España, El Gobierno avala la corrupción y deniega una petición de los jueces

Según publica el diario español El País en su edición de hoy el gobierno español ha desatendido una petición de los jueces que permitía el ingreso en prisión de los políticos y empresarios corruptos mientras se tramitaba su petición de indulto al Gobierno.
"Los jueces decanos han reclamado al Gobierno, en nombre de los más de 1.500 juzgados que representan, la modificación del Código Penal para limitar la posibilidad de suspender el ingreso en prisión cuando se solicita un indulto. Los jueces quieren que el Ejecutivo impulse restricciones a la opción de suspender el cumplimiento de las penas y que el aplazamiento no sea aplicable a los condenados por corrupción “si de verdad se quiere una eficaz lucha contra la corrupción”, señalan en el comunicado en el que plasman la propuesta. Además, reclaman que la posibilidad de paralizar el ingreso en la cárcel tampoco pueda acordarse tras las condenas de jurados populares, que enjuician tanto delitos relativos a la corrupción (tráfico de influencias, malversación y fraudes, entre otros) como delitos de sangre", dice el periódico español.
Pero ninguna de sus reclamaciones serán atendidas. El Gobierno ya ha anunciado que no tiene ninguna intención de atender estas peticiones.
Esta medida, el indulto, fue solicitada por el expolítico del PP Jaume Matas, reo por corrupción, y condenado a nueve meses de cárcel, al Gobierno Rajoy. La petición era una medida para evitar su ingreso en la prisión a pesar de la orden de la Audiecia que juzgó su caso.
El por dos veces presidente de gobierno de la Comunidad Autónoma de Baleares, en dos mandatos alternos entre 1996 y 2007, y ministro de Medio Ambiente desde 2000 hasta 2003, "ha sido incapaz de satisfacer a la opinión pública reconociendo que cometió el delito y que está arrepentido para reparar el grave perjuicio social", decían las magistradas que juzgaron sus actos delictivos.
Los hechos, dice el tribunal, generan "gran rechazo social" porque se cometieron dentro de las estructuras de poder. "El peligro de este tipo de acciones es innegable" porque son "un atentado frontal contra el Estado de derecho".
Los jueces no pueden fijar libremente en qué casos pueden aplicar la suspensión de la pena, al tener que evitar la contradicción de que el indulto llegue cuando la pena ya esté cumplida. Es el caso del expresidente balear, Jaume Matas, condenado a nueve meses de prisión. El exdirigente del PP reclamó el indulto, cuyo período de tramitación es de un año.
La Audiencia de Palma considera que la "gravedad palmaria" del delito de tráfico de influencias que cometió Matas precisa de su ingreso en prisión al haber sido cometido "dentro de las estructuras de poder", que "pervirtió los valores constitucionales", al usar el cargo en beneficio propio y con "menoscabo del interés público y colectivo" sin embargo la negativa del Gobierno del Partido Popular impedirá que ingrese en prisión hasta resolver si se le indulta o no, lo cual puede demorarse un año.
La Ley, de 1870, dice que la condena solo se suspende en caso de pena de muerte, sin embargo es costumbre entre los titulares de los juzgados, que ahora reclaman que la medida de gracia, que extingue la responsabilidad penal pero no borra los antecedentes penales, esté limitada a cierto tipo de delitos, suspender el ingreso en prisión de quienes solicitan el indulto del Gobierno, en base a una Ley de 1870.
Según datos publicados por El País, el expresidente de Baleares Jaume Matas, condenado a nueve meses de prisión por tráfico de influencias, ha solicitado el indulto y, mientras se tramita, la suspensión de su ingreso en prisión. Justicia alegó no ver razones para concederle la medida de gracia pero, de momento, la fiscalía apoya que se demore su entrada en la cárcel.
El exalcalde de Torrevieja (Alicante) y exdiputado autonómico Pedro Hernández Mateo (PP) está condenado a tres años de cárcel y siete de inhabilitación por los delitos de prevaricación y falsedad. Su petición de indulto está apoyada, además, por 45 diputados valencianos. De momento, no ha ingresado en prisión.
En los últimos 13 años, los distintos Gobiernos han concedido 25 indultos por prevaricación, 107 por malversación de caudales públicos y 16 por cohecho. Entre los más polémicos otorgados en 2012 se dieron los del caso Treball, por los que se indultó a Josep Maria Servitje (ex alto cargo de Unió Democràtica de Catalunya).
En 2012 también se indultó a Tomás Gómez Arrabal (exalcalde del PP de Abdalajís, Málaga y condenado por 12 delitos de corrupción urbanística), y a los ediles de su partido María Teresa Mesa Pernia, Fermín Muñoz Armero y Antonio Pérez Postigo, que fueron condenados por dar licencias ilegales a sabiendas de que lo eran.
También en 2012, el Gobierno indultó a Constancio Alvarado, exsecretario de la Subdelegación del Gobierno en Cáceres, y a José Manuel Sánchez Donoso, condenados por vender permisos falsos a inmigrantes.
Esta actuación muestra claramente la injerencia del poder político en el judicial, cuestión inadmisible en un Estado de derecho.
En cuanto a la figura del indulto, regulada por una ley de 1870, muchos magistrados consideran que es una pieza que distorsiona un sistema constitucional como el español, basado en la división de poderes.