España, La Ley de Seguridad Ciudadana (ley mordaza) un reencuentro con el pasado

La Policía carga contra manifestantes | Foto: EFE

"Problemática", "autoritaria", "camino a una dictadura", "amenaza a la democracia", estos son algunos de los términos que han aparecido en la prensa europea en relación al anteproyecto de Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana que el Consejo de Ministros aprobó el pasado viernes. Una nueva normativa que ha despertado el recelo de columnistas del diario británico The Guardian o del alemán Die Tageszeitung (TAZ), y de cuya polémica generada se han hecho eco varios rotativos europeos.
Por su parte, el comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa, Nils Muiznieks, mostró el pasado martes sus dudas sobre el borrador de la ley de Seguridad Ciudadana presentado por el Gobierno español que prevé, entre otras cosas, multas de hasta 600.000 euros para manifestaciones no comunicadas frente a instituciones públicas. Muiznieks considera que el proyecto de ley es "altamente problemático".
El mismo explica que, por un lado, plantea la cuestión de hasta qué punto están claros los términos legales de cara a la interpretación judicial y su conocimiento por parte de los ciudadanos, y, por otro, la de "si son necesarias estas restricciones en una sociedad democrática" para mantener el orden público "sin interferir demasiado en la libertad de reunión". "Si va mas lejos trataré el tema con las autoridades españolas", añadió.

Una joven golpeada por policías. ¿Es esto seguridad ciudadana?.

En el Reino Unido, The Guardian el pasado 25 de noviembre bajo el titular "De Québec a España, las leyes contra la protesta amenazan verdadera democracia" publicaba un artículo firmado por Richard Seymour en el que dice, "(Los) Proyectos de ley del gobierno español punitivos contra la protesta son, dicen los críticos, un ataque a la democracia. Eso es precisamente lo que son". 
En el mismo continúa diciendo "A nivel político, el neoliberalismo respondió a un supuesto exceso de democracia, un exceso de demandas populares sobre el estado. Esto no solo atrapa al Estado en una red de intereses especiales, como en última instancia, produce una crisis de "ingobernabilidad" . Para que el Estado sea capaz de hacer su negocio, su autoridad tuvo que ser restaurada, de ahí la relevancia de "ley y orden"". Resumiendo el choque entre la austeridad y la democracia popular está provocando una crisis de "ingobernabilidad" por parte de las autoridades.
"La reorganización de los estados en una dirección autoritaria es parte de un proyecto a largo plazo para detener la democracia manteniendo un mínimo de legitimidad democrática, de eso es lo que van las leyes antiprotesta", cocluye Seymour en su columna en el diario británico.
"No se trata sólo de un elemento más de disuasión de las protestas, sino que tiene un efecto de domesticación a largo plazo para este tipo de manifestaciones", señala el artículo. The Guardian repasaba las modificaciones legales en varios países y extraía una tajante conclusión: en aquellos donde ha habido recortes y retrocesos en derechos y libertades, los gobiernos han endurecido las leyes para evitar que los ciudadanos protesten.
El periódico español El País, publicaba respecto al proyecto de ley, bajo el encabezado "¿Ley de Seguridad Ciudadana?", el pasado 21 de noviembre, en su sección de cartas al director, "Ley de seguridad ciudadana”, así se ha llamado a la ley que, entre otras cosas, propone “acotar” el derecho de manifestación, suprimir los escraches o impedir las concentraciones frente al Congreso con multas que pueden llegar a los 600.000 euros.
Resulta soez y lamentable que nuestros gobernantes frivolicen con lo que claramente es un recorte de libertades y derechos civiles y lo disfracen con el término “seguridad”, como si lo hicieran por nosotros y no por ellos mismos".
El diario cooperativo alemán Die Tageszeitung publicaba un artículo fechado en el 21 de noviembre con el titular “Camino a la dictadura”. En su columna, el corresponsal del TAZ en España, Reiner Wandler, criticaba las limitaciones legales de la protesta afirmando que el hecho de que a las "víctimas de la política de estabilidad europea y los que protestan" se las amenace con multas, significa que se las "deja sin palabras", según recoge la web La Marea.
"En Madrid no sólo se debe prevenir la protesta social, sino también erradicar la pobreza mediante multas. Quien duerme en la calle puede esperar multas de hasta 750 euros. Y si se queja, puede conllevar 30.000 euros adicionales por insultar o amenazar a la policía", denunciaba el artículo, publicado antes de que el Ejecutivo español rebajara algunas de las sanciones que preveía inicialmente el borrador.
"En España, claro, no se ha llevado a cabo un golpe de Estado, y el Parlamento todavía está allí, pero ya no defiende más los derechos civiles", concluía el diario Die Tageszeitung .
"La ley se dirige contra el movimiento de los indignados", aseguraba el diario alemán Der Spiegel, a la vez que destacaba que "solo las dictaduras negarían a sus ciudadanos el derecho a manifestarse".
La portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, Ada Colau, denuncia el "autoritarismo máximo" que representa este futura ley.
Por su parte el director de Greenpeace en España, Mario Rodríguez califica a la Ley: "(Como ) la nueva arma del Gobierno para intimidar a los desobedientes, a los ‘niños malos’".
En Italia, Il Giornale informaba de que "indignarse en España saldrá caro".
Tras dos semanas de duras críticas de la oposición y algunos sectores sociales, el Ministerio del Interior ha modificado algunos de los aspectos más polémicos que figuraban en el borrador legislativo. De esta forma, desaparece como infracción muy grave y para a ser considerada grave, con multas de entre 1.001 a 30.000 euros, las protestas no comunicadas frente al Congreso u otras altas instituciones del Estado aunque no estén reunidas y siempre que se perturbe la seguridad ciudadana. También baja de grave a leve las faltas consistentes en amenazar, coaccionar, injuriar o vejar a los agentes encargados del mantenimiento del orden público, que serán sancionados con entre 100 y 1.000 euros.
Interior ha suavizado en algunos puntos su Ley de Seguridad Ciudadana, también conocida como 'Ley Mordaza', pues evidentemente solo favorece a la tan renombrada por el Partido Popular "mayoría absoluta silenciosa", pero las sanciones que pretende imponer el ministerio de Fernández Díaz por acciones como fotografiar a un policía u ofender a España son desmesuradas hasta para el Consejo Europeo.
¿Que tal por España?, le pregunta un amigo a otro.
No puedo comentar, le contesta éste.
¿Entonces está todo bien?, insiste el amigo.
No, no puedo comentar.
Este es el objetivo final de la "Ley Mordaza".

Presentarte así a una manifestación te puede dejar totalmente quebrado. Multa de 1.001 a 30.000 euros. El salario de dos años y medio para una gran mayoría de la población, los mileuristas, de los que tienen la fortuna de no estar desempleada. GTRES