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miércoles, 21 de mayo de 2014

España, La estafa y la corrupción están permitidos, pero no la libertad de expresión

Captura de la web 15Mundial.
La Guardia Civil detuvo el jueves de la semana pasada a un joven de 19 años por pedir a través de Twitter que se mate a los políticos. Sergio B. J. fue arrestado en la localidad valenciana de Tavernes de la Valldigna, acusado de un supuesto delito de apología para la comisión de asesinatos.
La operación se inició cuando agentes del instituto armado tuvieron conocimiento de que una persona podía estar realizando manifestaciones de apología a la violencia a través de las redes sociales en relación con el asesinato de la Presidenta de la Diputación Provincial de León, Isabel Carrasco. En concreto, el joven ahora arrestado había publicado el siguiente tuit: “Aixina es faa ostia!! A matarlos a tots!!! Mes tirs al cap d PPeros!! Isabel CarrasKO” (Así se hace, ostia!! A matarlos a todos!!! Más tiros a la cabeza de PPeros!! Isabel CarrasKO), lo que no deja de ser un acto absurdo de un joven, aunque con seguridad sin ánimos de iniciar una caza al político, y con seguridad demostrando un alto grado de inmadurez de los jóvenes detenidos que se enfrentan a penas de prisión mayores que algunos de los principales banqueros, empresarios o políticos envueltos en escandalos de corrupción en España.
Además, publicó los siguientes mensajes: "Que m’els posen en fila un al costat d l’altre i que em donen un AK-47 qe voràs tu com acabe amb tots eixos fills de putes feixistes d merda" (Que me los pongan en fila, uno al lado del otro y que me den un AK-47 que verás tú como acabo con todos esos hijos de puta fascistas de mierda) o "Ara sols falta que maten a Rajoy, a Soraya Sáenz de Santa Maria, a Aguirre, a Aznar, a Fabra, a Paquito Camps, a Rita Barberà, a Cospedal…". También lanzó tuits en los que afirmó soñar "con quemar iglesias" y "matar a los líderes peperos"; "un tir al cap a cada uno i a la fossa comú" (un tiro en la cabeza a cada uno y a la fosa común), decía otro.
El detenido cuenta en su perfil con 600 seguidores y se describe como "perroflauta, necesito droga y amor". Según fuentes de la investigación, no tiene antecedentes, está en paro y vive con sus padres. En el registro practicado en el domicilio del detenido los agentes se incautaron de diverso material informático, en concreto, de una torre de ordenador, un ordenador portátil, cinco tarjetas USB, tres discos duros y cinco tarjetas de memoria, además del teléfono móvil particular del detenido.
El arrestado ha sido llevado al cuartel de la Guardia Civil de Tavernes de la Valldigna y se ha negado a declarar. Está previsto que pase este viernes a disposición del Juzgado de Instrucción número 6 de Sueca (Valencia).
Esta detención se produce después de que el pasado 28 de abril fueran arrestadas 21 personas por enaltecimiento del terrorismo en redes sociales, aunque todas fueron puestas en libertad 24 horas más tarde.
El ministro del Interior, Jorge Fernández, ya anunció el pasado martes que su departamento estaba investigando los mensajes ofensivos publicados en redes sociales sobre la muerte de Isabel Carrasco.
A Sergi B.J. se le imputa un delito de apología del asesinato por pedir en sus tuits la muerte de varios políticos populares. Es la primera detención en España por estas amenazas en las redes sociales y, según su abogado, se enfrenta a una pena de entre 7 y 10 años de cárcel, teniendo en cuenta el arrepentimiento y que la pena máxima para este delito es de 15 años. 
Por otra parte, la Policía Nacional detuvo el pasado lunes a un joven de 20 años en Bellreguard (Valencia) como presunto autor de los delitos de apología del asesinato y del terrorismo por manifestaciones vertidas en las redes sociales. Según fuentes de la investigación, los agentes han registrado su domicilio y han intervenido material informático que están analizando. El arresto ha sido realizado por agentes de la Brigada de Información de la Jefatura Superior de Policía de Valencia.
El Juzgado de Instrucción número 1 de Gandia (Valencia) le ha dejado en libertad provisional sin fianza y le ha imputado los delitos de proposición para delinquir y amenazas de muerte. Se ha establecido como medida cautelar la comparecencia periódica dos veces al mes ante el juzgado y el juez remitirá la diligencia practicada al juzgado de instrucción número 3, competente sobre el asunto al tener las diligencias abiertas por los hechos referidos.
