La crisis afecta a las denuncias por violencia de género GYI. |
Un hombre ha matado a su exmujer esta madrugada en la localidad madrileña de Torrelaguna y posteriormente ha llamado al teléfono de Emergencias 112 para confesar el crimen. Al parecer se trata de un reincidente que tenía doce antecedentes por malos tratos, once de los cuales se referían a la víctima, de la que además tenía decretada una orden de alejamiento.
Según han informado fuentes de la Comandancia de la Guardia Civil de Madrid, el arrestado es un hombre de nacionalidad española de 36 años que presuntamente ha golpeado a su exmujer, de 44 años, hasta matarla en un garaje comunitario de la calle Longar número 19 de la localidad.
La sucesión de denuncias contra la fallecida hoy comenzaron en 2007 y ahora el detenido tenía en vigor una orden de alejamiento sobre la mujer. Aún así ha acudido hasta la vivienda de la víctima en Torrelaguna, donde la mujer vive con el hijo de ambos, aunque cuando han ocurrido los hechos estaba sola.
La Guardia Civil hacía un seguimiento de la víctima y no tenía constancia de que últimamente el presunto agresor hubiese estado en la localidad, de la que no es vecino.
¿Cómo es posible que con todos esos antecedentes todavía haya podido consumar el asesinato, sin que existieran medidas efectivas para evitar que se acercara a su ex mujer?.
Este ha sido el último caso, en España de feminicidio, un mal endémico a nivel mundial que precisa de un mayor esfuerzo de las autoridades para atajarlo o al menos intentar minimazarlo.
Según publica la web del periódico catalán La Vanguardia, un total de 16.418 mujeres maltratadas se encuentran en una situación de riesgo -bajo, medio, alto o extremo-, de las que 118 tienen entre 14 y 17 años, según el último boletín estadístico mensual que elabora el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.
La estadística recoge datos actualizados hasta el pasado 31 de octubre del Sistema de Seguimiento Integral de los Casos de Violencia de Género (Viogen) del Ministerio del Interior, que tiene como objetivo valorar el riesgo de las víctimas de violencia machista y en función de éste realizar un seguimiento y protección.
De esas 16.418 víctimas, once viven en riesgo extremo, otras 132 en riesgo alto, 2.866 en medio y 13.409 se encuentran en riesgo bajo; y de entre las 118 menores, siete están en riesgo alto, 21 en medio y 90 en bajo. El Ministerio incluye también en sus datos 48.700 casos denunciados en los que no se ha apreciado riesgo para las víctimas.
Según recoge la instrucción 5/2008 de la Secretaría de Estado de Seguridad sobre el protocolo para la valoración policial del nivel de riesgo de violencia contra la mujer, "siempre que se tenga conocimiento" de un episodio de maltrato, el funcionario que se ocupe de la investigación deberá realizar una primera evaluación de la situación.
Para ello, el agente realiza lo que se denomina una Valoración Policial del Riesgo (VPR), cuyo objetivo es predecir el nivel de riesgo de la víctima a sufrir un nuevo episodio de maltrato y, en función de las circunstancias, adoptar las medidas de protección correspondientes.
El Viogen ofrece al agente un formulario que, una vez rellenado, le indica automáticamente el nivel de riesgo; el policía no podrá bajar el nivel que le marca el sistema y si cree que el riesgo es más alto, tendrá que justificarlo.
Una vez establecido el riesgo, la aplicación indica las medidas de protección obligatorias en función de ese nivel, que deben cumplirse a rajatabla, y marcará otras complementarias que el agente evaluará.
Para mantener actualizada la valoración del riesgo, las Fuerzas de Seguridad llevan a cabo periódicamente nuevas valoraciones y, si es necesario, realizan nuevas entrevistas a la víctima y a personas de su entorno.
En concreto, si el nivel de riesgo de la víctima es extremo, la valoración se hace cada 72 horas; si es alto, cada siete días; si es medio, una vez al mes; y si la mujer se encuentra en riesgo bajo, cada dos meses.
El último boletín estadístico de Sanidad también incluye, como cada mes, el número de llamadas que recibe el teléfono 016 de información y asesoramiento jurídico a las víctimas que en octubre ascendió a 4.878, un 27,6 por ciento más que en el mismo mes de 2012, cuando sumaron 3.823.
