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lunes, 12 de noviembre de 2012

Desahuciados en España (3)

Hace unas pocas horas la Asociación Española de Banca (AEB) ha anunciado, uniéndose posteriormente la CECA (Confederación Española de Cajas de Ahorro), la paralización por dos años de los desahucios, por razones humanitarias, en aquellos caso que concurran circunstancias de "extrema necesidad". Sin embargo no ha definido cuales serán, a su criterio, las situaciones o reglas que dictaminen los casos de extrema gravedad. Ha sido necesario el suicidio de un personaje público y miembro de un partido político para que se adopten las primeras medidas -si realmente se adoptan- para evitar dejar a familias sin un lugar donde vivir. De alguna manera también la AEB nos muestra que los suicidios anteriores, dado que no tuvieron repercusión pública, no significaron absolutamente nada y que, sin el suicidio de Amaia Egaña, los mismos no tenían la suficiente importancia para paralizar la política de desahucios por "razones humanitarias". Evidentemente sin la repercusión nacional e internacional, son numerosos los diarios de muchos paises que se han hecho eco de este triste incidente y de la arcaica ley que regula estas situaciones así como de las ventajosas, -para algunos-, claúsulas que rigen en los préstamos hipotecarios en España, no existirían razones humanitarias para paralizar el desalojo de miles de familias que por la incapacidad continuada de políticos y empresarios ha llevado a millones de españoles a una situación extrema.
Por otro lado ¿quién definirá qué es una situación de extrema necesidad?, ¿quién será el juez qué determinará que familia permanece en su hogar y quién lo pierde, juntamente con el esfuerzo de años en conseguirlo? ¿No será que cualquier familia sin recursos, sin posibilidad de encontrar trabajo por parte de sus miembros, aquellos que tenga bajo sus custodia padres ancianos, hijos con problemas físicos o psíquicos, no representan por sí un caso de situación extrema caso tengan la desgracia de perder sus bienes?  Y por último ¿quién reintegrará a todas las personas que ya sufrieron las consecuencias de un desalojo forzoso, siendo su situación de extrema necesidad, a sus antiguos domicilios o buscará las alternativas pertinentes para ofrecerles una vivienda digna?
No se precisa que nos vendan políticas humanitarias aquellos que no las han defendido por años; lo que necesitamos es una legislación justa y equilibrada que ampare a los más débiles respetando las reglas de la economía de mercado.No olvidemos que sólo durante el primer semetre del año se ha producido una media de más de 500 desahucios por día.

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