Amira Osman Hamed ingeniera civil y activista de los derechos de las mujeres. |
Amira, de 35 años, fue detenida el 27 de agosto por la Policía de Orden Público, dado que se había negado a cubrirse el cabello con un pañuelo. "Soy sudanesa, soy musulmana y no voy a cubrime la cabeza", habría dicho Amira cuando fue parada y advertida, por un policía, para que se cubriera la cabeza mientras le gritaba, "¿Tu no eres sudanesa?. ¿Cúal es tu religión?", en las afueras de la capital de Sudán, Jartum, según publicaba la web del periódico australiano The Sydney Morning Herald.
La trasladaron a la oficina del fiscal y la acusaron de vestir "indumentaria indecente".
Este delito está tipificado en el artículo 152 del Código Penal sudanés de 1991, que impone como pena un castigo corporal de hasta 40 latigazos, y se aplica contra las mujeres de modo discriminatorio y desproporcionado, según la web de Amnistía Internacional.
La activista sudanesa quedó en libertad bajo fianza tras pasar cuatro horas detenida en la comisaría.
Su caso desnuda el drama de las mujeres en Sudán, donde la flagelación por llevar "indumentaria indecente o inmoral" está contemplada en la ley.
Las leyes no especifican qué constituye una vestimenta indecente o inmoral de manera que la policía y los jueces tienen manga ancha para determinarlo según les parece.
Bajo esa ley, ir a un restaurante usando pantalones es motivo de multa o flagelación. De hecho, Amira ya había sido acusada y condenada en 2002 por llevar pantalones y tuvo que pagar una multa.
Sus abogados le han solicitado al fiscal que retire los cargos, mientras Aministía Internacional ha iniciado una petición en todo el mundo para solicitarle a las autoridades sudanesas que detengan la flagelación. La página, en Argentina, es www.amnistia.org.ar/40latigazos, aunque puede encontrarse la misma petición en las webs de AI en otros países.
La flagelación de mujeres en Sudán por llevar “indumentaria indecente” cobró estado público en 2009 con el caso de la periodista Lubna Hussein, arrestada en un restaurante en Jartum por "vestir ropas obscenas". Diez de las 13 mujeres fueron inmediatamente condenadas a flagelación pública. Entre las azotadas había una chica de 16 años y dos de 17.
Lubna Hussein se declaró inocente. E invitó a 500 periodistas y amigos para que asistieran a su juicio. Cien activistas se manifestaron en las puertas del juzgado el día del juicio. Finalmente Lubna fue sentenciada a pagar 500 libras y a un mes de cárcel. La periodista se negó a pagar la multa (que sí pagó el Sindicato de Periodistas en contra de su voluntad) y fue liberada el día siguiente.
Captura de la web del The Sydney Morning Herald. AFP |
El caso de esta activista de 35 años de edad, ha recibido apoyo de diversos grupos de activistas de los derechos civiles y es el último en poner de relieve una serie de leyes que rigen sobre la moral, que entró en vigor después del golpe islamista de 1989 respaldado por el presidente de Sudán Omar al-Bashir.
En 2009 el presidente sudanés fue acusado por la Corte Penal Internacional por crímenes de guerra y contra la humanidad en la región de Darfur, aunque difícilmente terminará se enfrentando a la misma.
Amnistía Internacional se opone a la flagelación, ya que viola la prohibición absoluta de infligir tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes establecida en el derecho internacional y también en la Convención contra la Tortura.
El pasado 3 de octubre la web del periódico inglés Daily Mail, comentaba la flagelación pública sufrida por una mujer, a manos de un policía, por ir en un coche acompañada de un hombre con el que no tenía ninguna relación, algo que está prohibido por la ley de orden público, mientras le gritaba, frente a la multitud que se agolpaba, "Esto para que no vuelvas a entrar en un coche".
Las imágenes fueron enviadas anónimamente a un periodista que las hizo públicas.
La mujer, al parecer llamada Halima, se encoge en el suelo y trata de cubrir su cabeza con un velo rosa mientras que un oficial de la policía camina, de un lado a otro, mientras se prepara para dar el siguiente golpe.
Según, el mismo diario, "El gobernador de Jartum, Abdul Rahman Al Khidir, habría dicho que no creía que la flagelación, en ese momento, fuese totalmente correcta, pero aún así pensaba que la mujer fue "legítimamente sancionada conforme a la ley Sharia" de acuerdo con el New York Daily News".
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