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| José Efraín Ríos Montt hoy en la Corte Suprema de Guatemala. / Saúl Martínez (EFE) |
Víctimas, familiares y activistas de derechos humano abarrotaron el martes la sala del Tribunal de Sentencia de Mayor Riesgo para presenciar el histórico juicio al general retirado Efraín Ríos Montt, acusado de genocidio y delitos contra la humanidad por la muerte de más de 1.771 indígenas de la etnia ixil.
"Es la primera vez en el mundo que un ex jefe de Estado enfrenta un juicio por genocidio ante un tribunal nacional", dijo la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Navi Pillay.
La expectación supera toda las previsiones iniciales, y en las afueras del tribunal se reunen activistas y ex patrulleros de autodefensa para apoyar a los indígenas o a los militares acusados de asesinarlos.
En el tribunal, por primera vez, se encontraron las víctimas y sus familiares con los autores de la masacre. El general Ríos Montt, de 86 años, y José Rodríguez Sánchez, de 68 y quien fuera Jefe de la Segunda Sección del Estado Mayor General del Ejército y Jefe de la Segunda Sección del Estado Mayor de la Defensa Nacional durante su gobierno de facto, se sentaron en el banquillo de los acusados, del otro lado las víctimas o familiares de las mismas, aguardando por una justicia que ha demorado casi 30 años.
Según la denuncia de la Fiscalía, los ixiles fueron considerados como guerrilleros y asesinados entre 1982 y 1983. La Fiscalía espera reconstruir la cadena de mando militar y probar, de esa manera, que los militares retirados sabían de las matanzas perpetradas por los soldados en las montañas de Guatemala.
La organización Amnistía Internacional (AI) señaló, en un comunicado, que el juicio contra Ríos Montt, quien gobernó de facto entre 1982-1983, supone una oportunidad esperada para que las víctimas de los crímenes contra la humanidad, obtengan justicia.
Pedro Melendres Raymundo, uno de los testigos de la acusación declaró ayer en el juicio, según informa la prensa guatemalteca, "Los soldados nos corrían, disparaban, nos manteníamos bajo el agua en la montaña y no teníamos comida", indicó tras comentar que sus hermanos murieron de hambre.
Melendres también ha visto su vida marcada por el asesinato de su padre, junto a otras 11 personas, el 4 de noviembre de 1982.
Otro testigo, Pedro Brito Brito relató cómo el 20 de noviembre huyó tras la llegada de soldados, quienes atacaron a su madre y sus cuatro hermanos. Dijo "Adelante iba una señora que guió mis pasos, ella se fue en una zanja de unos dos metros, me indicó que la empujara para avisar a mi papá; él llegó a traerme y me dijo que mi mamá y mis hermanos ya estaban muertos".
Todos los testigos han coincidido en que el Ejército llegó a sus poblados a sacar hombres, mujeres y niños para ejecutarlos.
Los abogados de la defensa están se valiendo de todo tipo de subterfugios para dilatar el juicio, cambio de defensores, conflicto con la jueza, fue recusada por la defensa, que lleva el caso, etc. Inclusive Ríos Montt llegó ayer, miércoles, sin abogado defensor a la Sala de Vistas de la Corte Suprema de Justicia. La jueza le advirtió que si hoy jueves no aparecía con un defensor de su confianza, se le otorgará uno del Instituto de la Defensa Pública Penal. Finalmente, con la sesión comenzada, reapareció su abogado.
Para los guatemaltecos, en palabras de la diputada Nineth Montenegro, fundadora del Grupo de Apoyo Mutuo (GAM, el equivalente local a las Madres de la Plaza de Mayo de Argentina), este juicio permitirá "cerrar el duelo" que dejaron los 36 años de guerra civil. Entre 1960 y 1996 se calcula que fueron asesinados cerca de 200.000 civiles, la mayoría indígenas y especialmente de la etnia maya.
Un informe, de la Comisión de la Verdad, respaldado por las Naciones Unidas, posterior a los acuerdos de paz de 1996, señaló que los militares y paramilitares fueron responsables de más del 90% de las masacres perpetradas durante ese período.
En el juicio, que se espera tenga una duración prolongada, posiblemente entre tres y cuatro meses, serán presentados más de 150 testigos, varios peritos y miles de documentos que intentan probar la cadena de mando militar y quiénes habrían sido responsables de asesinatos, masacres, violaciones, desapariciones forzadas y desplazamientos de miles de personas.
La esperanza del pueblo de Guatemala, al final del mismo, es que se haga justicia.
Juan Gerardi, el obispo guatemalteco, asesinado el día 26 de abril de 1998, dos días después de la publicación del informe final, bajo el título "Guatemala: Nunca más", del proyecto REMHI (Recuperación de la Memoria Histórica), -en el que se documentaron más de 54 mil violaciones a los Derechos Humanos durante la dictadura militar (1960-1996), señalando como autores de la mayoría de las brutalidades, según pruebas fidedignas, incluidas masacres, torturas, violaciones masivas, desapariciones forzadas, mutilaciones, asesinatos de niños a golpes contra rocas y otros crímenes, a las fuerzas del Estado-, y cuyo asesinato sigue sin resolverse hasta hoy, también espera que se haga justicia finalmente.
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