España, El país donde en lugar de juzgar a los corruptos juzgan a los jueces que intentan condenarlos

El magistrado Elpidio José Silva, en el banquillo del TSJM. / Foto: Samuel Sánchez.

La agencia Europa Press publicó ayer el reportaje ‘Radiografía de la corrupción en España’, donde se refleja que ningún nivel de la administración se salva de las garras de los amigos del dinero público (del dinero de los contribuyentes) mientras aumentan las políticas de austeridad y disminución de beneficios sociales, que la justicia trata el problema a su ritmo y que los diferentes Gobiernos han hecho bastante poco por atajar el problema.
Los españoles son conscientes del problema, como cualquier persona podría comprobar si estuviese atento a las conversaciones de cualquier bar de la geografía española, pero la indiferencia, y hasta cierto punto complicidad por la falta de acción es tan grande que cuando llega la hora de votar un domingo cualquiera, la resaca, o el fútbol, hace que la gente se olvide del dinero robado al pueblo español, o sea a los mismos que votan ese domingo.
España fue en 2013 el segundo país, tras Siria, donde más había aumentado la percepción de la corrupción. Cedía entonces seis puntos con respecto a la pasada edición del 'Índice de Percepción de la Corrupción' de la ONG Transparencia Internacional y pasó de los 65 puntos (sobre un máximo de 100) a los 59.
Bárcenas, Roca, Julián Muñoz, María Antònia Munar, Del Nido y Díaz Ferrán son los reclusos más famosos por la corrupción en España. 
Mientras otros países europeos han creado en los últimos meses leyes y sistemas anticorrupción fuertes y modernos, en España se han sucedido un escándalo tras otro dentro de los grupos políticos, los gobiernos autonómicos o el gobierno central e incluso se juzga a los jueces que se atreven a llevar a los tribunales a determinados políticos o empresarios.
Elpidio José Silva, quien enfrenta un pedido de hasta 43 años de inhabilitación, es el segundo juez en poco años, luego de Baltasar Garzón, que termina sentado en el banquillo por osar investigar las tramas del establishment financiero español ligado al gobernante Partido Popular (PP), informa la agencia de noticias argentina Télam.
En otro caso de gran repercusión mediática en España, el juez Baltasar Garzón fue inhabilitado por 11 años por haber realizado escuchas a los imputados de la red de corrupción Gürtel, vinculada al Partido Popular, Silva será juzgado por intentar enviar a prisión a Miguel Blesa, el paradigma de la corrupción, ex presidente de Caja Madrid, entidad bajo la órbita del partido gobernante a la que llevó al borde de la quiebra.
Una radiografía de la corrupción en España revela que hay casi 1.700 causas abiertas en sus diferentes órganos judiciales, más de 500 imputados en estos procedimientos y sólo una veintena cumpliendo condena en alguna de las cárceles del territorio nacional, según datos recabados por Europa Press. Los casos de corrupción afectan a todos los niveles de la administración y las investigaciones en marcha salpican tanto a quienes han sido miembros del Gobierno -como los exministros Manuel Chaves y Magdalena Álvarez, relacionados con el caso de los ERE fraudulentos de Andalucía-, como a dirigentes autonómicos y numerosos alcaldes y responsables municipales.
El pasado año, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) cifró en 1.661 las causas abiertas en los diferentes órganos judiciales españoles por delitos relacionados con la corrupción. Éstas afectan a tipos penales como la prevaricación, revelación de secretos, cohecho, tráfico de influencias, malversaciones, negociaciones prohibidas a funcionarios, blanqueo de capitales, apropiación indebida, fraude, estafa, falsedad documental y delitos contra el patrimonio histórico y contra el medio ambiente. Pese a este abultado número de procesos, la cifra de personas que actualmente están en prisión cumpliendo condena es muy reducida, sobretodo debido a la dilatación de los procesos judiciales, que en muchos casos son muy amplios y su investigación abarca un amplio periodo de tiempo.

