Chipre, un "corralito" histórico en la zona euro y un precedente peligroso.

El "corralito", denominación de retener los fondos de los depósitos bancarios y limitar la utilización de los mismos por parte de sus titulares, se extenderá por tiempo indefinido en Chipre. Situación inimaginable pocos años atrás.
Las autoridad del país anuciaron ayer las condiciones en las que abrirán los bancos en este jueves, 28 de marzo, tras cerca de dos semanas de permanecer fuera de funcionamiento.
Con la apertura de los mismos continuarán las restricciones a las operaciones, retiradas de fondos, en efectivo y las efectuadas con tarjetas. Objetivo: impedir una estampida de los capitales depositados en las entidades financieras.
A media tarde de ayer, fuentes oficiales aseguraban no tener aún información que confirmase o desmintiese la inminente reapertura de las sucursales, pero todo cambio pocas horas después cuando el Banco Central enumeró la lista de condiciones, que, en la práctica, significan extender el corralito a los fondos en metálico.
Según acaba de publicar el rotativo griego Kathimerini, las medidas de control de capitales permanecerán en vigor no menos de siete días, serán muchos más. Entre otras, se establece un límite máximo de 300 euros en efectivo al día para ser retirado, a través de las oficinas bancarias o de los cajeros. Se limita el uso de tarjetas de crédito y débito en el extranjero a un máximo de 5.000 euros al mes. Al mismo tiempo los chipriotas ven limitada su disposición en efectivo y no podrán sacar, en metálico, fuera del país más de 3.000 euros.
Los estudiantes chipriotas en el extranjero también se verán perjudicados por las medidas adoptadas, dado que se limita a 10.000 euros por trimestre el máximo permitido para pagar el alojamiento, la matrícula, comida, etc. Lo que significan que ven limitados sus gastos en el exterior.
Otra medida importante es la imposabilidad de hacer efectivos los cheques, así estos títulos deberán ser depositados en una cuenta bancaria.
Tampoco se podrán liquidar depósitos antes de su vencimiento, ni la transferencia de dinero al extranjero salvo para el pago de importaciones, aunque deberá ser acreditada con documentos.
Los controles de capital afectarán a todas las cuentas, pagos y transferencias de la totalidad de los bancos chipriotas, independientemente de la divisa que se utilice.
Por último todas las personas y empresas afincadas en Chipre deberán ingresar en algún banco con sede en la isla y en el plazo de dos semanas todos los ingresos resultantes de la exportación de bienes o de la venta de propiedad privada en suelo chipriota.
Únicamente el Estado y el Banco Central quedarán libres de esas condiciones.
La necesidad de liquidez se hace evidente en las ciudades chipriotas lo que está obligando a liquidar comercios o realizar campañas de ofertas ventajosas para los clientes, con el objetivo de hacer caja en el espacio más corto posible.
Aunque las autoridades están transmitiendo a la población que estas medidas son temporales y que no durarán más de unas semanas, todo apunta a que este tipo de restricciones, tanto a la retirada de depósitos como al libre movimiento de capitales, se mantendrá durante meses y, quizás, por más tiempo.
Las autoridades comunitarias y chipriotas temen que se desate un pánico bancario en la isla en caso de que se restaure la plena libertad de capitales para retirar depósitos y transferir fondos al exterior, lo que generaría un problema de una magnitud indescriptible dada la escasa liquidez de que dispone el sistema financiero frente a un volumen estimado de depósitos de 68.000 millones de euros. Resumiendo para los bancos chipriotas es imposible devolver la totalidad del dinero depositado en ellos.
Con estas medidas la Unión Europea está violando uno de los principios fundamentales de la misma: la libre circulación de capitales.
Según publica El País en su edición digital "La Unión de Empleados Bancarios Chipre (ETYK), el sindicato mayoritario que agrupa los empleados de banca del país, ha señalado que están preparados para volver al trabajo, después de once días con las oficinas cerradas por decisión del Gobierno, pero han advertido a los clientes que "no den rienda suelta a sus frustraciones sobre ellos".
"Todos tenemos que tener en cuenta que los empleados del banco no solo no somos responsables sino, por el contrario, colegas de las víctimas de delitos y/u omisiones que han dado lugar a la desaparición de sus ahorros, y muchos de esos empleados se encuentran en una situación muy trágica".
Casi once años después, tras la liberación de los depósitos retenidos en Argentina, en diciembre de 2002, volvemos a ver un país con importantes restricciones a los movimientos de capital. En aquella ocasión, y en el corto y medio plazo las consecuencias de las restricciones fueron una catástrofe para la economía del país, con la paralización del comercio y el crédito, la ruptura de las cadenas de pago, la asfixia de la economía formal e, inclusive, la sumergida. Esta cadena de situaciones propició el aumento radical de los impagos de deuda, incremento de la tensión social, con 39 muertos por causa de la represión de los movimientos de protesta de los día 19 y 20 de diciembre de 2001, saqueos a supermercados y la dimisión del Presidente del país Fernando De la Rúa, el 20 de diciembre de 2001, dieciocho días después de haberse implantado el corralito, tras un mensaje emitido por el entonces Ministro de Economía, Domingo Cavallo, a través de la red nacional de telecomunicaciónes.
Finalmente la deuda pública cayó en default y el país entró en quiebra y suspensión de pagos.