Arabia Saudi, siete asesinatos bajo el manto de la justicia islámica

En algunos países no parece que se viva en el siglo XXI dado que continúan con prácticas habituales del período mediaval. A veces, por detrás de la riqueza, de sus modernos edificios, de un lujoso -para algunos- estilo de vida, se mantienen unas prácticas más dignas de países primitivos y salvajes que de sociedades modernas. Este es el caso de uno de los mayores aliados de Estados Unidos: Arabia Saudita.
Salvo un milagro de última hora, algo que parece totalmente improbable dados los precedentes, hoy serán ejecutados, según informa Amnistía Internacional en su página web, siete jóvenes de unos 20 años. Según esta organización "Ellos han dicho que fueron torturados para obligarlos a "confesar", y condenados a muerte tras un juicio sumario que fue manifiestamente injusto".
En agosto de 2009, el Tribunal de Primera Instancia en la ciudad suroccidental de Abha declaró a los siete culpables de una serie de robos a mano armada entre finales de 2005 e inicios de 2006. Uno de ellos, Sarhan bin Ahmed bin Abdullah Al Mashayekh, supuesto lider de la banda, fue condenado a muerte por decapitación, y después será crucificado y expuesto en una plaza pública como ejemplo disuasorio, mientras que los otros seis deben ser ejecutados por un pelotón de fusilamiento.
Los siete jóvenes fueron detenidos a principios de 2006, todos eran niños de entre 13 y 16 años, en ese momento, y durante su interrogatorio, en el Departamento de Investigación Criminal de Abha, según declara AI  "...fueron severamente golpeados, privados de alimentos y agua, se les impidió dormir, fueron obligados a permanecer de pie durante 24 horas y, después de varios días, les obligaron a firmar las respectivas confesiones". Estuvieron detenidos durante tres años y medio en la prisión Abha, donde continuaron sufriendo malos tratos, antes de ir a juicio.
Para Mohammad al Qahtani, el director de la Asociación por los Derechos Civiles y Políticos en Arabia Saudí (ACPRA), en conversación telefónica con el periódico español El País, la crucifixión "se reserva para los crímenes más odiosos y que crean alarma social". Aunque no dispone de cifras concretas, afirma "Es infrecuente pero se dicta, aunque a veces el Gobierno, consciente de la degradación del sistema judicial, conmuta ese tipo de condenas". El mismo aprovecha su página en twitter para denunciar las irregularidades del sistema judicial saudí.
Según comenta Amnistía Internacional en su página web "El Tribunal General de Abha declaró a los siete culpables de robo a mano armada y fueron condenados a muerte. El juicio sólo duró unas pocas horas, y se les negó cualquier representación legal o apelación. Los oficiales de seguridad que estuvieron presentes en el juicio les advirtieron que si retiraban sus "confesiones" serían nuevamente torturados, y los miembros de sus familias, incluyendo sus madres, serían encarcelados y torturados delante de ellos".
Ali al Ahmed, un opositor saudí que dirige el Institute for Gulf Affairs en Washington, ha escrito a varios embajadores europeos en Riad solicitándoles que intervengan ante las autoridades saudíes para intentar frenar la barbarie. El mismo escribe en su carta "Estos hombres van a ser ejecutados después de un juicio que duró tres horas y en el que no contaron ni con abogado ni con ningún tipo de asistencia letrada. Entre los motivos de su ejecución está que son originarios del Sur, una región marginada por el Gobierno saudí".
Las condenas a pena de muerte son habituales en Arabia Saudí y se aplican a una amplia variedad de delitos, como los relacionados con las drogas, la apostasía (negación o renuncia a la fe), la brujería y la hechicería. Estos delitos no pertenecen a la categoría de los “más graves delitos” previstos en las normas internacionales, según las cuales el ámbito de aplicación de los delitos punibles con la muerte se debe limitar a los delitos que consisten en causar la muerte intencionadamente. Delitos como la apostasía, hechicería o brujería se han utilizado para castigar a las personas por intentar ejercer sus derechos humanos, entre ellos, los derechos a la libertad de expresión, religión o conciencia.
Con estas ejecuciones llegarán a 24 las personas legalmente asesinadas por el sistema jurídico saudí durante este año. La última se llevó a cabo el pasado 26 de febrero y fue condenada por Francia, al igual que las anteriores, a través de la web del Ministerio de Asuntos Exteriores francés.

La sentencia, ratificada por el rey de Arabia Saudí el pasado mes de febrero, se cumplirá hoy (o ya se habrá cumplido cuando lean esta materia) a una hora indeterminada, a pesar de los intensos llamamientos de activistas de ese y otros países solicitando la conmutación de la pena, por la crueldad de la misma y por que los acusados eran menores de edad cuando, presuntamente, cometieron los delitos, lo que contraviene las normas básicas del derecho internacional y la Convención sobre los Derechos de los Niños, de la cual es firmante.
Pero USA, que tiene en Arabia Saudí uno de sus principales compradores de armas (en 2011 firmaron un contrato por valor de 30.000 millones de dólares), y otra gran cantidad de países mantienen un silencio oficial sobre estos asesinatos legales del segundo país con mayores reservas petrolíferas del mundo.