Portugal: la política de austeridad, que enfrenta al poder legislastivo y al judicial, empobrece el país.

Charles Montesquieu (1689-1755) y Juan Jacobo Rousseau (1712-1778) en Francia, son autores claves a la hora de analizar los poderes que rigen el Estado democráctico.
El primero criticó los deseos de mantener el poder en una única institución o persona. Dando, de esta manera, las bases a la teoría del gobierno democrático, con la separación de los tres poderes, legislativo, ejecutivo y judicial, como mecanismo de control recíproco entre los mismos. Esta era la única posibilidad de acabar con los abusos de los estados totalitarias y monarquías absolutistas.
Por su parte, Rousseau en su obra "El Contrato Social" expresa que el gobierno debía ser consecuencia de un "contrato" aceptado libremente por los ciudadanos, y que la soberanía no habría de ser ejercida por un monarca sino por los propios ciudadanos.
En estos días Portugal está poniendo el ejemplo de lo que debe representar la función de cada uno de los poderes de un Estado democrático, al rechazar el Tribunal Constitucional del país cuatro de las medidas, de austeridad, que quería implementar el ejecutivo, a través de los Presupuestos Generales para 2013, en el país para luchar contra la crisis económica que asola el mismo.
Los 13 jueces del Constitucional examinaron los artículos del presupuesto de 2013, que impuso la subida de impuestos más grande que se recuerda y recortes salariales para los funcionarios y pensionistas, y determinaron que algunas de las acciones que querían implementarse atentaban contra la Constitución del país.
Las propuestas, que representarían una economía de más de 1.300 millones de euros para las arcas del Estado, también significaban unas medidas antisociales, y como han comentado los jueces que componen el TC, eran anticonstitucionales.
Independientemente de lo que represente económicamente, el rechazo a la suspensión de la paga extraordinaria de vacaciones a los jubilados y pensionistas a partir de los 1.100 euros (y una parte a partir de los 600 euros), la contribución de 5% y 6% respectivamente, a la Seguridad Social a las personas que reciben ayuda por desempleo o baja por enfermedad, el Tribunal ha demostrado su independencia frente al poder legislativo.
Esta decisión dificultará que se ejecuten los presupuestos para este año, pero de alguna manera insta al legislativo a buscar fórmulas alternativas que le permitan al gobierno cumplir con las metas establecidas por la Unión Europea para no incumplir con el 5,5% de déficit fiscal pactado con la Troika.
"Las normas, las leyes y también los presupuestos se tienen que adaptar a la Constitución, y no la Constitución a los presupuestos", indicó el presidente del tribunal, Joaquim Sousa Ribeiro.
Durante los últimos días, el primer ministro, Pedro Passos Coelho, efectuó diversas declaraciones intentado presionar la decisión del TC. Entre ellas afirmaba que si el TC rechazaba sus presupuestos, o algunas de las medidas aprobada, su gobierno no tenía un "plan B", insistiendo por ello en que los jueces ponderasen bien las consecuencias que traería para el país su decisión. Ante estas palabras, el presidente del TC respondía esta noche diciendo que "los jueces no se dejan presionar".
El presupuesto de 2013, uno de los más austeros de la historia de Portugal, impone un aumento generalizado de los impuestos para reducir el gasto en 5.300 millones de euros a cambio de un rescate de 78.000 millones de euros acordado en mayo de 2011 con la UE y el FMI.
Para Passos Coelho, la decisión del Tribunal Constitucional significa un nueva contrariedad, tras el disguto que le provocó la dimisión de su ministro adjunto Miguel Relvas, encargado asimismo de los Asuntos Parlamentarios, después de meses de polémica sobre la obtención de su diploma universitario.
Por su parte la Unión Europea presiona al país para que se mantenga en la política de austeridad, y continue su programa de ajustes, según indicaba en un comunicado emitido tras la sentencia del TC portugués, "La continua y decidida implementación del programa (de ajuste) es la mejor manera de restablecer el crecimiento económico sostenido y mejorar las oportunidades de empleo en Portugal".
Para contrarrestar la pérdida de la economía prevista con sus medidas, el gobierno portugués dictaminó ayer, prohibir cualquier nuevo gasto en las administraciones y servicios del sector público e imponer una autorización especial del Ministerio de Finanzas para pagos imprevistos.
En esta situación  hay hospitales que se quejan de no poder renovar equipos y medicamentos, comisarías en las que falta el papel, trámites administrativos parados por falta de tinta en las impresoras o películas extranjeras que no poduen ser subtituladas y se proyectan en la filmoteca nacional en lenguas que nadie entiende.
Con una caída del PIB, en el último trimestre del pasado año, del 3,8%, el peor dato desde 1975, aunque se espera que durante este año vuelva a mostrar signo positivo, más de un 25% de pobres según informa Cáritas, al mismo tiempo que preveia un empeoramiento de la situación, de no cambiar las políticas de austeridad y recorte, el periódico El País publicaba ayer: "La clase baja se arrastra, la clase media se asfixia, ahogada y amedrentada con oleadas de recortes y subidas brutales de impuestos en un país en el que el salario medio ronda los 850 euros y el mínimo no alcanza los 500. Vuelven penurias viejas y costumbres en blanco y negro olvidadas: hay niños que cenan la sopa boba del tupper proporcionado por la escuelas porque sus familias no tienen con qué alimentarles; se producen regateos arriesgados para esquivar al médico porque la consulta en urgencias cuesta 20 euros; proliferan los vales descuento para comprar casi de todo, y crece la fiebre por una lotería de andar por casa, A Raspadinha, que por un euro da la posibilidad de ganar un sueldo para un año entero".

Cientos de médicos se manifestaron el martes ante el ministerio de Sanidad portugués en Lisboa en contra de los recortes. / Pedro Nunes (Sipa)

El primer ministro, el conservador Pedro Passos Coelho, avisó de que el Gobierno, para tapar el agujero que la sentencia del Tribunal Constitucional le ha provocado en sus cuentas públicas, aproximadamente unos 1.300 millones de euros, les obligará a economizar en partidas sanitarias, en educación, en gastos de Seguridad Social y en transportes públicos.
Pero el FMI va más lejos en sus "sugerencias" para estabilizar las cuentas del país y recomienda despedir a cerca de un 20% de los funcionarios públicos, de los 600.000 que existen en la actualidad,
y a un 15% de, los cerca de 100.000, profesores del sistema nacional de educación.
En esta situación el pueblo mira de reojo al espíritu de Abril, mientras desempolva uno de los emblemas de la revolución de los claveles, la canción Grândola, Vila Morena.