Colombia, Gustavo Petro, el alcalde de Bogotá, se enfrenta a su muerte política aunque el CIDH sale en su ayuda

Gustavo Petro alcalde de Bogotá. Colprensa.

Quien a lo largo de su vida ha estado varias veces cercado por la muerte, lo estuvo en su época de guerrillero del M-19, cuando fue detenido y torturado, o en su época de senador, debiendo recurrir a un chaleco antibalas permanentemente, se enfrenta ahora a su muerte política.
Con 15 votos a favor y 8 en contra, el Consejo de Estado rechazó ayer martes los argumentos de 23 acciones de tutela que habían sido interpuestas por simpatizantes del alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, para detener la destitución e inhabilitación, para ejercer cargos públicos, por 15 años en su contra ordenada por la Procuraduría.
El fallo adverso al mandatario local implica que el Ministerio Público debe comunicar la decisión disciplinaria a la Presidencia de la República, que se encargaría de transmitirla al mandatario distrital. No obstante, según la interpretación de la Constitución de 1991 esgrimida por los defensores del alcalde, la última decisión está en manos del jefe de Estado, quien tendría la posibilidad de aplicar o no la sanción.
Ante este ataque a la democracia la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pidió en la noche de ayer, martes, a Colombia que suspenda "inmediatamente" la destitución del alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, quien fue inhabilitado en diciembre pasado por la Procuraduría General de la República.
El organismo dependiente de la Organización de Estados Americanos (OEA) le solicitó al gobierno colombiano en un documento de 11 páginas que Petro siga al frente de la alcaldía "a fin de garantizar el ejercicio de sus derechos políticos" y hasta que la comisión se pronuncie sobre el fondo del asunto.
El documento en el que la CIDH concede medidas cautelares al alcalde de Bogotá se conoció horas después de que el Consejo de Estado de Colombia desestimase las acciones de tutela (recursos de amparo) interpuestas por el alcalde para suspender su destitución e inhabilitación por 15 años debido a supuestas ilegalidades en la reforma del sistema de basuras de la capital.

El senador Camilo Romero advirtió que los alcances del fallo del procurador General, Alejandro Ordóñez, en contra del alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, van más allá de una situación coyuntural.
"Hoy es Petro, mañana será Fajardo, o cualquier otro, así, la ciudadanía no puede permitir que esto siga sucediendo", señaló el parlamentario quien pidió dar una discusión de fondo sobre el poder del jefe del Ministerio Público.
"Esperemos que Colombia respalde un gesto democrático que debe surgir sin lugar a dudas después de esto hay que salir a manifestarse de manera pacífica", enfatizó Camilo Romero. 
La decisión de la resolución del CIDH dice, "En vista de los antecedentes señalados, la CIDH considera que el presente asunto reúne 'primea facie' los requisitos de gravedad, urgencia e irreparabilidad contenidos en el artículo 25 de su reglamento. En consecuencia, la Comisión solicita al Gobierno de Colombia que suspenda inmediatamente los efectos de la decisión del 9 de diciembre de 2013, emitida y ratificada por la Procuraduría General de la Nación el 13 de enero de 2014".
El alcalde, un exguerillero desmovilizado que terminó convirtiéndose en uno de los referentes de la izquierda colombiana, considera que la medida tiene motivaciones políticas y vulnera sus derechos, así como los de los ciudadanos que lo votaron.
El de la vulneración de los derechos de los electores también fue, de hecho, el principal argumento de los recursos de tutelas,que en su momento impidieron que se ejecutara la sanción de la Procuraduría, un total de 23 interpuestas por diferentes ciudadanos.
Pero el Consejo de Estado determinó que terceras personas no estaban habilitadas para recurrir en contra de un fallo disciplinario como el de la Procuraduría, además de concluir que la tutela tampoco era el recurso legal adecuado.
Según el tribunal, el alcalde debería haber recurrido en contra de la sanción de la Procuraduría haciendo uso de otra figura legal: una acción de nulidad y restablecimiento del derecho. Pero los asesores de Petro descartaron esa posibilidad, por considerar que los plazos propios de ese tipo de procesos no lograrían impedir la salida del alcalde del cargo, por lo que sus derechos quedarían irremediablemente vulnerados.
En un primer momento, tras ser agotadas todas las instancias locales, Petro reaccionó con igual cantidad de resignación que de esperanza, así el alcalde escribió en su cuenta de Twitter, en sus primeras reacciones tras la decisión del Consejo de Estado, "Aunque sé que hay tristeza en todos los corazones democráticos de Colombia, la lucha por la Paz y la Democracia continúa. Fuerza".
"Quiero que Bogotá no pierda el optimismo. Tengan la seguridad que NO pasarán. Tranquilidad y fuerza", dijo en otro mensaje.
Para entonces, los abogados y los partidarios del burgomaestre también se mostraban esperanzados con la entrada en juego de la Comisión Interamericana, donde Petro había presentado un recurso de medidas cautelares el pasado mes de diciembre.
La primera reacción del alcalde tras conocer la solicitud de la comisión, fue invitar a sus seguidores a celebrar este miércoles en las calles.
"Mañana a las cuatro de la tarde espero a toda la ciudadanía bogotana a festejar este triunfo democrático. Colombia va a cambiar", escribió en su cuenta de Twitter.
El corresponsal de BBC Mundo en Bogotá, Arturo Wallace, señala, por su parte, que no está claro si el gobierno colombiano aceptará o no las medidas cautelares a favor de Petro ordenadas por la CIDH.
La Procuraduría considera que Petro cometió faltas graves en diciembre de 2012 al cambiar el modelo de recolección de basuras de Bogotá de manos privadas a un modelo público, lo que ocasionó durante tres días una crisis en ese servicio en la ciudad.
Para muchos simpatizantes de Petro, "La campaña mediática y conspirativa contra el alcalde siempre estuvo salpicada de arrogancia y abuso de autoridad por parte de sus gestores y autores intelectuales. Las confabulaciones en restaurantes lujosos, en corridas de toros y la plataforma circense de quienes se disponían a tomar como botín la alcaldía, estaban a la orden del día, con sus nefastos personajes. El pecado de Petro era el de salirse del esquema privado del asunto de las basuras, para dar empleo a los desplazados y racionalizar las tarifas, era pecado por que le quitó el banquete a los empresarios privados, por cierto muy emparentados con esferas gubernamentales aposentadas en el poder político y económico de "siempre". Las familias poderosas de Colombia iniciaron esta campaña, más sucia que las basuras".