Ecuador, Correa no quiere transparencia informativa. Se aprueba la Ley de Comunicación

La Unión Nacional de Periodistas (UNP) de Ecuador consideró hoy que la ley de comunicación aprobada por la Asamblea Nacional "protege la corrupción" y avanzó que agotará "todos los recursos posibles para proteger el trabajo periodístico en el país", dijo a Efe su presidente, Vicente Ordóñez.

Hace escasos minutos la BBC informaba que la Asamblea Nacional de Ecuador aprobó una polémica ley, que llevaba varios años madureciendo, que crea un organismo oficial regulador con poderes para sancionar a los medios de comunicación y para redistribuir las frecuencias de radio y televisión.

La Ley de Comunicación podrá regular contenidos relacionados con violencia e implementar sanciones para los periodistas y medios.
La norma legal surge en medio de creciente confrontación entre el presidente Rafael Correa y periodistas, y los críticos acusan al mandatario de tratar de controlar a los medios.
Los líderes de la oposición califican la nueva medida como una ley mordaza, pero el gobierno argumenta que ésta evitará un periodismo irresponsable y la monopolización de los medios.
A pesar de todas las críticas recibidas por el proyecto de ley, la abrumadora mayoría parlamentaria del Gobierno de Rafael Correa aprobó la Ley de Comunicación, un polémico proyecto que llevaba cuatro años madurando, y que ha desatado las críticas tanto de la oposición como de organismos internacionales, hasta el punto de recibir el apodo de "ley mordaza" por el control que impone a los medios de comunicación privados.
Esta mañana el exterior del palacio legislativo aparecía reforzado poor cientos de policías que formaron un cerco externo, mientras los miembros de la escolta legislativa efectuaban uno interno, para resguardar el paso de los grupos sociales oficialistas hacia el edificio.
Para el presidente de la UNP con la ley sólo "se pretende consagrar el control absoluto de la prensa independiente en el país y se está garantizando, antes que libertad de información, la protección a la corrupción (...) al incluir el linchamiento mediático", dijo Ordóñez en referencia a la figura que persigue la publicación reiterada de informaciones que dañen la credibilidad de personas físicas o jurídicas.
En el texto se indica que será penada, "la difusión de información que, de manera directa o a través de terceros, sea producida de forma concertada y publicada reiterativamente a través de uno o más medios de comunicación con el propósito de desprestigiar a una persona natural o jurídica o reducir su credibilidad pública".
Para Ordóñez, el "linchamiento mediático" va a "escudar la corrupción", ya que no se permitirá la difusión de ciertas informaciones en más de un medio o durante varios días, algo que choca con "lo que siempre nos han enseñado en la universidad", comentó, al referirse al seguimiento de casos de investigación periodística.

Según el ponente de la norma, Mauro Andino, del movimiento oficialista Alianza País (AP), la ley garantiza el derecho a la libertad de expresión y opinión y prohíbe la censura previa.

En su opinión, la ley defiende la "libertad de información, pero con responsabilidad ulterior".

"De hoy en adelante, la palabra ya es de todos", dijo Andino, para quien "este día pasará a la historia como el día en que la voz de todos por fin empezó a escucharse".

Lo mismo opinó la presidenta de la Asamblea, Gabriela Rivadeneira, también de AP, para quien "desde hoy", los ecuatorianos "van a tener la voz para reclamar sus derechos que los medios monopólicos les han quitado".
El 14 de agosto entrará en vigor, previsiblemente, una ley que la prensa ecuatoriana considera de hipercontroladora.
La opinión de la oposición la resumió ayer el diputado Andrés Páez, que escribió en su cuenta de la red social Twitter: "Hoy en la Asamblea Nacional se firma el acta de defunción de la libertad de expresión. Vamos camino a la consolidación de un régimen fascista".

La prensa colombiana publicaba hoy una editorial conjunta respecto a la Ley de Comunicación de Ecuador.

¿Estocada final a la libertad de prensa en Ecuador?

