Brasil, Mientras las comunidades elevan sus voces contra la violencia policial, las autoridades negligencian las necesidades de la población

Un autobús incendiado en la favela de Caramujo. / Fábio Guimarães (O Globo).

No es noticia que en Río de Janeiro los principales indicadores de seguridad hayan empeorado alarmantemente a lo largo del último año. Sí lo es, sin embargo, que los vecinos de las favelas, hartos de pagar la factura de las intervenciones policiales indiscriminadas contra los grupos narcos y de las tristemente populares balas perdidas, hayan decidido romper el silencio y plantarle cara a un Estado que históricamente los ha tratado como ciudadanos de segunda.
Una imagen que viene siendo habitual en los últimos meses es la de grupos de vecinos de diferentes favelas cariocas cortando el tráfico de carreteras y avenidas, incendiando autobuses y vehículos públicos, montando barricadas o emprendiéndola a pedradas contra la policía. Las fotos son bastantes claras: en ellas se aprecia a mujeres y hombres de edad avanzada, madres y jóvenes sin armas de fuego que, espoleados por las permanentes manifestaciones que se extienden por Brasil, lanzan ahora un grito de hartazgo desesperado, contenido durante décadas.
En las inmediaciones de la favela de Caramujo, en Niteroi, una localidad satélite de Río de Janeiro, los vecinos cortaron el viernes una carretera y le prendieron fuego a cuatro autobuses y tres coches en respuesta a dos muertes registradas en las últimas horas en la misma zona. Poco después de abandonar la Iglesia de Nossa Senhora de Nazareth, Anderson Santos Silva, de 21 años, se vio acorralado en un fuego cruzado entre narcotraficantes y policías que pretendían reprimir un baile que se celebraba esa noche en la favela. Al intentar proteger a sus familiares, Anderson recibió un disparo y horas después murió. Su hermana también resultó herida.
El joven Emanoel Gomes circulaba en moto por el mismo suburbio cuando fue atropellado por un blindado del Batallón de Choque de la Policía Militar. Ambas muertes llevaron a un nutrido grupo de vecinos a tomarse la justicia por su mano, incendiando autobuses y coches, y cortando el tráfico. Protestaban contra una policía que parece regresar a los viejos hábitos del acoso y derribo al narco, y que suele actuar sin muchos remilgos con la población local.
La ONG Rio de Paz ha resumido las estadísticas publicadas durante los últimos ocho años por el Instituto de Seguridad Pública de Río de Janeiro. Y los números son alarmantes: en el Estado de Río de Janeiro se registraron en ese periodo 35.879 homicidios dolosos, 285 lesiones corporales seguidas de muerte, 1.169 robos con resultado de muerte, 5.677 muertes derivadas de intervenciones policiales, 155 policías militares y civiles muertos en acto de servicio. Total: 43.165 fallecidos. Es decir, más de 500 muertes al mes provocadas por una violencia desaforada. Estos números no tienen en cuenta los más de 38.000 desaparecidos ni las más de 31.000 tentativas de homicidio.
En el Complexo da Maré, recién ocupado por el Ejército brasileño, también se han registrado en los últimos días dos muertes de civiles sospechosos de trabajar para el narcotráfico. El hecho generó una oleada de indignación entre los vecinos del complejo, que no entienden cómo una ocupación militar con fines pacificadores puede arrancar causando víctimas mortales desde el primer momento.
En los últimos meses se han recrudecido los ataques de las bandas a las comisarías instaladas en las favelas bajo el control del Gobierno y en lo que va de año cuatro policías han muerto asesinados en tiroteos que tuvieron lugar en favelas pacificadas, reportó Efe.

Leilane da Silva con su hija. Foto O Globo.

En un Brasil que se prepara para la Copa del Mundo, que se inicia en un par de meses, y cuya ciudad más carismática, Rio de Janeiro, albergará las Olimpiadas en el año 2016, habiendo destinado para los mismos más de 14.000 millones de reales (unos 6.250 millones de dólares), sufre cotidianamente situaciones como la vivida por Leilane da Silva, de 22 años, el pasado sábado por la mañana, que se vio obligada a dar a luz en plena calle del barrio carioca de Mangueira, frente al Hospital Municipal Barata Ribeiro, dado que no consiguió la atención necesaria, cuando ya estaba en trabajo de parto, en el mismo. Dos policías que pasaban por la puerta del hospital al ver la situación fueron los que colaboraron en el nacimiento de la niña Kémylle Vitória.
La madre no recibió ningún tipo de ayuda del Hospital Municipal Barata Ribeiro, aunque estaba en la puerta del mismo, y también fue ignorada la petición efectuada por los propios policías que asistieron a la joven madre. Finalmente madre e hija fueron trasladadas a otro centro sanitario por los miembros de la UPP que colaboraron en el nacimiento de la niña.

Por otro lado miles de manifestantes salieron a las calles la pasada semana en Río de Janeiro y São Paulo para protestar contra la Copa Mundial de Fútbol que se disputará en Brasil a partir del 12 de junio.

Portando pancartas con leyendas tales como “Fifa go home”, las turbas quemaron bancos y se enfrentaron a policías antimotines.

Las autoridades informaron que 54 personas fueron detenidas durante los enfrentamientos en São Paulo. En Río de Janeiro los manifestantes fueron respaldados por el movimiento de familias sin techo.

Reportes de prensa señalan que los enfrentamientos comenzaron cuando jóvenes ligados al grupo Black Blocs lanzaron piedras y bombas incendiarias contra sedes bancarias. La Policía Militarizada desplegó un contingente de 800 agentes.

Las protestas contra el mundial no son nuevas en Brasil. En 2013 más de dos millones de personas salieron a las calles en las principales ciudades para rechazar la organización, en junio de ese año, de la Copa de Confederaciones y exigir un mayor presupuesto para salud, educación, transportes, obras sanitarias, etc.