Argentina, Un juez prohibe abortar a una adolescente golpeada y violada por su padrastro

Protesta por el derecho al aborto en Buenos Aires en octubre de 2012. / Raul Ferrari (AP)

El Estado argentino fue denunciado ayer ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos  por la obstrucción ilegal en la provincia de Salta de un aborto no punible a una adolescente de 14 años que resultó embarazada en una violación. La presentación fue realizada por la secretaria general de la Federación Internacional de Mujeres de Carreras Jurídicas, la abogada Norma Chiapparrone, quien detalló ante el organismo la gravedad del caso: la chica, que fue abusada sexualmente en los últimos dos años por su padrastro, perdió seis kilos en el último mes esperando la interrupción del embarazo que un magistrado le negó. El país deberá dar explicaciones ante el organismo internacional –si da curso a la demanda– por la arbitraria decisión del juez de Personas y Familia N° 2 de Salta, Víctor Soria, de prohibir el aborto no punible solicitado por la chica y su mamá, en abierta violación de la ley y del protocolo de atención de esos casos que rige en la provincia de acuerdo con un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
"Hay un juez que está obligando a mi hija a tener un hijo que no quiere. Es algo horroroso", ha denunciado la madre de la joven embarazada de 14 años.
El Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi) expresó su "profunda preocupación y malestar por la decisión del Juez de Familia Nº 1 de la Provincia de Salta, Víctor Soria, de impedir que se realice un aborto no punible, en contra de la decisión de una menor víctima de violación, y de su madre, así como del mismísimo fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación".
En un comunicado agregó que el magistrado "desconoce, niega y vulnera el derecho de la víctima a decidir sobre su propio cuerpo. El juez se arroga facultades que son inherentes a la víctima, vulnerando su derecho a la dignidad y a la integridad personal y agrega al ataque que recibió la niña la 'violencia institucional' ejercida por el poder judicial, tal como la define la Ley 26.485 de Protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres" y "compromete la responsabilidad internacional del Estado Argentino, desconociendo lo establecido por la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la Mujer".
En Argentina desde 2012 rige un fallo de la Corte Suprema que establece que todas las mujeres violadas pueden abortar sin ser penalizadas y sin intervención judicial.
Por su parte, tanto la senadora provincial de la capital salteña, Gabriela Cerrano, del Partido Obrero, como Mónica Mennini, de la Asociación Nacional de Abogadas por los Derechos de la Mujer, anticiparon acciones en contra de la decisión judicial.
Fuentes de ese organismo informaron que "la decisión del juez desconoce, niega y vulnera el derecho de la víctima a decidir sobre su propio cuerpo".
La niña argentina y su familia viven en la periferia pobre de la ciudad de Salta. El pasado 9 de noviembre, su madre sorprendió a su pareja violando a la adolescente en su casa. Ella lo detuvo, pero él reaccionó dándole una paliza a ambas. La niña fue tan golpeada que acabó en el Hospital Materno Infantil salteño. Cuando los médicos la revisaron, descubrieron que además se había quedado embarazada. Cristina y su hija pidieron entonces a las autoridades del hospital que interrumpieran el embarazo.
La madre afirmó: "Yo no voy a obligar a mi hija a seguir con algo que no quiere", consigna el Nuevo Diario de Salta. Y agrega que durante el período que su hija estuvo internada, la asesora social Claudia Flores Larsen y otras "voluntarias" llegaron tratando de convencer a su hija de que siguiera con el embarazo. Para persuadirla le mostraron fotos de abortos.
Salta obliga a que la víctima de la violación presente una denuncia judicial, lo que fue hecho de inmediato y por eso el agresor se encuentra preso desde hace más de un mes. Pero la norma salteña también establece que, cuando se trata de una embarazada de menos de 18 años, debe informarse antes del aborto a un asesor público de menores de edad.
La asesora Claudia Flores Larsen se enteró del caso y presentó en la justicia un recurso de amparo con el argumento de defender la vida del feto. El aborto se fue demorando hasta que el 13 de diciembre el juez Víctor Soria no solo aceptó el recurso para impedirlo, sino que además estableció que, una vez finalizado el embarazo, la niña deberá entregar el bebé en adopción.
Respecto de la niña de 14 años a la cual la justicia salteña le niega su derecho al aborto no punible, el Juez de Personas y Familia Nro 2, Víctor Soria, ha dispuesto en su polémico fallo, las siguientes cuestiones:
1- Hacer lugar al amparo en favor del niño por nacer presentado por la Asesora de Menores e Incapaces Nro. 2, Claudia Flores Larsen.
2- Que el Ministerio Público Fiscal comience los trámites conducentes a entregar el niño/a nacido producto de la violación, en adopción.
3- Que el Ministerio de Derechos Humanos de la Provincia de Salta en el termino de 48 horas entregue un subsidio a la familia de la niña mientras curse el embarazo.
4- Declara Inconstitucional el decreto 1170/12 Protocolo de actuación ante abortos no punibles en la Provincia de Salta porque atenta contra la vida de los niños por nacer.
De inmediato, dos integrantes de la Alianza de Abogadas por los Derechos Humanos de las Mujeres en Salta, Mónica Menini y Graciela Abutt Carol, apelaron el fallo ante un tribunal de segunda instancia. También lo hicieron otro asesor de menores y el propio Gobierno de la provincia.