Cuando al ciudadano de a pie se le pregunta sobre los políticos su primer comentario es: son todos corruptos. Realidad o exageración, esa es la duda que nos queda y es difícil de resolver cuando uno analiza el escenario político administrativo mundial o al leer continuamente los casos de corrupción que aparecen en los medios de comunicación social.
No existe apenas país que se libre de una cuestión que representa un serio problema para el crecimiento económico, al mismo tiempo que un coste para los ciudadanos. En España es habitual tomar el café con un caso nuevo de corrupción y el último -el caso de corrupción en Sabadell ligado a las adjudicaciones públicas- ha salpicado 48 horas después de las elecciones catalanas al número dos del PSC. En Brasil no ha terminado el denominado juicio del siglo -conocido como mensalão- en el que estaban envueltos importantes cargos públicos, empresas y partidos políticos del país, y ya está surgiendo otro con tintes de salpicar a altos sectores de la política y las empresas públicas. En España algunos ejemplos que han trascendido a la opinión pública son: Caso Gürtel, Caso Trajes, Palma Arena y Nóos, Caso Campeón, los falsos ERE´S... estos casos afectan a diferentes Autonomías, Instituciones o cargos públicos. Evidentemente todos están relacionados con los partidos políticos que gestionan las Comunidades Autónomas.
La verdad es que innumerables veces nos queda la sensación de que los cargos públicos tienen absoluta impunidad para delinquir, sin ningún tipo de condicionante penal o ético.
La que se detecta es la corrupción a gran nivel pero después tenemos la que sucede en pequeña escala, la denominada "de a pie" y que es difícilmente detectable y menos aún que llegue a la opinión pública Este tipo de corrupción es realizada por inspectores fiscales, vigilancia sanitaria y otros organismos con responsabilidad sobre la habilitación y fiscalización de comercios y empresas. Por situar un ejemplo concreto, en Brasil tengo un amigo italiano que está sufriendo en sus carnes la corrupción en su intento por poner en marcha un pequeño restaurante situado en el conocido y turístico barrio de Copacabana en Río de Janeiro. Los organismos responsables de conceder las autorizaciones para su normal funcionamento no sólo le acosan con visitas, multas, insultos o amenazas sinó que también dificultan el normal funcionamiento de un negocio similar al bar que todos tenemos al lado de nuestras casas; y así lleva casi un año durante el cual las multas se acumulan proporcionalmente a su objetivo de abrir limpiamente el negocio sin caer en pagos subterráneos. Esta situación, como muchas otras, está más cercana al delito de extorsión que al objetivo de regular el buen funcionamiento de comercios y pequeñas empresas.
La organización Transparencia Internacional publica, desde 1995, un informe conocido como Índice de Percepción de Corrupción, en el que España - en el publicado en 2010- ocupa la trigésima posición de 182 países evaluados. A la cabeza del mismo -lo que significa el menor nivel de corrupción- están los Países Nórdicos, junto a Canadá, Singapur, Nueva Zelanda, Australia, Países Bajos, Suiza y así hasta el número mencionado anteriormente.
Es importante que desde las instituciones judiciales se tomen las medidas -basadas en la severidad de las sentecias dictadas- para que esta lacra, que nos golpea con mayor o menor intensidad a todos los países, tienda a desaparecer y no significar un coste adicional a los gastos operativos de cualquier negocio o empresa.
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