla tenía entre 16 y 17 años cuando cometió el presunto delito en junio de 2004. Según informaron las autoridades yemeníes fue ejecutado en la prisión de Taiz el 18 de enero de 2012.
La última ejecución, del 2012, se produjo el pasado 3 de diciembre, cuando un pelotón de fusilamiento mató en Saná, capital de Yemen, a Hind al Barti, condenada por un asesinato que cometió cuando tenía 15 años, y que sólo reconoció su autoría tras ser sometida a largas sesiones de torturas.
En este caso, la ONG Human Rights Watch denunció que Al Barti, según afirmó la misma en una entrevista con representantes de esa organización en la Prisión Central de Saná, firmó una confesión falsa que la implicaba en el delito después de que los policías la golpearan y amenazaran con violarla repetidas veces. La familia de Al Barti recibió la notificación de la ejecución apenas unas horas antes de que fuera fusilada.
Con esas dos ejecuciones, Yemen sumó 15 ejecuciones de menores, cuando cometieron el delito, en los últimos cinco años.
HRW asegura que hay otros 22 personas en el corredor de la muerte, también por delitos cometidos siendo menores, en el país.
Yemen y otros países siguen condenando a muerte a menores, en contra de lo establecido por el derecho internacional.
Según la misma organización, en Pakistán, cinco presos de la cárcel de Mach, en Baluchistán, están condenados a muerte por delitos que cometieron siendo menores de edad. Mientras en Nigeria, a pesar de que no se llevan a cabo ejecuciones desde 2006, hay condenadas unas 20 personas que eran menores en el momento de cometer el delito.
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