España, El gobierno aprueba una ley del aborto restrictiva que sitúa al país 50 años atrás

Alberto Ruiz-Gallardón. Foto: ULY MARTÍN

El Gobierno aprobó este viernes la ley del aborto más restrictiva de la democracia, a la que pondrá nombre Alberto Ruiz-Gallardón, ministro de Justicia. Interrumpir el embarazo dejará de ser un derecho de la mujer en las primeras 14 semanas, un derecho que existe solo desde 2010, y volverá a ser un delito despenalizado en ciertos supuestos, como lo era con la Ley de 1985. Pero esos supuestos se reducen, y la posibilidad de la mujer de acogerse a ellos se restringe. Solo habrá dos: violación y “grave peligro para la vida o la salud física o psíquica” de la mujer. Serán, de nuevo, los médicos, con requisitos más estrictos que en 1985 y un procedimiento más largo, los que decidirán si ese peligro existe. La presencia de malformaciones fetales gravísimas no será motivo de aborto, aunque sí lo será el efecto psicológico que eso tenga en la embarazada.
La nueva normativa alejará a España del resto de Europa, donde la mayoría de los países tienen leyes de plazos.
España ha tenido dos leyes sobre el aborto, aprobadas ambas por gobiernos socialistas. Hasta 1985 la interrupción voluntaria del embarazo fue siempre delito. Solo se permitió por un breve espacio de tiempo en Cataluña durante la II República entre 1936 y 1938, en plena guerra civil.
Una de las modificaciones que, a buen seguro, va a generar más polémica es la eliminación del supuesto por malformación. El ministro de Justicia Alberto Ruiz-Gallardón ha señalado que si el peligro de la salud psíquica de la mujer tiene su origen en un problema del feto incompatible con su vida se requerirá un informe médico de la madre que acredite ese riesgo, además de un informe sobre el feto para que quede probada la anomalía para abortar.
Las mujeres que estén dentro de los dos supuestos despenalizados para abortar y así vayan a hacerlo, no podrán negarse a cumplir ninguno de los nuevos trámites de consentimiento informado, tampoco la obligación de escuchar a una persona de Servicios Sociales sobre programas de apoyo a la maternidad, salvo que se trate de un caso de urgencia con peligro para su vida.
La nueva normativa se llamará Ley de Protección de la Vida del Concebido y de los Derechos de la Mujer Embarazada, por ese orden; Gallardón aseguró que se ha hecho para proteger "a los más débiles: los concebidos y no nacidos", pero "siempre en interés de la mujer" y respetando asimismo sus derechos.
Con la aprobación del anteproyecto de ley el Gobierno endurece el aborto en España con una norma más restrictiva que la ley de 1985.
En caso de violación, la mujer podrá abortar dentro de las 12 primeras semanas siempre que exista una denuncia previa de la agresión sexual.
En el supuesto de riesgo para la salud física o psíquica se podrá abortar hasta la semana 22 siempre que el daño esté acreditado por dos médicos especialistas en la patología que genere el riesgo para la vida o la salud de la mujer ajenos al centro donde se practique la interrupción. En caso de riesgo vital no serán necesarios los informes.
Gallardón ha subrayado que el "grave peligro" para la mujer tendrá que suponer "un menoscabo importante y duradero" en su salud que no se pueda solucionar "desde el punto de vista médico de ninguna otra forma" que no sea el aborto.
La primera ley del aborto (la Ley Orgánica 9/1985 de reforma del artículo 417 bis del Código Penal) lo despenalizó en tres supuestos: en cualquier momento si existe "un grave peligro para la vida o la salud física o psíquica de la embarazada"; en las 12 primeras semanas en caso de violación; y dentro de las 22 semanas si el feto va a nacer con "graves taras físicas o psíquicas".
El Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero aprobó una nueva ley del aborto que es la que aún está vigente. La Ley Orgánica 2/2010 de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo permite el aborto libre en las 14 primeras semanas; dentro de las 22 semanas si existe "grave riesgo para la vida o salud de la embarazada" o "riesgo de graves anomalías en el feto"; y en cualquier momento si se detectan "anomalías fetales incompatibles con la vida (...) o cuando se detecte en el feto una enfermedad extremadamente grave e incurable".
La Ley de 2010 está recurrida por el PP ante el Constitucional, pero este aún no ha dictaminado; Gallardón dijo que el Gobierno no necesita esperar a conocer esa sentencia porque está convencido de que esa ley es inconstitucional.
El PSOE calificó la futura norma de "vergüenza" y auguró que producirá muertes por abortos realizados en la clandestinidad. Otros grupos de oposición, como IU, UPyD, ERC y PNV se manifestaron también frontalmente en contra. La Asociación de Clínicas Autorizadas para la Interrupción del embarazo (ACAI), a las que el anteproyecto de ley resta funciones y cuyos servicios prohíbe publicitar, afirmó en un comunicado que la ley hará "prácticamente imposible" abortar en España. En el año 2011, último con datos oficiales, se produjeron 118.359 abortos; el 90%, antes de la semana 14 de embarazo.
Por otra parte, se elimina uno de los puntos más polémicos de la anterior norma del Gobierno socialista: que los menores de 16 años pudieran abortar sin la presencia de un progenitor o un tutor. El Ejecutivo popular elimina este supuesto y determina que los padres o tutores deberán dar su consentimiento. Otra de las novedades de la ley es que se elimina la publicidad de las clínicas abortistas.
"El anteproyecto de ley cumple con un compromiso electoral, recupera el equilibro establecido en la doctrina del Tribunal Constitucional, y además resuelve muchas situaciones de inseguridad, inquietud en la sociedad en general y los profesionales médicos", dijo el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, donde modificó la ley aprobada en 2010 por el anterior gobierno socialista. Argumento poco consistente, no solo por los evidentes incumplimientos de la práctica totalidad de los compromisos electorales del actual Gobierno, sino porque ni siquiera se ajusta a la letra de lo comprometido.
Sin embargo, la ley de protección de la vida del concebido y derechos de la mujer embarazada, que es similar a la primera normativa sobre el aborto, aprobada en 1985, aunque es más restrictiva respecto a las malformaciones, se ha topado con el rechazo de gran parte del colectivo médico, la oposición política y las asociaciones en defensa de los derechos de las mujeres, mientras que los grupos provida consideran que se queda corta.
La decisión del señor Gallardón de imponer a las españolas esta Ley del Aborto no tiene nada a ver con la Constitución, sino con la cruzada personal, afín a su ideología política cercana a la de la España de los años 50 del siglo pasado, sin tener en cuenta la opinión del colectivo más afectado: las mujeres.
Esta Ley obligará, como sucedió durante más de 40 años, a las españolas a buscar el aborto clandestino, poniendo en riesgos sus vidas, o a viajar al exterior a veces en penosas condiciones.
El señor Gallardón está condenando a las gestantes a la clandestinidad.

Manifestación en La Laguna (Tenerife) contra la reforma de la ley del aborto. / Pedro Peris