En relación al segundo detenido, residente en Jerez de la Frontera (Cádiz), el juez tendrá que citarle al estar imputado por la Policía por colgar, bajo el pseudónimo de 'Zurrapa-47', un vídeo en Youtube de una canción en la que se alegraba de la muerte de Carrasco, de la que decía que "no tenía cerebro" y admiraba la "puntería" de su supuesta asesina.
Acompañado de una guitarra, expresaba su admiración por la "justiciera" que mató a Carrasco porque "ha dejado a España con menos porquería", e incitaba a acabar con los políticos "corruptos" con "cinco bombas nucleares".
Es de admirar la rapidez con la que se produjeron estas detenciones que no dejan de ser una expresión inocua de un sentimiento popular, mientras cientos de políticos, banqueros y empresarios imputados por corrupción, blanqueo de dinero, cohecho, apropiación indebida, estafa, malversación de fondos, percepción de dinero negro, ocultar fondos a la hacienda pública, no hayan pisado los juzgados, ni se les haya tomado declaración, y además continúen en sus cargos con la posibilidad de la pertinente destrucción de pruebas que les podría suponer una sentencia de culpabilidad por sus actos.
Parece que el gobierno español quiere transmitir un mensaje, se puede robar, se puede engañar a la gente, se puede hacer mal uso de los cargos públicos o de la gestión de bancos y empresas, se puede estafar al ciudadano, o sea los crímenes de unos están permitidos, sin embargo los expresiones, aunque absurdas, y hasta cierto punto inmaduras y realizadas en un momento de enajenación y crispación social, en una sociedad realmente molesta e irritada con la clase política, banqueros y empresarios por su impunidad frente a los, supuestos, delitos cometidos, son constitutivas de un crimen de apología a la violencia.
¿Y yo me pregunto qué es la corrupción generalizada y realizada numerosas veces como si actúasen como una banda organizada en la que todos saben lo que hay que hacer y como encubrirse?. Por ejemplo el caso de los gestores de Caixa Penedés. ¿Su actuación conjunta no puede significar asociación para realizar un delito?.
Según publicaba Europa Press el pasado mes de abril, una radiografía de la corrupción en España revela que hay casi 1.700 causas abiertas en sus diferentes órganos judiciales, más de 500 imputados en estos procedimientos y sólo una veintena cumpliendo condena en alguna de las cárceles del territorio nacional, según datos recabados por Europa Press.
Bárcenas, Roca, Julián Muñoz, María Antònia Munar, Del Nido y Díaz Ferrán son los reclusos más famosos por la corrupción en España.
Un estudio publicado en 2013 cifró en 40.000 millones el coste social de la corrupción en España y, respecto al aumento de fondos para la investigación, Justicia gastó más de 10 millones de euros en reforzar juzgados que investigan casos de corrupción en 2012.
Los casos de corrupción afectan a todos los niveles de la administración y las investigaciones en marcha salpican tanto a quienes han sido miembros del Gobierno -como los exministros Manuel Chaves y Magdalena Álvarez, relacionados con el caso de los ERE fraudulentos de Andalucía-, como a dirigentes autonómicos y numerosos alcaldes y responsables municipales. El pasado año, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) cifró en 1.661 las causas abiertas en los diferentes órganos judiciales españoles por delitos relacionados con la corrupción. Éstas afectan a tipos penales como la prevaricación, revelación de secretos, cohecho, tráfico de influencias, malversaciones, negociaciones prohibidas a funcionarios, blanqueo de capitales, apropiación indebida, fraude, estafa, falsedad documental y delitos contra el patrimonio histórico y contra el medio ambiente.
Pese a este abultado número de procesos, la cifra de personas que actualmente están en prisión cumpliendo condena es muy reducida, sobretodo debido a la dilatación de los procesos judiciales, que en muchos casos son muy amplios y su investigación abarca un amplio periodo de tiempo.