Datos a abril de 2013.

Por ejemplo, en el caso Gürtel sólo el extesorero del PP Luis Bárcenas está actualmente en prisión. El resto de imputados, más de 150, están aún a la espera de que finalice la fase de instrucción de la causa que investiga el juez Pablo Ruz en la Audiencia Nacional. En la cárcel está también el expresidente CEOE Gerardo Díaz Ferrán por el desmantelamiento de Marsans para evitar el pago a sus acreedores, aunque está pendiente de ser juzgado por más causas en distintos tribunales.
En este mapa puedes consultar el nombre de los políticos que están en prisión en Andalucía, Murcia, Catalunya, Baleares y Canarias. Cuanto más intenso es el rojo más son los políticos en prisión.
Por comunidades, Baleares es autonomía en la que más políticos están en prisión por alguna causa relacionada con la corrupción. Por diferentes casos, están en prisión el exconseller Josep Juan Cardona, el exdirector general Kurt Viaene, el exgerente del Consorcio Antònia Ordinas y el exconcejal 'popular' en Lloseta Felipe Ferré. También han acabado en prisión el exalcalde de Andratx Eugenio Hidalgo (PP) y el exgerente de la empresa pública Bitel Damià Vidal, condenado a cinco años por una trama de desvío de fondos.
De la misma manera, están también en la cárcel varios de los que fueron responsables del extinto partido Unió Mallorquina, empezando por la que fuera presidenta del Parlamento balear y del Consell de Mallorca, María Antònia Munar, condenada en firme a un total de once años y medio por diferentes casos. También de Unió Mallorquina están en la cárcel por condenas firmes el exvicepresidente del Consell de Mallorca Miquel Nadal, los exconsellers Bartomeu Vicens y Francesc Buils y el exjefe del Instituto de Inversiones para la Mejora del Entorno Turístico Antoni Rebassa.
No es el caso del expresidente Jaume Matas, condenado a nueve meses de prisión por tráfico de influencias en el primero de los casos por los que ha sido juzgado y que está pendiente de que el Gobierno resuelva su petición de indulto antes de entrar en prisión.
Caso aparte es el del exconcejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Palma Javier Rodrigo de Santos, que entró en prisión en 2009 por malversar fondos en clubes de alterne masculinos y abusar de menores. Desde marzo se encuentra en un Centro de Inserción Social. También en febrero de este año entró en prisión el expresidente de Agrupación Social Independiente (ASI) Joaquín Rabasco por desviar más de un millón de euros del Ayuntamiento mallorquín de Llucmajor a cuatro empresas ligadas a él.
La comunidad donde más políticos hay en prisión es, con diferencia, las islas Baleares.
En pleno escándalo tras salir a la luz un presunto fraude en Andalucía con los fondos para cursos de formación, otro de los procesos con más repercusión pública durante los últimos meses ha sido el de los ERE fraudulentos de Andalucía, en el que hay imputadas 144 personas pero sólo el exdirectivo de Vitalia Eduardo Pascual continúa en prisión. Se da la circunstancia de que Pascual solicitó este miércoles su libertad, aunque la juez Alaya aún no se ha pronunciado. Entre los implicados en este caso, la juez Alaya ha remitido a las Cortes Generales a través del Tribunal Supremo la "preimputación" de los expresidentes andaluces Manuel Chaves y José Antonio Griñán y del exconsejero José Antonio Viera. Además, está imputada la exministra y exconsejera andaluza Magdalena Álvarez, a quien la juez ha pedido una fianza de responsabilidad civil de 29.568.129,20 euros.

La juez Mercedes Alaya, en los juzgados sevillanos/JULIÁN ROJAS.

