Estados Unidos, Gayle McLaughlin, una alcaldesa contra Wall Street

La alcaldesa de Richmond durante una concentración contra los desahucios.

Hasta hace apenas unos pocos meses, Gayle McLaughlin era una alcadesa anónima, como miles que existen en los Estados Unidos, y la mayoría de países del mundo. Nadie en Wall Street había oído hablar de ella. Sin embargo, en poco tiempo esta ex profesora y ex trabajadora de correos de la ciudad de Richmond, estado de California, en los Estados Unidos, se dió a conocer por su actitud frente a los bancos que acosaban sin descanso, con el objetivo de desalojarlos de sus viviendas, a centenares de habitantes de la ciudad en la que ella ostenta la representación más alta .
Hoy los ejecutivos de los principales bancos estadounidenses la temen, tanto como sus vecinos la respetan. McLaughlin es la guerrera alcaldesa de la localidad californiana de Richmond, una de las más afectadas por la burbuja inmobiliaria y los estragos de su estallido.
Sólo a lo largo de 2012 más de 900 familias de la ciudad, en la que viven poco más de 100.000 personas, perdieron su hogar por impago y hay otras 4.600 en peligro de correr la misma suerte, atrapadas en "hipotecas sumergidas" o, lo que es lo mismo, aquellas en las que el principal pendiente de devolver al banco es superior al valor de mercado de la vivienda debido a una caída brusca de los precios de mercado.
La ciudad vive una grave crisis de la vivienda y, según publicaba el Huffington Post, junto a un incremento de la delicuencia que ha provocado una brusca caída del precio de los inmuebles, está llevando a la ciudad a un peligroso proceso de deterioro urbano. 
Angustiada por la situación de muchos de sus vecinos, McLaughlin decidió tomar cartas en el asunto a mediados del pasado mes de julio. La regidora escribió 600 cartas en las que solicitaba a los bancos que accedieran a negociar con los hipotecados el ajuste de la cuantía del préstamo para ajustarlo a la pérdida de valor de la vivienda y se la envió a 32 entidades financieras.
La mayoría de los bancos no contestaron y los que lo hicieron se negaron en rotundo. Ante esta situación, la alcaldesa de Richmond decidió lanzar un órdago a Wall Street: o adecuaban las hipotecas a la tasación actual de los inmuebles o se las vendían al consistorio a un precio justo. De lo contrario, les expropiarían las viviendas donde residieran personas en peligro inminente de desahucio.
"Los bancos han concedido hipotecas abusivas a los miembros de nuestra comunidad y ahora no les ofrecen solución alguna", ha justificado McLaughlin en la web democracynow.org, en la que ha explicado su intención: "Estamos comprando los préstamos con problemas y se lo quitamos de su cartera a los bancos, y estamos pagándoles un valor justo de mercado para estos préstamos. Después trabajamos con los propietarios para refinanciar y modificar los valores de las hipotecas, buscando que estén en línea con los valores de las viviendas en la actualidad. "Hacemos un llamamiento a los bancos para que nos vendan voluntariamente estos préstamos, y si no cooperan, vamos a considerar el dominio eminente para recuperar las propiedades y renegociar las hipotecas con sus dueños".
El plan fue ideado por el profesor de Cornell University Law School, Robert Hockett. El mismo le dijo al Huffington Post, "Las "hipotecas sumergidas" son un lastre para la recuperación económica. Tenemos que hacer algo inmediatamente".
La primera propuesta de Richmond, que la está trabajando con la sede en San Francisco de Mortgage Resolution Partners, se basaba, por ejemplo, en ofrecer 150.000 dólares para comprar una hipoteca de $300,000 en una casa que, actualmente, está valorada en $ 200.000 y que está en peligro de ejecución hipotecaria. 
De aceptar el banco la transacción, Richmond y la empresa ofrecerían una nueva hipoteca al propietario por 190.000 dólares que, en caso de aceptarla, vería reducidas sus prestaciones mensuales considerablemente, y posibilitaría al propietario que permanezca en ella.
