Siria, El regimen de Bashar al-Assad ordena la demolición de edificios en represalia contra la oposición

Refugiados sirios en Beirut (Líbano). EFE.

Las declaraciones de testigos, así como las imágenes por satélite y distintas pruebas fotográficas y audiovisuales, demuestran que las autoridades sirias han demolido deliberadamente miles de edificios en Damasco y Hama en 2012 y 2013, según denuncia la organización Human Rights Watch (HRW) en un comunicado.
Las fuerzas de seguridad sirias supervisan el desplazamiento sistemático de miles de personas, luego de demoler su barrio en el oeste de la conflictiva ciudad de Hama, dijeron habitantes a CNN.
La ONG se hace eco de siete casos de derribos a gran escala con explosivos y excavadoras, que podrían ser "castigos intencionados contra la población civil o para causar un daño absurdo a los civiles", ya que no sirvieron a ningún propósito militar.
La ONG internacional ha documentado demoliciones en siete barrios: dos en la ciudad de Hama, Masha el Arbeen y Wadi el Juz, cinco en Damasco: Qadun, Tadamun, Barzé, la base aérea Mezzé y Harran el Awamid. El área total "arrasada", según HRW, es de al menos 140 hectáreas (equivalentes a unos 200 campos de fútbol). La mayoría de las estructuras derrumbadas eran bloques de apartamentos de varios pisos, por lo que "miles de personas han perdido sus hogares", indica el informe.

Antes y después de la demolición de viviendas en Siria HRW / AP.

Según responsables del Gobierno y medios de comunicación leales al régimen, las demoliciones son parte de proyectos de planificación urbana o bien para acabar con las construcciones ilegales.
Sin embargo, aseguró HRW, los derribos fueron supervisados por el Ejército y, en ocasiones, se produjeron después de enfrentamientos entre las fuerzas gubernamentales y los opositores.
En ese sentido, la organización subrayó que no se han registrado demoliciones similares en zonas progubernamentales.
Una mujer, residente cerca de Uadi al Yuz, uno de los distritos afectados, dijo a HRW que tras las demoliciones las Fuerzas Armadas llegaron al barrio y advirtieron a la población con altavoces de que destruirían el lugar como habían hecho con otras áreas si una sola bala se disparaba desde allí.
Varios dueños de casa destruidas señalaron a la ONG que, al contrario de lo que afirma el Gobierno, sus viviendas disponían de todos los permisos y documentos exigidos por las autoridades.
Además, se quejaron de que las fuerzas del régimen no les avisaron sobre las medidas que iban a tomar, por lo que les fue imposible llevarse sus pertenencias. Tampoco han recibido ningún tipo de indemnización.
Un propietario de un restaurante local del barrio Qadun de Damasco, dijo a Human Rights Watch que las fuerzas de seguridad llegaron una mañana sin avisar con excavadoras y le ordenaron salir de las instalaciones. "Cuando le pregunté porqué, el soldado dijo `no hay más preguntas´ o de lo contrario sería detenido".
Aseguró que le negaron el permiso para sacar cualquier cosa del local y lo obligaron a irse a pie, dejando su motocicleta detrás. "Mientras caminaba miré hacia atrás y vi la excavadora demoliendo mi tienda" dijo. "Antes mis ojos, vi todo el duro trabajo de mi familia destruido en un segundo", concluyó.
"Las fuerzas de seguridad comenzaron a usar el fuego de la artillería para bombardear varias posiciones en el barrio", le dijo Abdallah a CNN desde Meshaa Alarbaeen.
"Algunas de las personas más pobres que viven aquí fueron dirigidas a sus casas por las fuerzas de seguridad. Realmente trataron de hacerle la vida imposible a los habitantes", añadió el mismo.
En declaraciones a un periodista extranjero en octubre de 2012, el gobernador de la periferia de Damasco, Husein Majluf, reconoció que las demoliciones eran esenciales para expulsar a los combatientes de la oposición.
Para el investigador de Emergencias de HRW Ole Solvang, "eliminar vecindarios enteros del mapa no es una táctica de guerra legítima".
"Nadie debería dejarse engañar por las afirmaciones del Gobierno de que está llevando a cabo una plan de urbanismo en medio de un conflicto sangriento" -apuntó Solvang-. Para añadir "Esto ha sido un castigo colectivo contra comunidades sospechosas de respaldar la rebelión".
Solvang además, ha insistido en que el Consejo de Seguridad de la ONU debe, junto al Tribunal Penal Internacional, "enviar un claro mensaje de que el respaldo y la impunidad hacia el Gobierno no se impondrán en el camino para lograr la justicia para las víctimas".
HRW hizo un llamamiento para que el régimen de Bashar al-Assad se comprometa a detener de inmediato los derribos, "que violan la ley internacional", y a compensar a los afectados, en el marco de las negociaciones de Ginebra 2.