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| La jueza argentina María Servini de Cubría. |
La jueza que lleva la querella para investigar los crímenes de la dictadura franquista atribuye delitos "imprescriptibles" de lesa humanidad con penas de entre 8 y 25 años de cárcel y reconoce el derecho de Argentina a investigar los crímenes de la dictadura, ya que ante la falta de progreso de las causas en España, las víctimas del franquismo llevaron en 2010 sus denuncias a Argentina.
En ese país, la juez Servini las tomó en consideración, teniendo en cuenta el criterio de justicia universal, el mismo por el que el ex juez Baltasar Garzón investigó en España a los criminales de las dictaduras de Argentina (1976-1983) y Chile (1973-1990) en la década del 90, cuando en esos países reinaba la impunidad, comenta el diario El País.
En base a ese aspecto, la magistrada María Servini de Cubría, en una resolución de 204 páginas, solicita a la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) la extradición a Argentina de los cuatro ex funcionarios del franquismo para interrogarles en la querella que investiga los crímenes cometidos durante la dictadura de Francisco Franco.
Para que los imputados declaren es necesario que el gobierno español los detenga y ponga a disposición de la justicia argentina. "Es fundamental como es recibida la resolución. No es lo mismo si ellos deciden prestar colaboración que si no lo hacen", explica Máximo Castex, uno de los apoderados de las víctimas del franquismo que vinieron a Argentina a tramitar sus causas, en declaraciones al diario argentino Clarín.
No es de esperar que España los detenga ni que los envíe a Argentina. Hace pocos meses, el Gobierno de Mariano Rajoy hizo gestiones para que finalmente se suspendiera una teleconferencia en el consulado argentino en Madrid para que desde allí la juez Servini recogiera el testimonio de querellantes, según han denunciado abogados y familiares de las víctimas. Pero la orden de detención dictada por Servini puede dificultar que los cuatro imputados salgan de España porque corren el riesgo de que en otros países Interpol los detenga.
Muñecas Aguilar, capitán de la Guardia Civil, fue condenado a cinco años por rebelión militar y expulsado del cuerpo por su participación en el golpe de Estado del 23-F de 1981. Tiene 74 años y reside en Madrid, está imputado por torturas contra Andoni Arrizabalada Basterrechea en 1968. "Esto es lo que ocurre cuando no quieren colaborar", dijo Muñecas en aquel entonces, según un testigo que vio a Arrizabalada en el cuartel de la Guardia Civil de Zarautzen, ensangrentado e irreconocible, con el rostro y los brazos llenos de moratones, con un imagen que no parecía humana.
Celso Galván Abascal, inspector de la brigada político-social durante la dictadura franquista y escolta del dictador Francisco Franco, fue absuelto del asesinato del estudiante Enrique Ruano en 1969. Tiene 78 años y está domiciliado en Madrid. Ha sido imputado por las torturas inflingidas contra José María Galante Serrano en 1969, cuando fue detenido sin proceso ni multa gubernativa alguna por supuestas actividades "subversivas", y contra Acacio Puig Mediavilla, arrestado en los calabozos de la Dirección General de Seguridad en 1973.
José Ignacio Giralte González, también miembro de la brigada, fue comisario del Cuerpo Nacional de Policía y su nombre aparece en al menos cuatro de las querellas presentadas en Argentina asociado a torturas a miembros del movimiento estudiantil. En la actualidad, con 72 años y con domicilio en Tres Cantos, está acusado por los tormentos contra Galante y contra Alfredo Rodríguez Bonilla, en su detención en 1975. "(Giralte y Jesús González Reglero) me decían que bajara la cara, cada vez que lo hacía me golpeaban, por la espalda recibí golpes, incluidos los que me propinaban con las propias cadenas con las que fui detenido y patadas en la entrepierna", atestiguó Rodríguez Bonilla. "Según me iban golpeando, me decían: "Di que tu madre es una puta, di que tu padre es maricón"", relató el denunciante.
Juan Antonio González Pacheco (alias Billy el Niño), que aparece hasta en 17 querellas del franquismo por delitos de torturas, fue citado a declarar en los procesos por el asesinato de los abogados de Atocha y en juicios relacionados con grupos paramilitares antiterroristas, así como condenado por malos tratos, pero se benefició de la ley de Amnistía de 1977. Tiene 66 años y reside en Madrid. Está imputado por torturas contra 13 víctimas. Los querellantes han recordado su frialdad al propinar golpizas, sus azotes con la porra y sus explicaciones de que lo hacía porque no le gustaban sus caras.
Entre los argumentos, la juez Servini de Cubría retoma informes de Amnistía Internacional sobre los crímenes del franquismo, el testimonio del ex juez español Baltasar Garzón y las declaraciones de las víctimas y de sus familiares.
"Es una decisión sin precedentes que abre una esperanza a las víctimas", apuntó Castex, abogado querellante en la causa abierta en Buenos Aires en 2010 por "delitos de genocidio y/o lesa humanidad" cometidos durante la Guerra Civil y la dictadura franquista, que abarca el periodo del 17 de julio de 1936, cuando se produjo el levantamiento militar, hasta el 15 de junio de 1977, -este período incluye la denominada "transición española", que tiene su "punto inicial" con la muerte del dictador Francisco Franco, el 20 de noviembre de 1975, hasta el día de las elecciones de junio-, cuando se realizaron las primeras elecciones democráticas en España desde el 23 de febrero de 1936.
También para el abogado de la querella Pompeyo Ramos se trata de "un paso de gigante" para la causa, "una revolución para el mundo de la jurisprudencia" similar a la que se produjo cuando la Audiencia Nacional española procesó a los dictadores Augusto Pinochet o Jorge Rafael Videla.
Para Fernando Magán, abogado impulsor de varias querellas contra el franquismo en España, esta decisión judicial se trata de "un paso, un aliento positivo". En declaraciones a la Cadena SER, Magán señala que "En España se necesita la condena judicial e institucional de la dictadura, aunque sea por higiene democrática, aunque no existan grandes penas". Para este abogado, "es necesario que exista una verdad judicial de lo que significó la dictadura en cuanto a sus prácticas". En esa misma línea se muestra el historiador y escritor Santiago de Córdoba, en cuya opinión "la jueza argentina ha hecho historia en España".
Para Silvia Carretero una de las víctimas de la dictadura franquista, torturada en más de una ocasión, la noticia representa una gran "alegría porque en este país no se ha hecho nada nunca contra las atrocidades del franquismo", según le expresaba a la Cadena Ser. Silvia conoció personalmente al ex inspector José Antonio González Pacheco, también conocido como 'Billy el Niño', dado que, según cuenta, coincidieron en la universidad y además Pacheco fue el torturador de su marido en la cárcel de Carabanchel.
En el fallo de 204 páginas la jueza critica la falta de acción de la justicia española en el tema de la represión durante la dictadura franquista y señala que las pruebas recabadas durante el proceso "demuestran que no se estaría llevando en España una investigación eficaz de los hechos", y recuerda que la legislación internacional establece que "cuando un Estado no ha ejercido su soberanía, los restantes estados de la comunidad internacional quedan habilitados para hacerlo".
A la causa por delitos de lesa humanidad, abierta en 2010 por Servini de Cubría, se sumaron la pasada semana denuncias por robo de bebés en España.
Es muy triste que tenga que ser otro país el que investigue las atrocidades que se cometieron aquí. Me parece a mi que mucho político actual vodría ver a algún familiar envuelto en más de un asunto turbio de la época.
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