De esta manera, los afectados no perderían la casa y, tras un exhaustivo estudio, los préstamos se ajustarían al valor real de la vivienda y a sus ingresos. Así, por ejemplo, una familia que antes de la crisis compró una propiedad por 300.000 dólares y que en la actualidad su valor de mercado podría estar en los 200.000 dólares, conseguiría ahorrar entre 300 y 800 dólares en su cuota hipotecaria mensual, según los cálculos de las autoridades locales.
Si el banco se niega a vender el préstamo a Richmond , la ciudad invoca su poder de dominio inminente y se apodera de la hipoteca. A partir de ahí, debería ofrecer al banco un valor de mercado justo para la vivienda.
La primera tanda de viviendas expropiadas comprende nada menos que 624 hipotecas ya en proceso de ejecución, con deudas pendientes que van desde 98.000 hasta 1,2 millones de dólares. Antes del estallido de la burbuja inmobiliaria esas casas tenían un valor de mercado conjunto cercano a los 250 millones de dólares, mientras que ahora no llega a los 180 millones, casi un 30% menos
Esta iniciativa preocupa en Wall Street porque podría sembrar un peligroso precedente. Lo que realmente preocupa a los directivos de entidades financieras no es perder el control a precio de saldo de esas 624 "hipotecas sumergidas", ni siquiera de las otras 4.000 que hay en Richmond, sino que otras ciudades se contagien de esta iniciativa y se expanda por todo Estados Unidos.
Y el miedo es real: según la web Fox Business, el 44% de los préstamos para la compra de una vivienda en el país se han convertido en "hipotecas sumergidas" y  los consistorios de al menos una docena de ciudades de Estados Unidos, incluidas algunas tan importantes como Newark, Nueva Jersey o Seattle, están evaluando medidas similares a la aplicada por Gayle McLaughlin.
Los bancos sostienen que el plan "perturbaría gravemente la industria de hipotecas de Estados Unidos", ya que muchas otras ciudades probablemente adoptarían el mismo programa para ayudar a los propietarios que deben más en sus hipotecas que el valor real de sus casas.
Los bancos ya han presentado dos demandas alegando que el plan es un abuso ilegal del dominio eminente, que permite a los gobiernos locales desapropiar una propiedad privada para uso público, como por ejemplo una casa situada en el camino de una nueva carretera o una parcela de tierra que se necesita para un parque nuevo. 
Las "hipotecas sumergidas" han generado un daño colateral en las zonas donde se acumulan, y a los barrios adyacentes, donde el valor de la propiedad ha caído más que en otras, dado que esas viviendas empujan hacia abajo el valor de otros inmuebles en la región. De acuerdo con un estudio del Center for Responsible Lending, las ejecuciones han drenado unos dos billones de dólares, del valor conjunto de las propiedades, en las zonas donde existen viviendas ejecutadas o en proceso de ejecución. Esto ha conllevado también una disminución de los ingresos por impuestos inmobiliarios en muchas localidades, con la consiguiente reducción de servicios públicos, y en consecuencia aumento de despidos, lo que se traduce en un incremento del desempleo. 
Si los bancos negociasen las "hipotecas sumergidas" de Richmond al valor actual de mercado, los propietarios se ahorrarían un promedio de más de $1.000 al mes en sus pagos. Si esos ahorros se invirtieran en bienes y servicios locales, se generarían unos 170 millones de dólares en estímulos económicos y con ello, la posibilidad de crear al menos 2.500 puestos de trabajo, según un artículo de Peter Dreier para el Huffington Post.
Wall Street está asustada con la estrategia propuesta por Richmond, y que se extiende a otras localidades, y está usando todo su poder, todas sus influencias, para detener a quienes intentan ir adelante con proyectos similares al de la ciudad californiana.
Desde la pasada primavera la Junta de Andalucía ha comenzado a expropiar temporalmente, durante un periodo máximo de tres años, el uso de viviendas habituales inmersas en procedimientos de desahucios. Además, otras comunidades como Cataluña, País Vasco o Canarias también han iniciado un debate sobre la expropiación de viviendas vacías en sus respectivas comunidades.
El objetivo de esta expropiación temporal es garantizar el derecho a la vivienda a los afectados por el desahucio. La misma se aplicará a las casas embargadas por bancos o por sus filiales inmobiliarias o por entidades de gestión de activos.