"No les puedo pagar porque mi negocio es muy pequeño", les dijo Ferney Valderrama Agudelo a los dos hombres que llegaron a su tienda del barrio Bolívar, en Buenaventura, a exigirle cuotas para que no le pasara nada. Volvió a decirles que no. Y esa fue su sentencia de muerte. En la noche del 14 de febrero, un sicario llegó a dispararle cuando tenía en los brazos a su hijo de 1 año y 5 meses. Valderrama murió y su bebé resultó herido.
En la ciudad de Buenaventura, Colombia, con una población algo superior al medio millón de personas, crece la tensión por el incremento de muertes violentas. Ésta enfrenta desde hace tiempo una grave situación de inseguridad por la guerra entre bandas herederas de los paramilitares que luchan por el control del narcotráfico.
Aunque el Gobierno aumentó el envío de efectivos policiales, la organización Human Rights Watch denunció la situación que vive la población del principal puerto sobre el pacífico colombiano.
"Los grupos sucesores de paramilitares han sido responsables de la desaparición de una gran cantidad, posiblemente cientos, de residentes del puerto de Buenaventura, cuya población está integrada mayoritariamente por afrocolombianos" comenta la ONG HRW.
Miles de residentes abandonan sus viviendas en la ciudad cada año, y por eso Buenaventura se ha convertido en el municipio donde, actualmente, se manifiesta el mayor nivel de desplazamiento forzado de Colombia.
En el primer semestre del 2013, las autoridades reportaron una tasa de 41 asesinatos, tanto de hombres como de mujeres, por cada 100.000 habitantes, una de las más altas del país, sin embargo la tasa definitiva de ese año fue de 49,6 muertos por cada 100.000 habitantes, mucho más que el promedio del país, que es de 31. Un año en el que 187 líderes -comerciantes, estudiantes y hasta desempleados- fueron asesinados frente a los 150 del 2012, según el periódico de Colombia El Tiempo.
Según Human Rights Watch, en los últimos años, cientos de residentes han desaparecido a manos de grupos sucesores de paramilitares.
Para el director para las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, la población está "virtualmente abandonada" por el Estado y quien domina la región son mafias que extorsionan y trafican drogas, armas y personas.
"La población está entregada a su suerte", sentenció el mismo.
Para enfatizar la intimidación y violencia que sufren los habitantes, además de las prácticas de barbarie como el desmembramiento de personas, Vivanco agregó "tan sólo caminar por una calle equivocada puede provocar que uno sea secuestrado y desmembrado; por ende, no debería sorprendernos que los residentes huyan por miles".
Crimen en Buenaventura. Foto tomada del periódico colombiano El País (elpais.com.co). |
Desde vendedores ambulantes hasta los dueños de grandes negocios son víctimas de las extorsiones que llevan a cabo las bandas criminales, que últimamente han optado por suministrar un código a sus víctimas, una vez extorsionadas, para que puedan circular por Buenaventura. A todos les dan el mismo mensaje, esto que pedimos es una ayuda para mantener a los 5.000 hombres que tenemos en la localidad y alrededores, para concluir con un pero "Obvio, si usted no ayuda le matamos su familia, y no queremos hacer como con la señora que desmembramos en el puente El Piñal".
La ola de violencia que azota a la ciudad, que ya ha dejado 54 muertes este año, incluyendo a ocho personas desmembradas, sumadas a otras ocho entre julio y octubre del 2013, hizo que los comerciantes se lanzaran a organizar su propia manifestación el miércoles pasado, manteniendo sus almacenes y tiendas cerrados durante toda la jornada.
"'Los Urabeños’ y ‘la Empresa’ (disidentes de ‘los Rastrojos’) cobran, según las autoridades, ‘vacunas’ (ayudas) que oscilan entre 3.000 y 100.000 pesos diarios (entre 1,5 y 50 dólares) para armas, equipos de comunicaciones y comida", según el diario El Tiempo.
El informe de HRW, de 30 páginas, titulado: "La crisis en Buenaventura: Desapariciones, desmembramientos y desplazamiento en el principal puerto de Colombia en el Pacífico", contiene evidencias que muestran que muchos barrios de la ciudad se encuentran bajo el dominio de poderosas organizaciones criminales que cometen abusos generalizados, se realizan desmembramientos, algunas veces mientras aún están con vida las personas para luego arrojar sus restos al mar, y se producen desapariciones.
HRW también pide a las autoridades una intervención no solo militar, sino social y económica para enfrentar la pobreza de gran parte de la población.
"Pocas veces hemos podido documentar casos tan crueles, de tanta violencia de tantos abusos como los que se están cometiendo en Buenaventura", dijo ayer el director para las Américas de HRW, José Miguel Vivanco.
El gobierno de Colombia aseguró ayer viernes que un total de 2.400 efectivos de las fuerzas de seguridad vigilarán el puerto de Buenaventura, en la costa del Pacífico, para contener la ola de violencia relacionada con el narcotráfico.
Mientras la situación se resuelve la población no deja de sentir miedo y de caminar desconfiada por las calles empinadas, donde siguen escuchándose los tiroteos. El terror se pasea impune.
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