Por ejemplo, en el caso Gürtel sólo el extesorero del PP Luis Bárcenas está actualmente en prisión. El resto de imputados, más de 150, están aún a la espera de que finalice la fase de instrucción de la causa que investiga el juez Pablo Ruz en la Audiencia Nacional. En la cárcel está también el expresidente CEOE Gerardo Díaz Ferrán por el desmantelamiento de Marsans para evitar el pago a sus acreedores, aunque está pendiente de ser juzgado por más causas en distintos tribunales.
Un caso particular es el de la Comunidad Valenciana, donde hay múltiples escándalos de corrupción abiertos pero ningún político está en prisión, tampoco en Galicia hay ningún político en prisión . En Canarias, pese a la decena de regidores imputados en diferentes casos judiciales, sólo cumple condena el fundador del Partido Independiente de Lanzarote (PIL), Dimas Martín, ya en tercer grado por condena de 8 años de cárcel por malversación de caudales públicos por la gestión del Complejo Agroindustrial de Teguise durante su época como alcalde de este municipio lanzaroteño.
La comunidad de Murcia también cuenta con varios municipios afectados por casos de corrupción, pero únicamente el exalcalde de Totana está en prisión, aunque en la actualidad disfruta del tercer grado y sólo duerme en la cárcel.
La sociedad observa como va perdiendo privilegios y beneficios mientras otros los ganan de manera fraudulenta.
La aportación de las empresas a los planes de pensiones de sus trabajadores se ha visto bastante mermada como consecuencia de la crisis económica. En 2013, según datos de Inverco, las compañías españolas destinaron 1.112 millones de euros a los fondos del sistema de empleo de sus trabajadores. Esta cantidad representa un 7,5% menos que en 2012 y un 33% menos si se compara con las aportaciones de 2007. Esta tendencia, sin embargo, tiene una excepción: las entidades financieras. El pasado curso seis de los siete bancos del Ibex 35 (Bankia no hizo aportaciones) destinaron 11,09 millones a engordar los fondos acumulados por los miembros de sus consejos para la jubilación. En total, 23 banqueros tenían al cierre del pasado ejercicio derechos de cobro por valor de 227,46 millones de euros.
Los exdirectivos de Caixa Penedés, a juicio
Captura de la web de la cadena de televisión La Sexta.
Ricard Pagés, exdirector de la Caixa Penedés, está acusado de adjudicarse de forma ilegal una jubilación de 11 millones de euros. El número dos de la Caja era el primero en advertir ante el juez que le parecería discriminatorio no cobrar esas pensiones.
Pagés junto a otros tres directivos de Caixa Penedés son los primeros gestores, pero deberían sentarse muchos más, que se sientan en el banquillo por adjudicarse esas desorbitadas pensiones que, según la acusación, destrozaron la imagen, en este caso, de Caixa Penedés. Casi 30 millones de euros a espaldas de la entidad.
Acusación y Fiscalía exigen que los cuatro acusados devuelvan las cantidades que percibieron de forma fraudulenta y que no se les permita volver a ejercer como directivos de banca. A su llegada a la Audiencia Nacional tenían pocas ganas de hablar.
En el juicio que ha arrancado el ministerio público pide para Ricard Pagés tres años y medio de cárcel. Para los que le acompañaban en la cúpula de Caixa Penedés, Santiago Abella, Joan Caellas y Manuel Troyano, el fiscal solicita tres años de prisión.
Si las autoridades fuesen tan ágiles en detener y llevar a declarar a los supuestos corruptos, quizás no aparecerían determinados mensajes en las redes sociales, pues las personas observarían que los derechos y obligaciones son iguales para todos, y que la justicia social impera en la sociedad.
No se pueden justificar comentarios racistas, como los twitters contra los judíos, ni de ningún otro tipo, ni la apología de la violencia en las redes sociales, ni del machismo, ni la difamación de personas, ni otras muchas cosas que colocan en riesgo la vida o integridad de las personas, pero tampoco debe ignorarse la obligación del Estado de luchar por sus ciudadanos, respetando sus derechos, entre ellos el de una vivienda digna o el del trabajo, y libertades, y en contrapartida hacer que los mismos cumplan con las obligaciones derivadas de vivir y trabajar en un país.
Debe acabarse con la impunidad de cualquier tipo para que los ciudadanos perciban que ante el delito no existen diferencias sociales, políticas o económicas.
Perseguir unos actos y otros no es una forma de implantar el autoritarismo y la "dictadura" desde los estamentos del Estado.


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