Indonesia, los anónimos condenados a muerte

Adami Wilson, de 48 años, fue ejecutado ante un pelotón de fusilamiento en la noche del pasado jueves, 16 de marzo, en un lugar no revelado de las Mil Islas, un archipiélago turístico al norte de la capital, Yakarta, según el diario "The Jakarta Globe".
Indonesia retomaba, nuevamente, la senda de las ejecuciones de condenados a muerte, desde la última ejecución en el año 2008, al fusilar a un traficante de drogas nigeriano condenado hace nueve años por introducir en el país un kilogramo de heroína, según informaba la prensa local.
El fiscal general, Basrief Arief, después de esta ejecución afirmó que este año están previstos nueve fusilamientos más de prisioneros condenados a la pena capital.
Desde Amnistía Internacional se ha calificado esta ejecución como "un paso terrible y regresivo" tras cuatro años sin ejecuciones de condenados a muerte. Al mismo tiempo instaba al gobierno tailandés a no continuar con la política de ejecuciones y, en consecuencia, no llevar a cabo las otras nueve ejecuciones previstas para el 2013.
La organización pro derechos humanos Asian Human Rights Commission (AHRC), lamentó también, en un comunicado, que el gobierno retomase las ejecuciones y esperaba que no se llevasen adelante las promesas de continuar con las mismas a lo largo del año.
Según la misma organización, en una entrevista con el periodista local, Detik Majalah, en octubre del año pasado, Adami Wilson hizo unas declaraciones en las que, entre otras cuestiones, explicó que el soborno ofrecía la posibilidad de cambiar la sentencia de pena de muerte por otra más leve de 20 a 25 años de prisión. Según él, con una cantidad entre 1 y 3 billones de IDR (rupias indonesias), entre 80.000 y 240.000 euros aproximadamente, un convicto puede llegar a tener su sentencia de pena de muerte conmutada por otra de 20 años de prisión. Adami afirma en la entrevista que él había oído hablar de al menos 12 casos en que condenados a muerte habían visto su pena conmutada debido a la corrupción en el país. Al parecer uno de esos casos involucró a un amigo suyo.
Según datos suministrados por la Fiscalía General del país, hay unos 111 presos en el corredor de la muerte, de los que 60 son indonesios, incluidos dos condenados por terrorismo.
En octubre de 2012, después del indulto concedido por el presidente Susilo Bambang Yudhoyono a un narcotraficante condenado a muerte, el ministro de Asuntos Exteriores, Marty Natalegawa, afirmó que el gesto se inscribía dentro de un movimiento más amplio para abandonar el uso de la pena de muerte en Indonesia. Sin embargo, en la Asamblea General de la ONU, en diciembre de 2012, este país se abstuvo, por primera vez, de votar en contra de una resolución que pedía una moratoria mundial de la pena de muerte.
Entre estos 111 condenados a muerte se encuentran, los brasileños, Marco Archer Cardoso Moreira y Rodrigo Muxfeldt Gularte, lo cuales fueron sentenciados a la pena capital por tráfico de drogas y de continuar la política de ejecuciones solamente un perdón presidencial podrá evitar el fusilamiento.
En declaraciones a la BBC Brasil la asesoría del Ministerio de Relaciones Exteriores, en Brasilia, afirmó que "El gobierno de Brasil sigue con atención la situación de los dos presos brasileños en Indonesia y, respetando las leyes de este país y las diferencias culturales, busca prestar toda la ayuda consular posible, teniendo en cuenta el carácter humanitario de la situación".
Marco, que tiene ahora 51 años, fue detenido en Yakarta, en agosto de 2003, transportando 15 kilos de cocaina dentro de los tubos de su ala-delta y condenado a muerte en julio de 2004.
Por su parte Rodrigo Muxfeldt, con 40 años en la actualidad, también detenido en Yakarta, fue sorprendido, en julio de 2004, con 6 kilos de cocaina dentro de sus planchas de surf, y condenado a muerte en febrero del año siguiente.
Tras la ejecución de Adami Wilson, parece próximo el camino hacia el pelotón de fusilamiento de estos dos brasileños, por eso tanto el gobierno de Brasil, como las organizaciones pro derechos humanos deben intensificar sus campañas para frenar nuevas ejecuciones en el país.