También cumplen condena el exalcalde de Marbella Julián Muñoz, condenado a siete años en el caso en el que fue juzgado junto a sus exparejas Isabel Pantoja y Maite Zaldívar, quienes sin embargo no han ingresado en prisión. También está en la cárcel el exasesor de Marbella Juan Antonio Roca, principal acusado del caso 'Malaya' y también juzgado por 'Saqueo I' y el 'caso Minutas'. Por este último proceso está también en la cárcel el letrado y expresidente del Sevilla José María del Nido cumpliendo una pena de siete años por irregularidades en los encargos que le hizo el Ayuntamiento de Marbella.
En Catalunya, este mismo año ha ingresado el exinspector jefe de Hacienda, Josep Maria Huguet, -condenado a seis años y diez meses por su implicación en el 'caso Hacienda'- y también los expresidentes de Ferrocarrils de la Generalitat (FGC) Antoni Herce y Enric Roig, condenados a cuatro años y medio por malversación, aunque éste sólo va a la prisión a dormir. Además, la Audiencia de Barcelona ha ordenado esta semana la inmediata entrada en prisión del empresario andorrano Fidel Pallerols y del excargo de UDC Vicenç Gavaldà, condenados por una financiación irregular.
Además, están imputados en casos de presunta corrupción en diferentes fases de investigación el diputado de CiU Oriol Pujol; el presidente de la Diputación de Tarragona, Josep Poblet (CiU); el exalcalde de Sabadell Manuel Bustos; el diputado de CiU Xavier Crespo, el exvicepresidente del Gobierno central y expresidente de Caixa Catalunya, Narcís Serra (PSOE); el expresidente del Palau de la Música Fèlix Millet.
Un caso particular es el de la Comunidad Valenciana, donde hay múltiples escándalos de corrupción abiertos pero ningún político está en prisión. En las Cortes Valencianas, hasta cinco diputados del PP están imputados, cuatro de ellos por el 'caso Gürtel', y la quinta, la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, por el 'caso Brugal'. Pero también están imputados hasta cinco exdiputados 'populares' que renunciaron al escaño. Tampoco en Galicia hay ningún político en prisión, aunque sí son varios los que entraron en prisión preventiva y ahora están en libertad bajo fianza. Es el caso de numerosos implicados en el caso Pokémon, que afecta a políticos de PSOE y PP de varias provincias gallegas, como el ex alcalde de Orense Francisco Rodríguez o el de Boqueixón (A Coruña), el 'popular' Adolfo Gacio.
En Canarias, pese a la decena de regidores imputados en diferentes casos judiciales, sólo cumple condena el fundador del Partido Independiente de Lanzarote (PIL), Dimas Martín, ya en tercer grado por condena de 8 años de cárcel por malversación de caudales públicos por la gestión del Complejo Agroindustrial de Teguise durante su época como alcalde de este municipio lanzaroteño. Murcia también cuenta con varios municipios afectados por casos de corrupción, pero únicamente el exalcalde de Totana está en prisión, aunque en la actualidad disfruta del tercer grado y sólo duerme en la cárcel.
Mientras está situación se produce el Partido Popular, que gobierna un Estado corrupto, llena las carceles de gente humilde y trabajadores que protestan por las injusticias sociales o legisla para poner multas y tasas escadalosas como fórmula para perseguir a los críticos de su gestión, mantiene un Estado policial a lo largo y ancho del país, utilizando su poder para desahuciar, reprimir y censurar las voces que osan mostrar su desacuerdo.
Desafortunadamente no existen excesivas voces que puedan levantarse o alzar su dedo acusador contra políticos, banqueros o empresarios corruptos, pues en algunos partidos de la oposición y así como en sindicatos también hay que lamentar varios casos, escandalosos, de corrupción.
Para que se hagan una idea del volumen de dinero envuelto en los casos de corrupción, un estudio publicado en 2013 cifró en 40.000 millones el coste social de la corrupción en España y, respecto al aumento de fondos para la investigación, Justicia gastó más de 10 millones de euros en reforzar juzgados que investigan casos de corrupción en 2012.

