México, La insurección que amenaza el gobierno de Enrique Peña Nieto

Un grupo de autodefensa de Michoacán. Foto: JORGE SERRATOS / EL UNIVERSAL

El sábado, 4 de enero, unos 200 hombres y mujeres armados entraron en Parácuaro, una ciudad de 25.000 habitantes en el Estado de Michoacán, al suroeste de México. Los recibieron a tiros desde los tejados. Uno de ellos cayó muerto por un disparo. Consiguieron llegar a la alcaldía, detuvieron a los 11 policías locales y los encerraron en la cárcel. Parácuaro es el décimo municipio que los grupos de autodefensa controlan en la región, uno de los principales puntos de producción de drogas del país. Se levantaron en armas porque estaban hartos, según dicen, de los crímenes del cartel del narco que controla la zona. Si lo que ocurre en Michoacán no es una guerra, se le parece mucho.
El último viernes, por la tarde, unos hombres armados llegaron a la localidad de Antúnez, un pueblo de Michoacán de unos 8.000 habitantes, y pidieron a los habitantes que se reunieran en la plaza. En la misma improvisaron una reunión que duró menos de una hora. Al final, los pobladores declararon constituida su guardia comunitaria.
Hipólito Mora, líder de la organización en La Ruana, declaró, tras tomar dichas poblaciones, que el gobernador Fausto Vallejo en lugar de contener a las autodefensas, "debería hacerlo con quienes matan y abusan del pueblo, es decir, Los Caballeros Templarios, grupo delictivo que se aprovecha de los ciudadanos", según informa el periódico El Diario de México.
Los grupos de autodefensa de Michoacán avanzaron ayer sábado a dos comunidades más de ese Estado: El Ceñidor, municipio de Parácuaro; y Zapotán, municipio de Coahuayan.
En otro acto de la ofensiva de los grupos de autodefensa en el estado de Michoacán, este domingo integrantes de los mismo ingresaron, por la mañana, en la comunidad Nueva Italia, en el municipio de Múgica, informó el gobierno de Michoacán.
Los civiles armados entraron a la localidad, ubicada en el este de Apatzingán, a las 10:15 horas, de acuerdo con el área de Comunicación Social del gobierno estatal. 
El reporte no incluyó detalles de cuántas personas o vehículos ingresaron a Nueva Italia, pero se prevé que el gobernador Fausto Vallejo emita esta tarde un mensaje para dar su postura sobre el tema. 
Las autodefensas son grupos de civiles que se levantaron en armas hace un año alegando la inacción de las autoridades ante las extorsiones, secuestros y asesinatos del crimen organizado, en específico del grupo de Los Caballeros Templarios, quien junto al cártel Jalisco Nueva Generación se disputan el control del estado por su ubicación estratégica para el trasiego de drogas.
El ingreso de los grupos de autodefensa a Nueva Italia ocurre luego de ataques contra la alcaldía y varios comercios en Apatzingán, la ciudad más grande de la región de Tierra Caliente.
Los Caballeros Templarios han dicho que las autodefensas son grupos armados al servicio de organizaciones criminales rivales como el cártel Jalisco Nueva Generación.
Mientras avanzan las autodefensas, el gobierno federal ha enviado elementos del Ejército y la Policía Federal para reforzar la seguridad en la zona.
Estos grupos son una categoría no reconocida por las leyes mexicanas —contrario a las policías comunitarias autorizadas para comunidades indígenas—, por lo que su operación ha sido cuestionada en varias ocasiones.
El gobierno federal busca cambiar el estatus ilegal de los grupos de autodefensa en Michoacán para incluirlos en su lucha contra el crimen organizado, indicó el miércoles pasado el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong.
Para la Comisión Nacional de los Derechos Humanos el clima de violencia en Michoacán es producto del abandono en el ejercicio de las funciones de gobiernos municipales y estatal para proteger a los ciudadanos.
"Estamos ante condiciones en donde lo que se observa es una ausencia de Estado, una ausencia de gobernabilidad (...) no se observa intervención de la autoridad, sea municipal, estatal o federal", declaró Raúl Plascencia, titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), para el periódico mexicano El Universal.
En entrevista con ese medio, dijo que estos grupos que se hacen llamar autodefensas "están tratando de cumplir una función que no les corresponde y que es el Estado quien debería ejercerla".

Vehículos ardiendo en la entrada de Paracuaro, en Michoacán / AP

El Ejército mexicano tomó el control de Lázaro Cárdenas, el mayor puerto de carga de México, en noviembre pasado. Asumió las funciones de 150 policías locales, que fueron destituidos fulminantemente por sospechas de estar vendidos al narco. Desde entonces patrulla las calles de la ciudad, de 80.000 habitantes, y controla el paso de las mercancías. El motivo era un secreto a voces. Su larga bahía y su cercanía a las minas de hierro, las más abundantes del país, habían convertido al puerto en presa del crimen organizado que opera en la región. Cerca del 50% del mineral que sale del Estado de Michoacán, al suroeste del país, es extraído ilegalmente. Y la mayoría es gestionado por Los Caballeros Templarios, el cartel que domina la zona, y cuya disputa por el territorio con bandas rivales, fuerzas oficiales y los grupos de autodefensa, ha sumido al Estado regional en una espiral de violencia, que tuvo uno de sus puntos álgidos el pasado viernes, cuando un grupo de encapuchados prendió fuego, durante la tarde, a la alcaldía de Apatzingán, una ciudad de 100.000 habitantes en Michoacán, al suroeste de México. Apatzingán es el centro político y económico de Tierra Caliente, una de las regiones más violentas de un de por sí violento Estado, y terreno en disputa entre el cartel de Los Caballeros Templarios, que domina la zona y los grupos de autodefensa, civiles que se han levantado en armas porque, dicen, están hartos del crimen organizado.

José Manuel Mireles (centro), líder de las milicias de autodefensa de Michoacán, en Churumuco. / Jorge Dan López (Reuters)

"A pesar del grave deterioro de la insurrección en Michoacán, que ya es calificada como una guerra local entre narcotraficantes y autodefensas, la crisis por el aumento de los secuestros y la extorsión, y las dudas sobre la estrategia anticrimen del Gobierno, el presidente Peña Nieto confirma en los hechos su intención de no permitir que el tema de la inseguridad marque su mandato, ni siquiera en el discurso", comenta el corresponsal en México del periódico español El País, en un artículo sobre la violencia en la región.