España, El ayuntamiento de Barcelona multa con 155.000 euros a un pensionista que buscaba trabajo

Captura de la web de Antena3.com

A Miguel Romero buscar trabajo le ha costado 155.000 euros. Tiene 63 años. Con dos hijos y sin trabajo, decidió buscarlo pegando carteles en las calles de Barcelona. 

El Ayuntamiento de Barcelona ha impuesto más de 300 multas, por las que reclama 155.000 euros, a un pensionista que puso carteles en el espacio público en los que se anunciaba para hacer mudanzas y traslados. Según ha explicado Roberto Castro, el abogado del denunciado, su cliente Miguel R. no supo hasta diciembre, cuando se lo comunicó el Instituto Municipal de Hacienda de Barcelona (IMHB), que le habían impuesto estas multas por unos carteles que había colocado en 2012.
En Barcelona pegar carteles en el espacio publico está multado con 375 euros, a los que en este caso se suman los recargos por no haber pagado las sanciones. "Vino hundido y abatido y padece una depresión. Esta cantidad no se paga ni en seis generaciones", ha señalado el abogado, que ha explicado que Miguel R. es viudo, cobra una pensión inferior a 1.000 euros y vive de alquiler con sus dos hijos, de 14 y 19 años, que tiene que mantener. "Es una familia que no llega a fin de mes y de ahí la necesidad de buscar un sobresueldo con estos anuncios de mudanzas", ha señalado.
El abogado ha explicado que en 2012 Miguel R. hizo en un par de días una batida de carteles por Barcelona y poblaciones del extrarradio, como Gavà y Terrassa, y que en estas dos la policía local tuvo el "detalle" de en vez de denunciarlo, llamarle por teléfono al móvil que aparecía en los anuncios para advertirle de que poner carteles está prohibido. En cambio, en Barcelona nadie le dijo nada y posiblemente un mismo agente de la Guardia Urbana "fue siguiendo los carteles como si fueran miguitas" y poniendo denuncias, más de 300, por cada uno que encontraba, "con ensañamiento", en opinión del abogado.
De momento, la semana pasada el abogado presentó un recurso por duplicidad de defectos de forma en la notificación contra la resolución vía embargo del IMHB. Además, confía en que "la presión social saque los colores al ayuntamiento de Barcelona por esta aberración" y haga que si se llega a los tribunales su cliente sea indultado.
Ayer jueves, el consistorio ha matizado que la primera sanción se impuso el 9 de abril de 2010 en el distrito de Horta-Guinardó pero Miguel se negó a firmarla. Lo mismo ocurrió el día 20 de ese mismo mes y no le pudieron notificar las multas porque no le encontraron en los domicilios que constaban en su DNI ni en varios registros públicos.
Este jueves han presentado el caso a la Síndica de Greuges, Maria Assumpció Vilà, quien ya ha solicitado el expediente al Ayuntamiento. Ha explicado que ya habían recibido alguna queja similar pero "nunca por cantidades tan exageradas" y espera poder encontrar una solución como en otras ocasiones, por ejemplo, agrupando las sanciones en una por una infracción continuada, lo que reduciría sustancialmente la multa. "Es como si abre un bar sin licencia, se le sanciona por no tener licencia no por los cafés y los cruasánes servidos", ha señalado.
Asismismo, cuando presente el balance de 2013, pedirá al consistorio que revise la Ordenanza de Civismo, en vigor desde hace ocho años, pues resulta ineficaz con algunos colectivos vulnerables como el de Miguel o los indigentes. "Está prohibido dormir en la calle o asearse en las fuentes pero a veces no tienen otra opción y no pagan las multas. Hay que trabajar más desde los servicios sociales", ha reclamado Maria Assumpció Vilà.

 

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