Desde que comenzó el año, el teléfono 016, que no deja rastro en la factura, ha recibido un total de 46.380 llamadas: 4.575 en enero; 3.945 en febrero; 3.908 en marzo; 4.454 en abril; 4.635 en mayo; 5.279 en junio; 5.058 en julio; 5.148 en agosto, y 4.500 en septiembre.
De las 4.878 llamadas realizadas en octubre, 3.573 las hicieron las propias víctimas, mientras que 1.195 las realizaron sus familiares u otras personas allegadas.
Respecto a las pulseras GPS para agresores, hasta el 31 de octubre se contabilizaron 733 dispositivos activos, en tanto que en el mismo mes del pasado año eran 761, es decir, han descendido un 3,7 por ciento.
Es la Comunidad de Madrid la autonomía que cuenta con un mayor número de dispositivos activos (190), seguida de Andalucía (166), Comunidad Valenciana (108), Canarias (42) y Castilla-La Mancha (38).
Cuarenta y cinco mujeres han perdido la vida a manos de sus parejas o exparejas en lo que va de año, de las que sólo ocho habían presentado denuncia, y cinco de las víctimas eran menores. El próximo lunes se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.
Más de 700 mujeres han sido asesinadas en España en la última década por otros tantos hombres con los que mantenían o habían mantenido una relación sentimental. Es el resultado estadístico de una media de setenta homicidios cada año, desde que en 2003 se empezaran a contar los crímenes con vistas a la aprobación, un año más tarde, de la Ley de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género.
Según el Centro de Investigaciones Sociológicas, más de 600.000 mujeres cada año en España, padecen algún tipo de violencia de género, aunque menos de la cuarta parte se decidan a contarlo. Este era el caso de Yaneth, arrojada desde un segundo piso por el que era su novio en la localidad malagueña de Fuengirola el 7 de enero de 2003. Fue la primera en una estadística poblada de historias de mujeres cuyo único rasgo en común es precisamente su condición femenina. Ella tenía 28 años, era extranjera.
El pasado día 2 de noviembre, en la localidad conquense de Villanueva de la Jara, la penúltima mujer en ingresar en la estadística, era española, rondaba los 40 y tenía dos hijos pequeños, de seis y once años, las otras víctimas de la violencia de género -solo en lo que va de año 37 se han quedado huérfanos por esta misma razón-. Ella fue la víctima fatal número cuarenta y dos durante el 2013.
A Amnistía Internacional le preocupa el elevado número de casos que quedan archivados, 48.000 solo en 2011 según datos del Consejo General del Poder Judicial, y cómo el número de ordenes de protección tiene una tendencia descendente. También se ha producido un descenso en la concesión de órdenes de protección solicitadas por las mujeres y de las sentencias condenatorias, que han disminuido hasta situarse en el 50% en 2011, diez puntos por debajo del porcentaje de 2006.
Según un artículo publicado por la socióloga Begoña Marugán, para la web Público.es, desde 2010, España ha bajado del puesto número 11 al 30 en el ranking de igualdad del Informe sobre brecha de género del Foro Económico Mundial. La política de recortes del Ejecutivo actual fomenta la desigualdad, caldo de cultivo de la violencia. La partida destinada a la de prevención y erradicación de la violencia de género se ha reducido un 22,5% respecto a 2008, mientras se han aprobado leyes como la de Educación, en la que se financia estatalmente a colegios que segregan por sexos y suprime asignaturas como la de la Educación para la Ciudadanía. Pero está visto que el intento de este Gobierno es el de meter a las mujeres en casa. La Reforma Laboral y los recortes impuestos a la dependencia mostraron claramente esta tendencia.
Ayer, en un paso adelante contra la violencia machista, la Sala de lo Social del Tribunal Supremo estableció en una sentencia que las víctimas de violencia de género pueden acceder a la renta activa de inserción sin que sea necesario para ello obtener una orden de protección judicial.
El Supremo interpreta que para que una víctima de violencia machista tenga derecho a la renta activa de inserción basta con que acredite que la Administración competente le haya reconocido tal condición.
Y considera que desde el momento en que un juzgado ha adoptado una orden de alejamiento por una denuncia de este tipo, se ha reconocido que es víctima de violencia doméstica, sin necesidad de que conste una orden de protección integral.
El próximo lunes, 25 de noviembre, se celebra el día Internacional contra la violencia de género, y desde esta página queremos manifestar nuestra más firme repulsa hacia todas aquellas actitudes y comportamientos denigrantes y violentos para con las mujeres u otros seres humanos.
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