En todos los países y en todas las épocas la relación entre la prensa y los poderes públicos y privados se ve sometida a permanentes conflictos. Y es natural que así sea. La prensa, en su condición de perro guardián de la democracia, y con el fin de mantener informada a la ciudadanía sobre lo que la afecta y es de su interés, busca develar lo que funcionarios y poderosos no tienen interés en que se conozca.
Pero una cosa es que la convivencia entre medios y poderes no sea muy pacífica y otra, muy distinta, es que los gobernantes hagan uso del poder de manera desmedida, ilegítima o arbitraria para limitar o cercenar los fundamentales derechos a la expresión, información y prensa.
Pues bien, esto es lo que viene sucediendo en Ecuador. Desde hace varios años el Presidente Correa acude a medidas de toda índole para silenciar aquella  prensa que considera de la oposición. Su margen de tolerancia frente a la crítica y a la información que no le favorece es nula. En sus intervenciones públicas no desaprovecha oportunidad para insultar y descalificar periodistas y medios. Rompe periódicos e invita a los ciudadanos a que no los lean. Tacha a directores de medios, periodistas, y directivos de organizaciones civiles que trabajan en la defensa de la libertad de expresión, de corruptos, mentirosos, cobardes, sicópatas, tontos, ignorantes y otros  epítetos impropios de un gobernante. Promueve y apoya leyes que limitan la libertad e independencia de los medios. Utiliza medidas administrativas de carácter fiscal o laboral para presionar a medios y periodistas. Presiona a la empresa privada para que no paute en los medios objetivos y críticos. Demanda a unos y otros por vías penales y civiles. Baste recordar que en febrero de 2012 La Corte Nacional de Justicia, en sentencia que resolvió la demanda interpuesta por el Presidente Rafael Correa, confirmó la condena al pago de cuarenta millones de dólares contra el periódico El Universo y sus directivos y la condena a tres años de prisión contra los directivos y el periodista Emilio Palacio por las opiniones contenidas en su columna publicada en El Universo el 6 de febrero de 2011. 
Y si bien el Presidente Correa, en lo que mostró como un acto magnánimo pero que en realidad obedeció al rechazo de las medidas judiciales por medios y organizaciones del mundo entero, solicitó la remisión (anulación) de estas condenas y de las impuestas a los periodistas Calderón y Zurita, autores del libro “El Gran Hermano”, ha incrementado sus actuaciones contra el periodismo libre e independiente en Ecuador, lo que ha generado un ambiente de temor y autocensura en la prensa ecuatoriana.
En lo que podría considerarse como la estocada final a la libertad de prensa en Ecuador, está a punto de ser aprobada por la Asamblea General de Diputados del país vecino la Ley Orgánica de Comunicaciones, la cual, debido a los excesivos controles y limitaciones que impone a los medios y al periodismo ha sido denominada “ley mordaza”.
El proyecto que se tramita, y que ha sido respaldado por el Presidente Correa, desconoce los estándares mínimos que para garantizar el derecho fundamental a la libertad de expresión, información y prensa, se encuentran consagrados en  la Constitución de Ecuador y en los tratados internacionales aplicables en el país vecino.
Las normas propuestas convierten lo que hasta hoy ha sido el ejercicio de un derecho fundamental, la información, en un servicio público sometido al control y vigilancia del Estado a través del poder ejecutivo. Abre la puerta para intervenir contenidos, establece un régimen de sanciones y responsabilidades que podrían poner en riesgo la subsistencia de los medios, y estimula la concentración de los medios públicos en desmedro de los medios privados.
Como si lo anterior fuera poco, se afirma que por iniciativa del gobierno ecuatoriano se adicionarían nuevas normas tendientes a crear la Superintendencia de Comunicaciones que facultaría la intervención en las actividades y funcionamiento de los medios y a tipificar como delito el “linchamiento mediático” en virtud del cual los procesos de investigación periodística, especialmente los relacionados con denuncias de actos de corrupción, se volverían imposibles.
La aprobación de esta nueva ley no solo afectaría la prensa ecuatoriana, sino que se constituiría en un duro golpe para la libertad de expresión, información y prensa en el mundo entero.

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