Mapa de la corrupción

Los casos de corrupción, según los datos recogidos por Europa Press en esta radiografía de la corrupción en España, afectan a todos los niveles de la administración y las investigaciones en marcha salpican tanto a quienes han sido miembros del Gobierno -como los exministros Manuel Chaves y Magdalena Álvarez, relacionados con el caso de los ERE fraudulentos de Andalucía-, como a dirigentes autonómicos y numerosos alcaldes y responsables municipales.
Respecto a este último caso, ayer la juez Mercedes Alaya incrementó la espiral del caso ERE con 15 nuevas imputaciones y dos pasos simbólicos: el primer dirigente nacional de un sindicato (CC OO) y el primer exdiputado provincial del PP, en una causa protagonizada por ex altos cargos socialistas con responsabilidad en la Junta de Andalucía, informaba el diario El País.
Con esa acción la jueza elevó el número de acusados hasta los 166, entre ellos José Luis Montesinos, secretario de Organización y Finanzas de la federación estatal de Industria de CC OO, y Ramón Polo, exdiputado provincial del PP en Jaén y ex edil de La Carolina y el empresario José Ángel Martín Moreno, dueño de la firma Gestifesa dedicada a la asesoría para la obtención de subvenciones públicas y para la que trabajó durante un tiempo el exdirector general de Trabajo Javier Guerrero, que concedió la mayoría de las subvenciones investigadas..
Esas imprensionantes cifras, junto a otras que se han ido al rescate bancario para cubrir la corrupción o la incompetencia, o las destinas a obras personalistas y faraónicas sin ninguna utilidad pública, son las que han dado lugar a que a los ciudadanos les roben la sanidad gratuita y popular, la enseñanza gratuita, las becas universitarias, las prestaciones del desempleo, las de la dependencia, las de renta básica de subsistencia, las viviendas, el trabajo, y, en definitiva, todo cuanto conformaba el desaparecido Estado del Bienestar, y sobretodo la dignidad, aunque muchos no lo perciban o no quieran percibirlo. 
Si el Partido Popular intenta esconder de los españoles la verdad de todos los casos de corrupción en los que están envueltos algunas de sus principales fíguras, los socialistas siguen su mismo camino y aseguraron ayer que no apoyarán una comisión de investigación en el Parlamento andaluz si los populares así lo solicitan. Izquierda Unida, por su parte, no descarta "absolutamente nada". "Tenemos que garantizar ante la sociedad andaluza que se sepa la verdad de esas presuntas irregularidades", defendió el coordinador general de IU, Antonio Maíllo.
Sin embargo para los partidos políticos españoles, estén en el Gobierno o en la oposición, escudriñar en la verdad puede ser muy doloroso y además, con su indiferencia, el pueblo tampoco fuerza que se investiguen a fondo todos los casos de corrupción que tanto daño han hecho al erario público, y en definitiva a los propios ciudadanos, y se ponga fin al saqueo de España.
España ocupa el peor puesto del ranking, en el índice 2013, entre los países que forman parte de la Unión Europea, situación por la que los ciudadanos deberíamos llevarnos las manos a la cabeza y que nuestros políticos deberían convertir en razón de estado y resolver de inmediato. Sin embargo, en el país de las prescripciones, los indultos y en que cada partido político encubre a los suyos y acusa al adversario, quizás exigir soluciones sea demasiado utópico.
En el informe del año 2013 todavía se empeora la situación respecto al 2012, teniendo un nivel de 59 (respecto a 100) en el grado de transparencia del país, situandose España en la posición 40, un lugar por arriba de Cabo Verde.
El humorista español Gerardo tecé publica en su cuenta de Twitter uno de los comentarios más irónicos respecto al tema, "Para que veáis que no todo el mundo se va a ir de rositas con lo de Bankia, vamos a empapelar al juez Silva". Otro comentario que ha circulado a gran velocidad por las redes sociales desde la cuenta ForbesFlauta  , se puede leer: "El juez que intenta encarcelar al banquero que hundió Bankia termina siendo juzgado. Para que luego digáis que la Justicia no funciona..."