Kenia, El Parlamento burla a la Corte Penal Internacional

Uhuru Kenyatta, votando en las últimas elecciones de marzo de 2013. Ben Curtis/AP

El Parlamento keniano aprobó el pasado jueves, día 5, una resolución que reclama al Gobierno que inicie el procedimiento para retirar a Kenia del Estatuto de Roma, tratado fundacional y que regula la jurisdicción del Tribunal Penal Internacional (TPI), la misma corte que mantiene imputados al presidente y al vicepresidente del país, Uhuru Kenyatta y William Ruto, por la violencia registrada tras las elecciones de 2007. Serán juzgados por crímenes de lesa humanidad.
Dominado por la coalición Jubilea, la formación del presidente y del vicepresidente, el Parlamento ha aprobado por mayoría solicitar al Ejecutivo la salida del TPI. Tras la ratificación de esta resolución, en los próximos 30 días el Parlamento deberá iniciar la tramitación de la ley que materializará la salida de la corte internacional, dejando a ambos líderes fuera de la jurisdicción de la misma.
El presidente y el vicepresidente del país, que fueron elegidos en los comicios del pasado mes de marzo, están acusados de crímenes contra la Humanidad por haber orquestado la violencia post-electoral, acusaciones que niegan ambos.
La votación de este jueves se ha celebrado cinco días antes de la apertura del juicio contra el vicepresidente keniano, William Ruto, y el exlocutor de radio Joshua Arap Sang por crímenes contra la Humanidad en el periodo postelectoral de 2007.
La moción ratificada este jueves había sido presentada por el líder del grupo parlamentario de la formación gubernamental, Aden Duale. El partido del ex primer ministro keniano, Raila Odinga, la Coalición para la Reforma y la Democracia, ha dejado claro su rechazo a la moción.
La situación de Kenia representa la quinta investigación de la Corte Penal Internacional.
El 31 de marzo de 2010, la Sala de Cuestiones Preliminares II de la CPI autorizó al Fiscal de la CPI a iniciar una investigación sobre crímenes de lesa humanidad presuntamente cometidos en Kenia en relación con la violencia post electoral de 2007-2008. Ésta era la primera vez que el Fiscal utilizaba sus poderes de “motu proprio” para iniciar una investigación sin que la situación fuese referida por un gobierno o por el CSNU.

Tras conocerse la noticia, Amnitía Internacional publicó un comunicado en su página web en repudio contra la medida. "Tras conocerse que el Parlamento de Kenia ha aprobado hoy la retirada de la Corte Penal Internacional, Netsanet Belay, director del Programa Regional para África de Amnistía Internacional, ha manifestado: “La votación de hoy es un alarmante intento de negar justicia a los cientos de miles de personas que perdieron la vida o fueron expulsadas de sus hogares durante la violencia postelectoral de 2007 y 2008.”

“Es inaceptable que se intente proteger a quienes pueden ser juzgados por presuntos crímenes de lesa humanidad y se les permita eludir la acción de la justicia. Además, esta decisión sienta un peligroso precedente para el futuro de la justicia en África.”

La votación en el Parlamento keniano se produce días antes de que el vicepresidente de Kenia, William Ruto, sea juzgado en La Haya por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la violencia poselectoral que azotó el país en 2007 y 2008.

El presidente del país, Uhuru Kenyatta, también se enfrenta a graves cargos; está previsto que su juicio comience el 12 de noviembre", dice el comunicado. 

El vicepresidente keniano será juzgado el próximo día 10 en el Tribunal de la Haya, mientras que el presidente se sentará en el banquillo el 12 de noviembre, ambos como supuestos responsables de la violencia postelectoral de finales de 2007 y principios de 2008, que dejó más de un millar de muertos y unos 500.000 desplazados.

Kenyatta y Ruto fueron elegidos en los comicios del pasado marzo, que se desarrollaron en general de forma pacífica, frente a las elecciones de diciembre de 2007, que desembocaron en una ola de violencia político-tribalista, después del supuesto amaño electoral del ya expresidente Mwai Kibaki.
El caos cesó con la firma de un acuerdo, en febrero de 2008, para formar un Gobierno de unidad en el que Kibaki (de la mayoritaria tribu kikuyu) mantuvo la presidencia, y Raila Odinga, de la numerosa comunidad lúo, fue designado primer ministro, un cargo creado "ad hoc".
La crisis condujo a una división en el país que todavía está por cerrarse, y por eso Kenyatta -tercer presidente kikuyu que accede al poder de los cuatro que ha tenido Kenia- abogó durante su investidura por trabajar como líder de "todos los kenianos" y buscar "una paz que promueva la unidad" de Kenia.
"Esta medida no es más que la última de una serie de preocupantes iniciativas para menoscabar la labor de la CPI en Kenia y en todo el continente", ha afirmado Netsanet Belay, director del Programa Regional para África de Amnistía Internacional.
Tras conocerse la decisión del Parlamento keniata, la Corte Penal Internacional (CPI) ha asegurado que los juicios contra el presidente keniano, Uhuru Kenyatta, y su vicepresidente, William Ruto, por crímenes de lesa humanidad seguirán adelante con independencia de que el país denuncie el Estatuto de Roma.
"Una denuncia del Estatuto de Roma solo tiene efecto un año después de que se deposite la retirada ante el secretario general de la ONU", ha explicado el portavoz del alto tribunal de las Naciones Unidas Fadi El Abdallah, en declaraciones recogidas por Efe.

Durante el debate del jueves, el portavoz del Gobierno en la Cámara baja y principal impulsor de la moción, Aden Duale, justificó la salida como una medida necesaria para "salvaguardar la soberanía de Kenia" .

Duale comparó esta acción con la retirada de la firma del tratado por parte de Estados Unidos en 2002, "Estados Unidos no ha firmado el Estatuto de Roma porque defiende a sus tropas y ciudadanos de persecuciones políticas. Hagamos lo mismo. Defendamos nuestra soberanía nacional", dijo el jefe de Jubilee, formación mayoritaria de la que forman parte Kenyatta y Ruto, además de asegurar que, con este abandono, Kenia se unirá "a la liga de las principales democracias mundiales".

En la sesión parlamentaria, en la que se llegó a calificar la jurisdicción de la CPI como una forma de  "neocolonialismo", la oposición rechazó la propuesta alegando que este país africano "no puede existir al margen de la ley internacional".

La votación parlamentaria no impedirá la apertura de ambos juicios, pero puede sentar un precedente para otros países africanos descontentos con la labor de la CPI. En el caso de Kenia, la Unión Africana abogaba por un proceso a domicilio. El hecho de que los otros siete casos abiertos por la Corte se refieran también a África (Uganda, República Democrática de Congo, República Central Africana, Darfur (Sudán), Libia, Costa de Marfil y Malí) ha llevado a sus dirigentes a asegurar de que se trata de "un foro dedicado a cazar africanos".
La CPI ya ha tenido problemas con sus acusados en el pasado. Uno de los más destacados, el presidente sudanés Omar el Bashir, acusado del genocidio de Darfur (400.000 muertos y dos millones de desplazados), sigue sin ser detenido. Por su parte, Said el Islam, hijo del depuesto líder libio Muamar el Gadafi, y buscado por crímenes contra la humanidad, no será extraditado, dado que el gobierno de Libia quiere juzgarle en el país.
A principios de 2012, el fiscal general de Kenia dijo que había abierto alrededor de 5.000 casos en torno a los sucesos de 2007, pero que únicamente catorce personas habían sido condenadas por su participación en los mismos.

Violencia post electoral en Kenia (2007-2008).