República Dominicana, La ONU condena fallo del Tribunal Constitucional contra hijos de inmigrantes ilegales

Deguis Pierre, de 29 años. Captura del periódico digital dominicano 7días.

El Gobierno de Haití dio hoy nuevas muestras de su malestar por el fallo del Tribunal Constitucional (TC) dominicano que niega la nacionalidad a los hijos de extranjeros que viven en situación irregular en el país, lo que perjudica a miles de descendientes de haitianos, informaba la BBC.
La semana pasada la más alta instancia judicial dominicana decidió que "los niños nacidos en el país de padres extranjeros en tránsito (persona con situación no legalizada en el país) no tienen la nacionalidad dominicana", una decisión retroactiva a 1929.
El canciller haitiano, Pierre-Richard Casimir, convocó al ministerio al embajador dominicano en Puerto Príncipe, Rubén Silié, para tratar el fallo judicial, que ha sido definido por políticos haitianos de oposición incluso como un "crimen contra la humanidad".

Además, el Gobierno de Haití llamó este martes a consultas a su embajador en la República Dominicana, Fritz Cineas, quien hoy estuvo también en la reunión del ministro con el embajador Silié.

El canciller Casimir, que había dicho que convocó al embajador dominicano para saber "la posición oficial" de su Gobierno sobre el fallo judicial y para trasladarle su preocupación, ofreció después de la reunión una conferencia de prensa. Aunque reconoció que se trata, "ante todo, de un asunto del Estado dominicano y sus ciudadanos", destacó que si el fallo del TC se aplica, "privará a miles de dominicanos de su derecho a la nacionalidad".

Se calcula que la decisión anunciada por el alto tribunal el pasado 25 de septiembre puede afectar a unos 250.000 nacidos en República Dominicana de ascendencia haitiana y a alrededor de 35.000 hijos de padres de diferentes nacionalidades.
En relación a la llamada a consultas del embajador haitiano en la República Dominicana, el consultor jurídico del Poder Ejecutivo dominicano, César Pina Toribio, aseguró hoy que fue para dar las explicaciones oportunas en relación al fallo del TC.

"Que yo sepa no ha habido retiro, la información de que disponemos es de que ha sido un llamado a consulta", dijo Pina, quien agregó que se trata de una cuestión normal en los procedimientos diplomáticos.

El TC anunció el 25 de septiembre un fallo que establece que a las personas nacidas en el país de padres extranjeros en tránsito después de 1929 no les corresponde la nacionalidad dominicana.

La decisión, inapelable, fue tomada a raíz de un recurso de revisión de amparo interpuesto por Juliana Deguis Pierre, de 29 años, contra la Junta Central Electoral por una sentencia de primera instancia que le negó la cédula de identidad y electoral.

El tribunal argumentó que, conforme al artículo 11.1 de la Constitución dominicana de 1966 (vigente a la fecha de nacimiento de Deguis Pierre), no le corresponde la nacionalidad dominicana y, por tanto, tampoco la cédula de identidad y electoral.

Deguis no pudo demostrar "que por lo menos uno de sus padres tuviera residencia legal en la República Dominicana en el momento de su nacimiento", el 1 de abril de 1984.
Sin su carnet de identidad, Juliana Deguis Pierre no puede registrar a sus cuatro hijos, ni inscribirlos formalmente en la escuela, ni tiene posibilidad de conseguir un trabajo distinto al de limpiar casas de familia durante una pequeña temporada.

Dicha sentencia ha generado opiniones a favor y en contra.

Ravina Shamdasani

La Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos señaló el martes desde Ginebra, a través de su portavoz, Ravina Shamdasani, que esta decisión "privará a decenas de miles de personas de una nacionalidad, lo que tendrá un impacto muy negativo en el resto de sus derechos fundamentales".

En tanto, el senador haitiano Jean Baptiste Bien-Aimé, dijo a HPN que el fallo del tribunal dominicano "no respeta la ley", mientras que su colega y compatriota Francisco de la Cruz opinó que es un "crimen contra la humanidad" y representa "un genocidio" para los haitianos residentes en la República Dominicana.

En ambos lados de la isla La Española, que comparten los dos países, se han convocado protestas por la decisión judicial, la primeras de las cuales la celebrarán mañana frente al TC dominicano organizaciones defensoras de los inmigrantes.

A esta seguirá un plantón, el 8 de octubre, frente a la embajada dominicana en Puerto Príncipe "para llamar a la solidaridad internacional contra esta decisión injusta", dijo a Radio Metropole Turneb Delpé, uno de los organizadores de la protesta.

Manuel de Jesús Dandre, abogado de Deguis Pierre, calificó hoy la sentencia de "aberrante" y "política", al tiempo que adelantó, en declaraciones a Efe en Santo Domingo, que llevarán el caso hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), con sede en Costa Rica.
Esteban Reyes,  encargado de asuntos de la comunidad del Comité Dominicano de los Derechos Humanos calificó la sentencia de abusiva y xenofóbica porque afecta los derechos fundamentales de más de cuatro generaciones, en su mayoría dominicanos y dominicanas hijos de padres haitianos.
"Esta sentencia en vez de resolver un problema migratorio, creará una situación de violación de derechos humanos, poniendo nuestro país en los foros internacionales como uno de los estados más racistas y xenófobos, violando acuerdos internacionales de los cuales República Dominicana es firmante", dijo.

Hasta 2010, en el país había regido el principio de la "nacionalidad automática" para todos los nacidos en suelo dominicano.

Pero la nueva Constitución, promulgada ese año, establecía que la ciudadanía sólo se garantizaba en el caso de nacidos dentro del país siempre que al menos uno de sus padres fuera ya dominicano o bien residente legal.

Esta decisión, que no puede ser recurrida, da a la junta central electoral el plazo de un año para elaborar una lista de personas que no cumplan estos requisitos con el fin de retirarles la nacionalidad.

"La decisión tendrá implicaciones desastrosas para los descendientes de haitianos, que navegarán en un limbo constitucional", subrayó Reyes.

Manuel de Jesús Dandre, uno de los abogados de Deguis Pierre, dijo hoy a Efe que la CIDH, con sede en Washington, ya había emitido medidas cautelares a favor de Deguis Pierre, entre ellas, la garantía de sus documentos, y recomendó a representantes del Estado dominicano reunirse con su defendida, pero que esto "nunca ocurrió".
"Lejos de cumplir con las medidas, el Estado envió a la CIDH una lista con nombres de personas, entre la que estaba Juliana, a las que les iba a anular las actas de nacimiento", por supuestas irregularidades, aseguró el letrado.

Según la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, decenas de miles de personas, que abarcan tres generaciones, podrían convertirse en apátridas, sin acceso a servicios básicos para los que se requiere un documento nacional de identidad.

Su portavoz también recordó que va en contra de la legislación internacional que un país niegue la nacionalidad a un individuo que haya nacido dentro de su territorio.
Haití, el país con el menor Índice de Desarrollo Humano, devastado tras el terremoto de enero de 2010 y el más pobre del continente americano -según The World Factbook, el 80% de su población vive bajo el umbral de la pobreza-, comparte la isla caribeña La Española con República Dominicana, con una economía mucho más floreciente.
Según el último censo nacional de inmigrantes de 2012, en República Dominicana hay 458.000 inmigrantes haitianos en una población de 10 millones de habitantes.
Las autoridades de Santo Domingo anunciaron la semana pasada que las Fuerzas Armadas dominicanas habían expulsado en los últimos 13 meses a 47.000 haitianos que habían ingresado ilegalmente en el país, según el Nuevo Herald.