La "Marca España", La infanta Cristina imputada por delitos de fraude fiscal y blanqueo de dinero

Desde que el yerno del rey Juan Carlos, Iñaki Urdangarin, fue acusado de malversación de fondos públicos en diciembre de 2011, el escándalo ha rondado la Casa Real Española.

Ahora, con la imputación de que fue objeto ayer lunes su esposa, la infanta Cristina, por delitos de fraude fiscal y blanqueo de dinero, el caso ha llegado a las mismas puertas de la familia real.
Cargos preliminares de corrupción financiera han sido presentados en contra de la infanta Cristina de España, por segunda vez, por un juez que investiga a su esposo debido a un supuesto desvío de fondos públicos.
El juez José Castro dirige la investigación en un tribunal local de Palma de Mallorca, en las Islas Baleares de España.
El magistrado presentó cargos preliminares contra la infanta en abril del año pasado, pero estos fueron retirados en mayo, luego de que los abogados apelaran ante un tribunal provincial, citando "evidencia insuficiente".
La prensa internacional se ha hecho eco de esta nueva imputación a la hija del Rey de España, que deja en una situación muy comprometida a la tan defendida desde el Gobierno del Partido Popular, y al mismo tiempo vapuleada por los medios internacionales, "Marca España".

La BBC se hace eco de la imputación a la infanta Cristina.

La hija menor del rey fue citada a declarar el próximo 8 de marzo, en relación al proceso sobre la presunta corrupción del Instituto Nóos, que presidió el marido de Cristina.
La infanta es investigada en relación a las acusaciones de que es objeto su esposo, Iñaki Urdangarin, y su exsocio Diego Torres, por delitos de malversación de fondos públicos, evasión de impuestos, fraude fiscal, prevaricación y falsedad de documentos.
La primera vez que el nombre de la infanta surgió como una posible pieza clave del escándalo fue en febrero de 2013, cuando Torres declaró ante un juez que ésta conocía las actividades del Instituto Nóos porque pertenecía a la junta directiva.
Posteriormente fue citada a declarar en abril de 2013, pero la imputación fue suspendida tras un recurso que presentó la Fiscalía Anticorrupción ante la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca.
Desde entonces, el juez José Castro, que lleva el caso, ha investigado las cuestiones financieras de la infanta Cristina, que condujeron a la segunda imputación anunciada este martes.
Esta decisión cuenta con la opinión en contra de la Fiscalía Anticorrupción, la Abogacía del Estado, el abogado de Urdangarin y la defensa de la infanta.
La Casa del Rey expresó su "máximo respeto por las decisiones judiciales" tras el anuncio de la imputación de la hija de Juan Carlos I.

Artículo de New York Times con relación a la imputación de la Infanta.

El diario estadounidense menciona que una encuesta de Sigma Dos reveló que la mayoría de los españoles cree que la monarquía manejó mal el caso y que el Rey debería abdicar.
Una portavoz del tribunal le confirmó a CNN el martes que el conflicto entre Castro y los fiscales automáticamente haría que el asunto regresara al tribunal provincial.
Un panel de cuatro jueces entonces decidirá si mantienen los cargos preliminares o no.
Se espera que el mismo tome una decisión antes de la cita en el tribunal que se llevará a cabo el 8 de marzo, a solicitud de Castro.
El esposo de la infanta, Iñaki Urdangarín, es acusado de desviar, para uso privado, fondos públicos destinados a favor de su fundación sin fines de lucro.
El periódico francés Le Monde, se pregunta, en relación al caso, "¿Podrá la infanta Cristina escapar de la justicia española?".

El diario francés recuerda que la Infanta no ha marcado distancia con su marido

El juez Castro señala que el Instituto Nóos atraía fondos públicos y privados en base a la posición del esposo de la infanta que era socio clave y presidente de la entidad. El mismo es una entidad que se declaraba sin fines de lucro fundada en 1999 con sede en Barcelona cuya misión era realizar investigaciones de interés general, promover la responsabilidad social y ser un lugar de encuentro entre el sector empresarial y la administracción pública.
La investigación judicial determinó que una cantidad desproporcionada de dinero que el instituto cobró por convenios suscritos por gobiernos locales habría ido a parar a una red de empresas privadas que dependían del instituto.
El juez cree que la fundación tenía en realidad "un desmedido ánimo de lucro" e imputa a la infanta por presuntos delitos de blanqueo de dinero y fraude fiscal.
Castro considerea que el Instituto Nóos era una estructura de la cual se servía la pareja para defraudar a Hacienda y realizar facturaciones ficticias.
Según el juez, en declaraciones citadas por la agencia de noticias EFE, "(la infanta) ha intervenido, de una parte lucrándose en su propio beneficio y, de otra, facilitando los medios para que lo hiciera su marido" en el aprovechamiento de los fondos que Nóos obtuvo de los gobiernos regionales balear y valenciano, con los que el matrimonio realizó gastos personales y compró inmuebles a nombre de su empresa.

Desde Alemania se habla de que "La hija de Rey es acusada de lavado de dinero".

Estas son las reaciones recogidas por otros medios internacionales:

Para Bloomberg, "la presión está aumentando sobre la monarquía española, que ha visto caer su apoyo público en medio de la investigación de corrupción", mientras que el "enfermo rey se esfuerza por llevar a cabo sus funciones".

Para The Washington Post se trata del "último golpe a la reputación de la familia real". La noticia "ha dañado seriamente la imagen de Juan Carlos, de 76 años de edad, una vez que es una de las figuras más respetadas de España".

También a Italia ha llegado la noticia. El Corriere della Sera señala que la esposa de Iñaki Urdangarin se puede enfrentar a seis años de prisión.

El diario Al Jazeera de Qatar también sitúa la noticia en portada.

Muchos se preguntan ahora si la infanta Cristina logrará evadir la comparecencia ante los tribunales, como sucedió el año pasado.
Algunos analistas destacan que la única vía que tiene para evitar declarar en el banquillo de los acusados es la llamada "doctrina Botín”.
Esta doctrina fue establecida por el Tribunal Supremo en 2007 cuando exoneró al banquero Emilio Botín de ser juzgado en un caso de cesiones de créditos.
Ésta establece que un proceso sólo puede prosperar si la acusación es presentada por el fiscal y por una persona o entidad afectada por el caso, no cuando procede de cualquier ciudadano bajo el argumento de defender la legalidad vigente.
En el caso por el cual se acusa a la infanta Cristina, la demanda judicial fue presentada por el Colectivo de Funcionarios Públicos Manos Limpias que se define a sí mismo como un sindicato anticorrupción y es a menudo descrito como una organización de extrema derecha.
La entidad se ha destacado por presentar demandas judiciales de alto perfil, como la acusación contra el juez Baltazar Garzón.
La noticia de la imputación de la princesa se suma a una serie de polémicas que afectaron en los últimos meses la imagen del rey Juan Carlos I, quien cumplió 76 años el pasado 5 de enero.
Juan Carlos se convirtió en rey el 22 de noviembre de 1975, tras la muerte del dictador Francisco Franco.

La infanta Cristina y su esposo, Iñaki Urdangarín, en Palma de Mallorca, España, en 2011.