Perú, Continúan impunes las esterilizaciones forzosas de la época de Fujimori

Estas mujeres dieron su testimonio como víctimas de esterilizaciones forzadas. (Foto: Cecilia Larraburre/ El Comercio)

Entre 1990 y 1998, más de 300.000 mujeres fueron sometidas a un programa de esterilización forzada durante el régimen de Fujimori. El movimiento de mujeres consiguió frenar las esterilizaciones e iniciar los juicios a los responsables. Tras años de dilaciones, el proceso se volvió a abrir a finales de 2012, sin que haya avanzado, significativamente, hasta la fecha
Una comisión parlamentaria independiente establecida en 2002 concluyó que el gobierno de Alberto Fujimori esterilizó a 346.219 mujeres y 24.535 hombres en los últimos siete años de su mandato presidencial (1990-2000). En más de 2.000 casos lo hizo sin consentimiento informado, o mediante engaños, coacción o soborno.
El ex presidente de Perú Alberto Fujimori y tres ex ministros de Sanidad fueron denunciados por genocidio por el Congreso peruano. Se les acusaba de haber dirigido un plan de esterilizaciones forzosas, "bajo presiones, amenazas e incentivos con alimentos, sin que fueran debidamente informadas" a más de 300.000 mujeres, la mayoría indígenas, entre 1996 y 2000, de las cuales 18 murieron. Organizaciones de defensa de los derechos de las mujeres cuestionan las cifras. La denuncia se basa en un informe realizado por una comisión del actual ministerio de Sanidad.
Algunas murieron y otras quedaron con secuelas físicas y psicológicas muy importantes. Y por supuesto, no han obtenido justicia ni reparación del daño hasta ahora.
Las primeras denuncias ante la Fiscalía, de 1988 y 2001, fueron archivadas en 2009 y reabiertas en 2012, en cumplimiento de un acuerdo amistoso entre el Estado peruano y la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
"Los médicos iban a las casas y les decían a las mujeres que tenían que hacerse controlar, que el presidente las iba a asegurar, que les iba a dar comida mensual, a pagar la educación. Si se negaban, las amenazaban y hasta las secuestraban", explicó para la AFP la miembro del Parlamento Andino y activista de los derechos humanos Hilaria Supa, que participó en el documental, "Las cicatriz de Paulina", de Manuel Legarda.
"En Mollepata (sureste del Perú), los médicos encerraron a diez mujeres en un cuarto de la posta (pequeños centros de salud en zonas marginales) y no las dejaron salir hasta que fueran operadas", dijo Supa, quien recordó que el programa de planificación familiar tuvo financiación "del Banco Mundial, Estados Unidos y Japón".

Alberto Fujimori salió bien librado del caso de las esterilizaciones forzadas. (Perú21).

El fiscal Marco Guzmán Baca, titular de la Segunda Fiscalía  Penal Supraprovincial, concluyó su investigación sobre el caso de las esterilizaciones forzadas ocurridas durante el gobierno de Alberto Fujimori (1990-2000) y determinó que hubo violación a los derechos humanos. Por tal razón denunció ante el Poder Judicial a un grupo de médicos cajamarquinos, según información del Ministerio Público.
Esta investigación fue reabierta en junio del 2013 a raíz de una recomendación hecha por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos al Estado Peruano. debido a que el número de mujeres afectadas era muy alto y una de ellas había muerto a consecuencia de las esterilizaciones.
El caso se había archivado en mayo del 2009, porque, según el fiscal especial Carlos Cáceres, quien tuvo el caso, no se había encontrado indicios de carácter criminal en los investigados por las irregularidades cometidas en la ejecución del Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar 1990-2000.
El fiscal, por otra parte concluyó que los investigados Alberto Fujimori y su ex ministros de Salud Alejandro Aguinaga, Marino Costa Bauer y Eduardo Yong Motta no tienen ninguna responsabilidad delictiva.
Guzmán solo denunciará a seis médicos, como responsables, por la muerte de una mujer, Mamérita Mestanza, que fue esterilizada en Cajamarca en 1998. Aunque, al menos, otras 17 muertes de mujeres fueron derivadas de las esterilizaciones forzadas.
Marco Guzmán Baca, determinó que el caso de las esterilizaciones forzadas no constituye un delito de lesa humanidad, por lo que no formalizó denuncia penal contra el exmandatario Alberto Fujimori al no hallar elementos probatorios suficientes de la comisión de ese delito.

De acuerdo a un comunicado del Ministerio Público, el magistrado afirma no haberse encontrado ningún indicio objetivo revelador de que el expresidente haya tenido conocimiento de que el programa de Salud Reproductiva y Planificación Familiar, implementado en su gobierno, haya tenido el propósito de llevar a cabo hechos que constituyan crímenes de lesa humanidad.

No obstante, precisa, "de encontrarse nuevos indicios reveladores de la existencia de presuntas violaciones de derechos humanos con ocasión de la implementación del programa de Salud Reproductiva y Planificación Familiar durante el régimen fujimorista, las presuntas agraviadas podrían formular denuncia ante el Ministerio Público", según informa la web del periódico Perú21.

La defensa de las víctimas de esterilizaciones forzadas impugnará la resolución del fiscal Marco Guzmán Baca, quien decidió archivar la investigación que se le seguía a Alberto Fujimori y a tres de sus ex ministros de Salud por este caso. Así lo anunció Sigfredo Florián, abogado del Instituto de Defensa Legal (IDL).
El letrado cuestionó la resolución del Ministerio Público al considerar que el tema se archivó en solo mes y medio, sin acopiar mayores indicios y sin analizar los testimonios que obran en 140 tomos.
"Esta es una resolución en primera instancia. Cabe la posibilidad de que los abogados de defensa de las víctimas de esterilizaciones forzadas se planteen el recurso de queja de derecho y este expediente suba a la fiscalía superior, donde esperamos que, con mayor detenimiento, se pueda revisar 140 tomos de la investigación y revertir esta situación", señaló en entrevista a Radio San Borja, según recoge la web del diario peruano El Comercio.La secretaria ejecutiva de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, Rocío Silva Santisteban, también adelantó, a través del Twitter, la presentación de un recurso legal contra la decisión fiscal.
Rossy Salazar, abogada de la ONG Demus, informó a El País de que en la resolución de más de 100 páginas el fiscal Marco Guzmán Baca concluye que "no se ha llegado a comprobar que [la esterilización forzada] fue una política sistemática" y que Fujimori no tenía conocimiento de los hechos.
"Refiere que no hay delito de homicidio, ni lesiones, y que todo era una política de control de la natalidad, no había dolo para esterilizar", añade la responsable del área jurídica de una de las ONG que defiende legalmente a decenas de víctimas de la anticoncepción quirúrgica voluntaria (AQVs como las denominaba el gobierno de Fujimori).
Demus y el Instituto de Defensa Legal presentarán, a más tardar el martes, un recurso de queja ante el Ministerio Público.