Estados Unidos, Nuevo caso de trabajo esclavo

Según informaba hoy la agencia Associated Press (AP), Nueve propietarios y gerentes de tiendas 7-Eleven, una cadena multinacional de tiendas de conveniencia, en Long Island y Virginia fueron acusados, ayer lunes, de explotar a inmigrantes procedentes de Pakistán y Filipinas.
7-Eleven cuenta con cerca de 46.000 establecimientos en 16 países, siendo franquicias la mayoría de ellos. Sus principales mercados se encuentran en Estados Unidos, Canadá y Asia, aunque también están presentes en algunos países europeos y Australia.
Los acusados presuntamente pagaron a sus empleados usando números de Seguridad Social robados y que originalmente pertenecen a un niño y tres personas muertas, para quedarse con  la mayor parte de sus salarios. 
La mayoría de los acusados fueron arrestados ayer lunes cuando las autoridades federales allanaron diversas tiendas de la franquicia. Agentes de la Policía de Inmigración y Control de Aduanas ejecutaron órdenes de registro en más de 40 tiendas en todo el país sospechosas de infracciones similares, dijeron las autoridades en una conferencia de prensa en Brooklyn. 
Cuatro acusados, que tienen tanto la ciudadanía estadounidense como la nacionalidad paquistaní, pertenecen a una familia que ha coincidido en eventos sociales con el ex gobernante militar de Pakistán, Pervez Musharraf, dijeron los fiscales, al resaltar los vínculos extranjeros de los implicados, para intentar que sean detenidos sin derecho a fianza hasta el juicio. Otro acusado es originario de Filipinas.
En el mismo acto, las autoridades informaron sobre la acusación federal que condujo a los arrestos y que alega que desde el año 2000, ocho hombres y una mujer emplearon más de 50 inmigrantes que no tenían permisos para vivir o trabajar en los Estados Unidos. Para encubrir a esos empleados, utilizaron identidades falsas de alrededor de 12 personas, incluidas las de un menor, un muerto y un cadete de la Guardia Costera. De esa forma pudieron someter los documentos al departamento de nómina de 7-Eleven.
La operación involucró a 14 tiendas en el este estado de Virginia, y en Long Island, en Nueva York. En la acusación presentada el lunes, las autoridades dijeron que los propietarios de las tiendas y sus familiares conspiraron para contratar ilegalmente a más de 50 trabajadores.
El Gobierno estadounidense dijo que los demandados se quedaron con decenas de millones de dólares como parte de la estafa, ocultando parte del dinero.
Agentes policiales federales incautaron tiendas y cinco casas valoradas en más de un 1,3 millones de dólares.
Cuando la sede de 7-Eleven enviaba los salarios, los patrones se quedaban con hasta 75% del dinero de los trabajadores, dijeron las autoridades. Los acusados también obligaban a los trabajadores a vivir en casas de su propiedad y a que pagaran el alquiler en efectivo, agregaron.
El Gobierno incautó los derechos de franquicia de 10 tiendas en Nueva York y cuatro más en Virginia. Las tiendas permanecerán abiertas, pero serán operadas por la empresa matriz. Las autoridades dijeron que las tiendas han generado ganancias por 182 millones de dólares, compartidas por los acusados y 7-Eleven.
Las autoridades de inmigración detuvieron a 18 trabajadores, entre ellos algunos que notificaron por primera vez a las autoridades el presunto fraude en 2010.
Un portavoz de 7-Eleven dijo que la compañía estaba cooperando con la investigación, pero declinó hacer más comentarios.
En los últimos dos años, las autoridades federales han presentado cargos similares contra más de 500 propietarios de negocios y gerentes, dijo James Hayes, director de la oficina en Nueva York de la Policía de Inmigración y Control de Aduanas.
Los arrestos se producen cuando el Congreso sostiene un intenso debate sobre la reforma migratoria.
Loretta Lynch, fiscal del Distrito Este de Nueva York, comparó el sistema utilizado por los acusados con una plantación de esclavos.
Contra los acusados pesan cargos por conspiración para fraude electrónico, robo de identidad y albergar a indocumentados. Sólo por la conspiración enfrentarían 20 años de cárcel si resultaran culpables.