España, la parcialidad del Consejo de Ministros lleva a la cárcel a la madre de una niña violada

Todo comenzó en el mes de octubre de 1998 en la localidad de Benejúzar (Alicante) cuando Ramón G. violó a una niña de 13 años. El hombre sorprendió a la menor en un descampado mientras paseaba al perro y, tras amenazarla con una navaja, la violó. Ramón C. fue condenado a 10 años de cárcel.
Siete años después, en junio de 2005, Carmen C., de 50 años en aquella época, se encontró paseando por la localidad al violador de su hija, que disfrutaba de un permiso carcelario, así que indignada decidió actuar contra el mismo.
Aquel 13 de junio de 2005, Carmen C. irrumpió en un bar del pueblo, roció con gasolina a Ramón G., y luego le prendió fuego con un fósforo. El hombre estaba desayunando en la barra del local, junto a otros 15 clientes. El hombre, que también alardeaba de "matar" algún día a la familia de la chica a la que violó, sufrió quemaduras muy graves falleciendo posteriormente. Poco antes de estos sucesos el violador de la hija se había acercado a Carmen, mientras ésta aguardaba un autobús en la localidad de Benejúzar, y le preguntó por la salud de la hija.
La mujer, Carmen G. fue condenada en julio de 2009 por la Audiencia alicantina a 9 años y medio por el crimen, aunque un año después el Tribunal Supremo rebajó la pena hasta 5 años y medio por asesinato y lesiones, al aplicarle la eximente incompleta de trastorno mental transitorio.
Sin embargo la Audiencia de Alicante acordó estimar la solicitud de la suspensión de la condena impuesta a Carmen mientras se tramitaba la petición de indulto para la misma, solicitada por más de 5.000 personas.
La Audiencia basó su resolución en las circunstancias personales de la mujer, que estaba en libertad provisional, había cumplido un año de prisión preventiva, al señalar que "mantiene una vida ajena al delito en la actualidad", "carece de antecedentes policiales y penales" y ha de "atender a la familia, en concreto a su esposo, que padece una grave enfermedad desde hace años". Asimismo consideraba que "un ingreso en prisión podía tener indeseados efectos en el curso evolutivo del tratamiento médico que la penada sigue para su enfermedad mental".
Ahora esta mujer se ve abocada a ingresar en prisión por causa de la actitud parcial de un Consejo de Ministros que, mientras indulta a conductores kamikazes, policías torturadores o políticos y banqueros que defraudan y se enriquecen con actividades ilegales, le denegó el pasado mes de abril el indulto parcial que la libraría de la cárcel.
Ahora, tendrá que entrar en la cárcel pese a los informes favorables de la fiscalía para la concesión del indulto. Sinceramente no puede entenderse como el gobierno perdona a otros por delitos más graves, o que afectan a cientos de personas, y no a esta madre, totalmente traumatizada por la violación de su hija.
La Audiencia Provincial de Alicante ha denegado la petición del abogado de la defensa, Joaquín Galant, de paralizar el encarcelamiento hasta que el Tribunal Supremo resuelva el recurso contra la decisión del Consejo de Ministros de denegar el indulto. Fuentes cercanas al caso señalaron que María del Carmen García está "desolada" y no comprende por qué la Audiencia no ha atendido su petición.
María del Carmen debe cumplir una pena de cinco años y medio de cárcel por haber prendido fuego, tras rociarle con gasolina, al hombre que años antes había violado a su hija.
Joaquín Galant, abogado de la defensa, ha recurrido la decisión al Supremo por considerarla "discriminatoria" y "arbitraria". Uno de los argumentos que expone el letrado en el recurso ante el Tribunal Supremo, por la denegación del indulto, es por el hecho de que la medida de gracia se concedió a condenados por hechos graves, como es el caso del conductor kamikaze que mató en Valencia a un joven por circular varios kilómetros en dirección contraria. En aquel caso, la aplicación del indulto contó con los informes contrarios tanto del fiscal como de la propia sala, y aún así, por causas que todos conocemos, el Consejo de Ministro accedió al indulto de ese conductor asesino.
Por otra parte, la defensa recuerda que María del Carmen García padece un trastorno de personalidad derivado del trauma que supuso para ella la violación de su hija y el desencadenante de lo que ocurrió aquel día de junio fue el hecho de encontrarse al agresor en libertad por la calle, e incluso llegar a dirigirse a ella, preguntando irónicamente por la salud de la hija.
Joaquín Galant asegura que esta "desigualdad constitucional en el tratamiento que da el Consejo de Ministros a la solicitud de indulto de María del Carmen García es por la que acudimos a este Alto Tribunal pidiendo la nulidad de dicha resolución denegatoria, por su evidente arbitrariedad". El letrado considera que el Gobierno ha obviado todos los informes a favor de la medida de gracia, así como tampoco ha pedido al Supremo que informe sobre ella, a pesar de que este tribunal también intervino en el proceso al reducir la condena inicial.  
Una vez más se percibe la parcialidad del ejecutivo español en sus decisiones, cuando afectan a las clases populares. 

Verónica Rodríguez  y su madre, Mari Carmen, se abrazan en su casa de Benejúzar (Alicante). / JOAQUIN DE HARO. El País